Archivo para 16 noviembre, 2016

ANMAT Disposición 12704/2016 BIOEQUIVALENCIA #argentina #pharma #comercioexterior

Disposición 12704/2016

Buenos Aires, 15/11/2016

VISTO la Ley N° 16.463 y los Decretos Reglamentarios Nros. 9763/64 y 150/92 (T.O. 1993), 1490/92 y sus modificatorios, las Disposiciones ANMAT N° 3185/99 y complementarias, 5040/06, 1746/07, 556/09, 758/09, 4132/12, 4133/12, 4326/12, 4788/12, 1918/13 y 6677/10 y el Expediente N° 1-47-0000-013615-16-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 16.463 establece que “quedan sometidos a la presente ley y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades”.

Que el artículo 2° de la citada ley establece que las actