Archivo para marzo 2012

NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL EXHAUSTIVO A LA IMPORTACION #comercioexterior #importacion #exportacion #argentina #mercosur   Leave a comment

• Los Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e Inspección de Control (EMVIC) ejercerán el control sobre aquellas destinaciones de importación que se les haya asignado canal rojo de verificación y además, merezcan un control exhaustivo por las razones que surjan del análisis sistemático de la AFIP (análisis integral de: la DJAI; migración de Posiciones Arancelarias en las Declaraciones Aduaneras; antecedentes objetivos de precios de mercaderías idénticas o similares; perfiles de riesgo generados por la Subdirección General de Control Aduanero, entre otros).

• Los controles serán aplicables a todo el universo de mercaderías, en todas las aduanas y no solamente a las que sean transportadas en contenedor.

• Las destinaciones de importación alcanzadas por los controles de EMVIC deberán cumplir obligatoriamente con el flujograma de proceso que se detalla a continuación:

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Publicado 31 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría

Resolución General N° 3304/2012 Creación de Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e Inspe cción #comercioexterior #importacion #exportacion   Leave a comment

Resolución General N° 3304/2012

Creación de Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e Inspección.

Bs. As., 27/3/2012

VISTO la Actuación SIGEA Nº 13661-6-2012, del registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos y,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario perfeccionar la normativa sobre la materia a efectos de fortalecer los mecanismos que permitan enfrentar la evasión fiscal y combatir la incorrecta declaración de valor de mercaderías de importación.

Que, en ese orden, se torna conveniente la creación de equipos técnico-operativos multidisciplinarios integrados por verificadores, valoradores e inspectores a efectos de desempeñar sus funciones propias coordinadamente en las zonas primarias aduaneras pertenecientes a las Aduanas de Buenos Aires y Ezeiza, así como en las existentes en el Interior del país.

Que la valiosa experiencia obtenida por las áreas operativas ameritan introducir mejoras en la fiscalización relacionada al análisis preliminar del valor y de la correcta clasificación de las mercaderías, tendiente a evitar saltos de las posiciones arancelarias, con el objeto de llevar a cabo el control durante el curso del desaduanamiento de las mercaderías, es decir, en tiempo real y con carácter previo al libramiento.

Que, en ese sentido, la reciente implementación de la Declaración Jurada de Importación mediante R.G. Nº 3252 ha sentado las bases para contar con información con la suficiente antelación que permitan avanzar en un proceso primario de reestructuración del control aduanero que anticipe el mismo, se fortalezca y se ejecute en primera línea.

Que durante el examen preliminar, se podrán adoptar las medidas que aseguren los medios de prueba necesarios para la correcta determinación del valor en aduana y de clasificación, en los casos que correspondieran.

Que con esta medida se pretende lograr un régimen comercial más seguro y transparente, con el objetivo de proteger la industria nacional y favorecer el modelo de desarrollo productivo con inclusión social y el sostenimiento del empleo productivo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Nº 618/97 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Aprobar los procedimientos de control físico y de valor a llevarse a cabo en el curso de las destinaciones de importación que se detallan en el ANEXO I.

Art. 2º — Establecer que en una primera etapa, estos controles serán aplicables a las mercaderías que sean transportadas en contenedor.

Art. 3º — Facultar a la Dirección General de Aduanas a conformar los equipos técnicos de verificación, valoración e inspección, que se crean por la presente norma, los cuales serán responsables de la ejecución de los procedimientos mencionados en el artículo 1º en el ámbito de las aduanas que se disponga.

Art. 4º — Facultar a la Dirección General de Aduanas a dictar las normas procedimentales, estableciendo los circuitos operativos, mercaderías y aduanas en los cuales se implementará el mecanismo de control referido en el artículo 1º.

Art. 5º — La presente entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6º — Regístrese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.

ANEXO I

• Crear los Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e Inspección de Control (EMVIC) que funcionarán en la División “Verificación” de las Aduanas de Buenos Aires y Ezeiza; y en las Secciones, según corresponda, “V”, “O” y “Z” de las Aduanas del Interior que determine la Dirección General de Aduanas.

• Los equipos estarán integrados por Verificadores, Valoradores e Inspectores, quienes tendrán a su cargo el control conjunto y concurrente de la verificación física, el control documental y de valor de las destinaciones alcanzadas.

• Los casos y mercaderías serán seleccionadas por el área centralizada de fiscalización en función, entre otros parámetros, de:
– un análisis integral de la Declaración Jurada Anticipada de Importación,
– un análisis sobre la migración de Posiciones Arancelarias en las Declaraciones Aduaneras, en función de los distintos requerimientos que se han establecido para las mismas,
– los antecedentes objetivos de precios de mercaderías idénticas o similares,
– los perfiles de riesgo generados por la Subdirección General de Control Aduanero,
– datos adicionales que amerite el análisis de valor.

• En el curso del despacho los equipos realizarán las tareas dentro de Zona Primaria Aduanera, y con carácter previo al libramiento realizarán la extracción de muestras según R.G. Nº 1582 (AFIP) para su análisis en el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) y/o el que se designe al efecto; y/o los análisis que resulten necesarios para su correcta clasificación y valoración, plazo durante el cual el curso del despacho estará suspendido.

• Asimismo, se procederá a extraer, al menos DIEZ (10) tomas fotográficas de la mercadería que se incorporarán a la Declaración Aduanera para ser auditadas por las áreas centrales de la AFIP; y concurrentemente se practicará análisis preliminar de valor, en base a los antecedentes remitidos por el área central.

Publicado 29 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría

Resolución General 6/2012 #uif #comercioexterior #importacion #exportacion Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo   Leave a comment

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General 6/2012

Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Bs. As., 27/3/2012

VISTO lo actuado en el Expediente Nº 5106378/02833435 del Registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 25.246 en su artículo 20, inciso 15, confiere a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA el rol de sujeto obligado en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Que con fecha 26 de enero de 2011 la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) dictó la Resolución Nº 29/2011, que establece las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Que dentro de las obligaciones establecidas por la Resolución UIF Nº 29/2011, su artículo 3º, inciso a), establece la de elaborar un manual que contenga los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad.

Que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA ha dictado las Resoluciones Generales Nº 1/2012, Nº 2/2012 y Nº 4/2012 con miras a la prevención de lavado de activos de origen ilícito y financiamiento del terrorismo.

Que a fin de cumplimentar lo establecido en la Resolución UIF Nº 29/2011 corresponde la aprobación del mencionado Manual de Procedimiento.

Que la Dirección del Registro Nacional de Sociedades y el Oficial de Cumplimiento han tomado intervención.

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase el “Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, que como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.

Art. 2º — Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — Marcelo O. Mamberti.

ANEXO I

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

INDICE

1. INTRODUCCION

2. LAVADO DE ACTIVOS

3. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

4. OBJETO Y ALCANCES

5. POLITICAS ESTRATEGICAS A ENCARAR

5.1 Política de Prevención

5.2 Política “conozca a su cliente”

5.3 Política de control

5.3.1 Operaciones inusuales o sospechosas

5.3.2 Guía de Transacciones u Operaciones Inusuales o Sospechosas

5.3.3 Reportes requeridos por la UIF

5.3.4. Reporte de Operaciones Sospechosas

6. ACTUACION

6.1 Oficial de Cumplimiento

6.2 Inspector General

6.3 Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

7. CAPACITACION Y DIFUSION

8. RESPONSABILIDADES

1. INTRODUCCION

La Inspección General de Justicia —en adelante IGJ— tiene a su cargo las funciones de Registro Público de Comercio y la fiscalización de las sociedades por acciones —excepto las sometidas a la Comisión Nacional de Valores (CNV)—, de las constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país, de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las fundaciones, conforme las competencias que le fueran asignadas por la Ley Nº 22.315.

Además, por imperio de lo establecido en la Ley Nº 26.047, es la encargada de organizar y poner en funcionamiento el Registro Nacional de Sociedades constituido por el Registro Nacional de Sociedades por Acciones (creado por el artículo 8º de la Ley 19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—), los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones, creados por el artículo 4º de la Ley 22.315 y el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto Nº 23 de fecha 18 de enero de 1999.

La Ley Nº 25.246 confiere a la Inspección General de Justicia (IGJ) el rol de Sujeto Obligado en la Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. La Resolución Nº 29/2011 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA —en adelante UIF— establece las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

Se debe tener en cuenta que la IGJ, en su doble rol de sujeto obligado y supervisor, debe velar por el cumplimiento de las Resoluciones UIF Nros. 11/2011, 29/2011, 30/2011 y 34/2011.

La IGJ se encuentra comprendida entre los sujetos obligados a informar a la UIF cualquier hecho u operación que resulte sospechosa, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad.

El presente manual de procedimiento tiene por objeto establecer los mecanismos idóneos a fin de lograr un sistema de prevención eficaz, disponiendo los procedimientos de control adecuados que permitan al organismo: a) la detección de actividades y/o maniobras vinculadas al lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del Terrorismo, b) su registro y c) el reporte de las mismas.

2. LAVADO DE ACTIVOS CONCEPTO:

Se entiende al lavado de activos como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

El delito consiste en utilizar técnicas para procurar que tanto el origen de los bienes obtenidos en forma ilícita como la identidad de su verdadero dueño se transformen de tal manera que todo parezca ser el reflejo de una actividad legítima.

Tal operatoria intenta ocultar o disimular la relación existente entre un delito y los bienes producidos por la conducta en cuestión.

El Código Penal Argentino, conforme a la modificación establecida por Ley Nº 26.683, en su Artículo 303 establece: “1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión”.

Etapas:

Se entiende que el delito en cuestión puede llevarse a cabo a través de un proceso que se divide en distintas etapas:

1. Colocación: se dispone del producto de la actividad ilícita y se lo ingresa al sistema financiero.

2. Estratificación: se concretan el mayor número de transacciones u operaciones posibles en aras de impedir, una vez finalizado todo el proceso, que se conozca el origen de la “colocación”.

3. Integración: se dispone de los fondos dentro de un marco económico legal, pues en lo inmediato provienen de actividades financieras que resultan lícitas en sí mismas. Una vez concluida esta etapa, los fondos quedan “blanqueados” de su origen ilícito, ya no generan sospecha sobre su procedencia y son nuevamente utilizados en operaciones financieras.

3. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Ley Nº 26.734 incorporó al Código Penal Argentino el Artículo 41 quinquies que establece:

“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”

Tal legislación asimismo determinó las penas aplicables ante tal supuesto mediante la incorporación del artículo 306 al Código Penal, estableciendo que: “1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte:

a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso de los incisos b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.”

4. OBJETO Y ALCANCES

El presente manual será de aplicación para todos los funcionarios y agentes de la IGJ en el marco de las competencias y funciones a cada uno asignadas aplicándolo a cualquier trámite en el que se pudieran detectar maniobras inusuales o sospechosas y tiene como fin dar cumplimiento a la normativa vigente que regula la temática relativa a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

5. POLITICAS ESTRATEGICAS

La IGJ, en el marco de la política nacional de prevención en la materia, se propone continuar desarrollando una activa política de prevención del lavado de activos, dentro de sus competencias de registro, fiscalización y control.

En una primera etapa, se designó un Oficial de Cumplimiento, se implementó un grupo de apoyo a las tareas del Oficial de Cumplimiento y se dictaron normas que en la materia deben suscribir los representantes de las personas jurídicas sujetas a su jurisdicción.

El Manual de Procedimiento tiene por objeto en su fase operativa, incorporar las actividades de prevención como parte de las rutinas internas del organismo.

Se prevé la creación de una Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo como área operativa.

Esta Unidad, entre otras actividades, realizará tareas de apoyo al Oficial de Cumplimiento, analizará el circuito y contenido de los trámites que los representantes de las personas jurídicas realizan ante el organismo, todo ello con el fin de detectar operaciones inusuales y sospechosas, guardará registros, concentrará los reportes y mantendrá el archivo de las operaciones inusuales y sospechosas reportadas a la UIF.

Se prevé encarar la labor por etapas y progresivamente. La IGJ fija su planificación estratégica en materia de prevención con sustento en las siguientes políticas:

5.1 Política de Prevención

Siguiendo los objetivos trazados a nivel nacional en la materia, la IGJ se encuentra comprometida en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, en tal sentido, ha fijado como política prioritaria establecer dentro de su organización los mecanismos que resulten adecuados a tales efectos.

En este sentido, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales, con competencia específica en la materia y en cumplimiento de la normativa nacional, se determinan como herramientas indispensables de prevención:

• Designación de un Oficial de Cumplimiento:

la IGJ designó un Oficial de Cumplimiento, a los efectos de velar por el cumplimiento de las políticas de prevención, con la independencia y autonomía que la normativa vigente prevé para el cumplimiento de sus funciones.

• Política de “Conozca a su Cliente”: la IGJ implementará medidas concretas a los fines de identificar cada vez con mayor celeridad, precisión y detalle, las personas jurídicas sujetas a su competencia, así como las modificaciones en el curso de su vida social, autoridades, etc.

• Política de Control: se implementarán rutinas y procesos en el ámbito del organismo, en particular relativos a los trámites registrales, a fin de reforzar el control descentralizado interno, como así también, la realización de una vigilancia periódica acerca del grado de cumplimiento de las políticas de prevención por parte de las distintas áreas.

• Capacitación del Personal: se realizarán tareas de capacitación, destinadas tanto a los agentes destacados en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como así también al resto del personal.

• Archivos y Registros: se organizarán archivos y/o resguardos de lo de las operaciones inusuales o sospechosas comunicadas a la UIF.

• Herramientas Tecnológicas: se desarrollará y actualizará de forma permanente el sistema informático de alertas, en base a una matriz de riesgo, a los efectos de automatizar parte del proceso de detección de operaciones inusuales o sospechosas.

Asimismo, dadas las características del delito de lavado de activos y la dinámica de la materia, la política adoptada y el presente manual no deberán resultar ser estáticos, sino serán revisados periódicamente a fin de perfeccionar y alinear los mecanismos de prevención en función a los objetivos trazados.

5.2 Política “conozca a su cliente”

La política de “conozca a su cliente” es recomendada por los organismos nacionales e internacionales como un aspecto primordial que constituye la base de cualquier sistema de prevención.

La eficacia de los procedimientos de control interno depende de una adecuada implementación de esta política que debe ser adoptada como principio rector de los referidos procedimientos.

En este sentido corresponde adecuar el sistema de prevención a la actividad registral, implementando los mecanismos pertinentes para identificar, acabadamente, a todas las personas jurídicas registradas —y a las personas físicas que las integran—, estableciendo cada vez mejores y más ágiles mecanismos de registro y control.

En particular, se ha integrado al régimen informativo del organismo, mediante Resolución IGJ (G) Nº 1/2012, la obligatoriedad de presentar anualmente una declaración jurada de información “sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” para las sociedades de capitalización y ahorro. Asimismo, mediante Resolución IGJ (G) Nº 4/2012, se dispuso idéntica obligación para las Fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 50.000 o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días.

Mediante Resolución IGJ (G) Nº 2/2012 se dispuso que las asociaciones civiles y fundaciones que, al momento de la constitución o con posterioridad, reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los 100 mil pesos tienen la obligación de presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de esos fondos al momento de solicitar autorización para funcionar y con cada presentación de estados contables. Ello también abarca el aporte realizado en especie, en un solo acto o en varios, en un período de 30 días. En los casos que la cifra supere los 200 mil pesos, se deberá presentar además la documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos.

La Resolución IGJ (G) Nº 2/2012 dispuso también la obligatoriedad de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente —incluida en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011— “por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones”. Dicha declaración jurada debe presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la sociedad, la autorización para funcionar o con cada cambio de autoridades. Ello en adición a la constancia de verificación de consulta de los listados de terroristas provistos por la UIF. Por último se recomienda tener especial atención sobre las personas jurídicas relacionadas con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.

5.3 Política de control

Los mecanismos de control previstos en la Resolución Nº 29/11 de la UIF que resulten idóneos para prevenir la realización de actividades vinculadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se proyectarán de acuerdo con las funciones y procedimientos internos del organismo.

Se identificarán los trámites que puedan evidenciar con mayor claridad, las actividades que presentan mayores riesgos vinculados con las prácticas de lavado de activos.

En función de ello, se diseñarán procedimientos de control relacionados con tales actividades, que tiendan a minimizar los riesgos de acciones delictivas vinculados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Siguiendo la normativa nacional y las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales, a efectos de prevenir la realización de actividades delictivas se toma como base del control el concepto de operación inusual o sospechosa.

5.3.1 Operaciones inusuales o sospechosas Operaciones Inusuales: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, que no guardan relación con los usos y costumbres en las prácticas de mercado, ya sea por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.

Operaciones Sospechosas: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, las mismas no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, o cuando se verifiquen dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de lavado de activos; o aun cuando tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para el financiamiento del terrorismo.

5.3.2 Guía de Transacciones u Operaciones Inusuales o Sospechosas

Esta guía no es taxativa, pero deben ser especialmente valoradas como posibles supuestos de operaciones inusuales o sospechosas las siguientes circunstancias:

• Objetivas:

Casos en los que se haya detectado la comisión de los hechos tipificados en el artículo 303 del Código Penal, en tanto la respectiva operación supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000).

• Subjetivas:

a) Cuando en cualquier trámite se tome conocimiento, se manifieste y/o se acredite que se ha utilizado la identidad de una o más personas físicas contra su voluntad para constituir y/o participar en sociedades y/o entidades civiles, ya sea como integrante y/o autoridad de la persona jurídica.

b) Cuando en cualquier trámite se tome conocimiento, se manifieste y/o se acredite que se ha utilizado datos de persona jurídica para constituir y/o participar en personas jurídicas contra su voluntad.

c) Cuando existiera idéntico domicilio inscripto para distintas personas jurídicas sin que exista aparentemente una razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u organizaciones estén ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación y su actividad principal se realice fuera de la jurisdicción en la que tiene su sede.

d) Cuando las mismas personas físicas revistan el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas jurídicas y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u organizaciones estén ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación y su actividad principal se realice fuera de la jurisdicción en la que tiene su sede.

e) Cambio fundamental del objeto sin justificación o razón aparente.

f) Cambio de denominación recurrente sin justificación o razón aparente.

g) Variaciones significativas de capital social sin que ello encuentre justificación con las actividades, giro comercial habitual u objeto.

h) Constitución de sociedades o asociaciones por montos significativamente superiores a las necesidades operativas de su objeto.

i) Reorganizaciones societarias por montos significativos teniendo en cuenta el giro normal de la sociedad.

j) Cambio de denominación en fundaciones sin que ello se encuentra debidamente justificado.

k) Transferencia de participaciones societarias sin haber mediado actividad comercial aparente o transferencias sucesivas en breves períodos de tiempo.

I) Presentación de información o documentación de dudosa autenticidad.

m) Participación como miembro de la persona jurídica inscripta de una entidad bajo jurisdicción de país que figure en el listado UIF “Países no Cooperativos”.

n) Participación como miembro de persona jurídica inscripta de un fondo común de inversión, fideicomiso, y/o entidad de tipo desconocido en la legislación nacional, y que carezca de inscripción en I.G.J.

ñ) Constitución de sociedades idénticas en cuanto a socios o autoridades que sólo difieren en sus denominaciones, sin que ello se encuentre justificado.

o) Variación patrimonial significativa de un ejercicio económico al siguiente, sin que se encuentre debidamente justificado.

p) La multiplicidad de Documento Nacional de Identidad (DNI), Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o Laboral (CUIL) o cualquier otro elemento de identificación atribuido a la misma persona física.

q) La coincidencia del Documento Nacional de Identidad (DNI), Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o Laboral (CUIL), o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de distintas personas.

r) Cualquier situación, actuación u omisión tanto de persona física como jurídica que tenga por finalidad ocultar la identidad y/o dificultar la identificación de un beneficiario final y/o información que el organismo esté obligado a brindar conforme la normativa vigente.

s) Cualquier situación, actuación u omisión en el trámite, ya sea de persona física o jurídica, que se considere injustificada y/o poco común y/o poco frecuente para el tipo de trámite que se le ha asignado para efectuar su trabajo habitual.

5.3.3. Reportes requeridos por la UIF

La UIF, conforme la normativa vigente, requiere la confección de los siguientes reportes:

Reporte Mensual Sistemático: se reportan de forma mensual y con un criterio objetivo definido por la UIF, todas las operaciones que encuadran en dicho criterio.

Reporte de Operación Sospechosa: a criterio del Oficial de Cumplimiento y, de requerirse, juntamente con el análisis de las áreas involucradas, es obligación de esta IGJ reportar aquellas operaciones sospechosas susceptibles de involucrar conductas relativas al lavado de activos.

Reporte de Financiamiento del Terrorismo:

ante la detección de una operación sospechada de estar relacionada con el terrorismo, el Oficial de Cumplimiento debe reportar la misma en el plazo establecido por la norma.

5.3.4. Reporte de Operaciones Sospechosas

Si en el desarrollo de los procedimientos de registro o fiscalización del organismo, con las debidas intervenciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en base a la matriz de riesgo oportunamente elaborada, surgieran operaciones sospechosas, se le dará vista, por sobre cerrado, al Oficial de Cumplimiento de las constancias del caso.

El funcionario o agente de la IGJ que detecte algunos de los supuestos contemplados en el punto 5.3.2, deberá remitir al Oficial de Cumplimiento, en el plazo de 24 horas y previa notificación al superior del área, un informe bajo la modalidad y con los alcances que se establezca.

Una vez recibido un informe, el Oficial de Cumplimiento evaluará la procedencia de realizar un reporte de operación sospechosa ante la UIF. El Oficial de Cumplimiento podrá desestimar el mismo o realizar un relevamiento de la operación, pudiendo dar intervención a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a los fines de recopilación y análisis de información relevante.

En caso de intervenir a solicitud del Oficial de Cumplimiento, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo le elevará un informe en el que conste la investigación realizada, juntamente con la documentación pertinente y las conclusiones del caso.

Finalizado el proceso, el Oficial de Cumplimiento determinará si se encuentra ante una operación sospechosa, y en caso afirmativo, realizará el reporte siguiendo las pautas establecidas en la normativa vigente.

Luego de remitir el Reporte de Operación Sospechosa a la UIF, el Oficial de Cumplimiento procederá a comunicar al Inspector General lo actuado, observando la obligación de confidencialidad impuesta por la normativa vigente.

6. ACTUACION

6.1 Oficial de Cumplimiento

El Oficial de cumplimiento en el desarrollo de sus tareas podrá dar intervención a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la IGJ y podrá asimismo requerir informes a otras áreas del organismo resguardando siempre la confidencialidad del caso.

Las misiones y funciones del oficial de cumplimiento son:

a) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;

b) Diseñar e implementar los procedimientos y controles, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

c) Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de procedimientos de entrenamiento y actualización continua en la materia para los funcionarios y empleados de la IGJ, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas.

d) Analizar todo tipo de trámites que se realizan ante la IGJ que fueran informados como operaciones inusuales o sospechosas, como así también los procesos de fiscalización y control que se efectúan en el marco de las competencias propias del organismo, examinando a tal efecto expedientes, documentación, aplicativos y registros informatizados.

e) Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas, de acuerdo con lo establecido en la normativa en la materia.

f) El Oficial de Cumplimiento comunicará fehacientemente al Inspector General la remisión de todo Reporte de Operación Sospechosa a la UIF dando a conocer las razones de dicha remisión y observando las reglas de confidencialidad que dicho reporte requiere.

g) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas, que contenga e identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.

h) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UIF en ejercicio de sus facultades legales.

i) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

j) Proponer el modo de conservación y custodia de la documentación resultante de investigaciones y/o reportes de operaciones inusuales o sospechosas.

k) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a los efectos de establecer medidas tendientes a prevenirlas, detectarlas y reportar toda operación que pueda estar vinculada a las mismas, como asimismo a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo.

6.2 Inspector General

El Oficial de Cumplimiento comunicará fehacientemente al Inspector General la remisión de todo Reporte de Operación Sospechosa a la UIF dando a conocer las razones de dicha remisión y observando las reglas de confidencialidad que dicho reporte requiere.

El Inspector General podrá disponer la realización de controles internos respecto de la operatividad y funcionamiento del Oficial de Cumplimiento y de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo e implementará o impulsará las acciones correspondientes.

6.3 Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Actuará como unidad operativa a requerimiento del Oficial de Cumplimiento, articulando con las áreas del organismo frente a la detección de una posible operación sospechosa y recibirá las actuaciones para su tratamiento.

Llevará registros y estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas informados a la UIF y de las solicitudes que ésta efectúe a la IGJ. En especial, en relación con las operaciones sospechosas, mantener una estadística actualizada por tipo de sociedad y trámite. Dicha información será utilizada para realizar un informe periódico, en el cual se deberá indicar cuáles son los tipos societarios y los trámites más críticos, sobre los cuales se deberá poner especial atención.

Coordinará la capacitación de las áreas del organismo y propondrá la modificación de los manuales de procedimiento y circuitos administrativos internos a las políticas de prevención del lavado de activos.

7. CAPACITACION Y DIFUSION

La Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo elaborará un programa de capacitación anual basado en tres estrategias:

a) Capacitación generalizada para todos los empleados, a efectos de incorporar todos los elementos que constituyen materia en prevención del lavado de activos, como conocimiento esencial e inherente al tipo de actividad que desarrolla el organismo y en su calidad de sujeto obligado.

b) Capacitación destinada a Directores, personal jerárquico y asesores, a fin de proveerlos de las herramientas que los mantengan actualizados respecto de la problemática en relación con sus tareas específicas.

c) Capacitación específica para los empleados que trabajen en las áreas críticas a efectos de contar con las herramientas para detectar situaciones de riesgo u operaciones sospechosas y para confeccionar los reportes del caso.

Asimismo, la normativa relacionada será publicada en la Intranet para que sea de fácil acceso para el personal del organismo, al que se le notificará toda modificación normativa en la materia.

8. RESPONSABILIDADES

El incumplimiento o la inobservancia de lo dispuesto en el presente quedará sujeto al régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 25.164 – Ley Marco de Regulación de Empleo Público y su reglamentación.

Publicado 28 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría

Decreto 430 2012 Bienes de Capital #comercioexterior #importacion #exportacion   Leave a comment

Modifícase el Decreto Nº 594/04 que estableció las condiciones que deberán cumplimentar los fabricantes locales de bienes de capital a los fines de obtener el incentivo fiscal previsto por el Decreto Nº 379/01.

Que mediante el Decreto Nº 379 de fecha 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones, fue creado un Régimen de Incentivo Fiscal para los Fabricantes de bienes de capital, sus partes y accesorios que contaren con establecimientos industriales radicados en el Territorio Nacional.

Que el objeto principal del citado Régimen consiste en mejorar la competitividad de la industria local productora de bienes de capital para que pueda participar en condiciones equitativas en la provisión de tales bienes, promoviendo así su fabricación nacional.

Que los Decretos Nros. 201 de fecha 22 de febrero de 2006, 2316 de fecha 30 de diciembre de 2008, 188 de fecha 3 de febrero de 2010, 917 de fecha 28 de junio de 2010 y 362 de fecha 22 de marzo de 2011, mediante sendas sustituciones del artículo 5º del Decreto Nº 594 de fecha 11 de mayo de 2004, establecieron la vigencia del régimen creado mediante el Decreto Nº 379/01 y sus modificaciones hasta el día 31 de diciembre de 2011.

Que el Decreto Nº 1347 de fecha 26 de septiembre de 2001 aprobó el listado de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) comprendidas en el régimen del Decreto Nº 379/01 y sus modificaciones.

Que el artículo 15 del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007, por medio de su Anexo XIII, sustituyó el Anexo I del Decreto Nº 1347/01 y sus modificaciones.

Que a su vez, los Decretos Nros. 1554 de fecha 29 de noviembre de 2001 y 770 de fecha 25 de junio de 2009, ampliaron el universo de bienes alcanzados por el citado régimen.

Que el MERCOSUR, en la órbita del Grupo Mercado Común ha dictado la Resolución Nº 5 de fecha 17 de junio de 2011 que aprueba el “Arancel Externo Común (A.E.C.) basado en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)”, en sus versiones en los idiomas español y portugués, ajustado a la V Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

Que el Decreto Nº 100 de fecha 12 de enero de 2012 sustituyó el Anexo I del Decreto Nº 509/07 y sus modificaciones, incorporando las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Que en el ámbito del MERCOSUR no existe actualmente óbice para mantener vigentes los regímenes de importación de bienes de capital establecidos por cada Estado Parte.

Que el Gobierno Nacional continúa asignando prioritaria importancia al proceso de reindustrialización iniciado en el año 2003.

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta necesario prorrogar hasta el día 30 de junio de 2012 el plazo de vigencia del Régimen instituido por el Decreto Nº 379/01 y sus modificaciones.

Que asimismo, resulta pertinente modificar el inciso a), del artículo 1º del Decreto 594/04, a fin de ajustar lo allí requerido a las nuevas condiciones emergentes de la prórroga dispuesta.

Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º, inciso d), de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 5º del Decreto Nº 594 de fecha 11 de mayo de 2004 por el siguiente texto:
“ARTICULO 5º.- El régimen creado por el Decreto Nº 379 de fecha 29 de marzo de 2001, sus modificatorios y complementarios, tendrá vigencia hasta el día 30 de junio de 2012.”

Art. 2º — Sustitúyese el inciso a) del artículo 1º del Decreto Nº 594 de fecha 11 de mayo de 2004 por el siguiente texto:
“a) Presentar en carácter de declaración jurada la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme al Libro Especial previsto por el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, al 31 de diciembre de 2011.
Dicha declaración jurada, asimismo, deberá presentarse en forma mensual desde el 30 de abril de 2012 al 30 de junio de 2012, asumiendo, en todos los casos, el compromiso por escrito y con participación de la asociación sindical signataria del convenio colectivo de trabajo vigente, de no reducir la plantilla de personal teniendo como base de referencia el mayor número de empleados registrados durante el mes de diciembre de 2011, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes. El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las solicitudes y/o rescindir el beneficio otorgado.
El MINISTERIO DE INDUSTRIA dictará las normas complementarias.”

Art. 3º — Las empresas beneficiarias quedan sometidas al monitoreo mensual de los Ministerios de INDUSTRIA, de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS así como de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 4º — El presente decreto tendrá vigencia a partir del día 1º de enero de 2012.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Hernán G. Lorenzino. — Débora A. Giorgi.

Publicado 26 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría

Resolucion 3284 Manual de procedimientos MERCOSUR #comercioexterior

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 3284

MERCOSUR. Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 16/10 (CMC). “Manual de Procedimientos MERCOSUR de Control del Valor en Aduana”. Su incorporación al ordenamiento jurídico interno.

Bs. As., 7/3/2012

VISTO la Actuación SIGEA Nº 13656-103-2011 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo del Mercado Común, en su carácter de órgano superior del Mercado Común, consideró pertinente implementar procedimientos para que los Estados Partes efectúen el control del valor en aduana de mercaderías importadas, a efectos de garantizar la uniformidad en la aplicación de los mismos.

Que a tal fin se dictó la Decisión Nº 16 del Consejo del Mercado Común (CMC) del 2 de agosto de 2010, mediante la cual se aprobó el “Manual de Procedimientos MERCOSUR de Control del Valor en Aduana”.

Que en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 38 a 40 del Protocolo de Ouro Preto, aprobado por la Ley Nº 24.560, y en la Decisión Nº 20 del Consejo del Mercado Común (CMC) del 6 de diciembre de 2002, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno de la República Argentina la mencionada decisión.

Que la entrada en vigencia de la presente debe supeditarse al cumplimiento, por los restantes miembros del MERCOSUR, de las condiciones de reciprocidad previstas en dicho tratado.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera y la Dirección General de Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Incorpórese al ordenamiento jurídico nacional la Decisión Nº 16 del Consejo del Mercado Común (CMC) del 2 de agosto de 2010, norma relativa al “Manual de Procedimientos MERCOSUR de Control del Valor en Aduana”, la cual se consigna en el Anexo que se aprueba y forma parte de la presente.

Art. 2º — La decisión que se incorpora por esta resolución general entrará en vigencia una vez cumplidos los procedimientos previstos en el Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, suscripto por la República Argentina el 17 de diciembre de 1994 y aprobado por la Ley Nº 24.560.

Art. 3º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia al Grupo Mercado Común Sección Nacional, a la Secretaría Administrativa de la ALADI (Montevideo R.O.U.) y a la Secretaría del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones de Aduanas de América Latina, España y Portugal (México D.F.). Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.

ANEXO

(Artículo 1º)

MERCOSUR CMC DEC 16 MANUAL PROCEDIMIENTOS CONTROL DE VALOR EN ADUANA.doc

Publicado 19 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría

Base de Datos sobre los Arreglos Comerciales Preferenciales #OMC #comercioexterior #importacion #exportacion

OMC Base de Datos sobre los Arreglos Comerciales Preferenciales

http://ptadb.wto.org/default.aspx

Publicado 14 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría

Exportadores – Incumplimientos en las obligaciones de liquidación de Divisas #exportacion #comercioexterior #importacion

Se encuentra disponible el listado de los sujetos alcanzados por la interrupción de las liquidaciones de los reitegros a la exportación por incumplimientos.

Dichos sujetos deberán regularizar la situación ante los bancos de seguimiento nominados en las Destinaciones de Exportación.

La consulta de las destinaciones puede ser realizada por el exportador en el servicio “Mis Operaciones Aduaneras” >“Cumplimiento Control de Divisas” ingresando la CUIT del Exportador y tildando la opción “Incumplido Reportado y Vencido sin Cumplido Reportado” 

listadodeexportadores

Publicado 14 marzo, 2012 por Faba Expres - Argentina - en Sin categoría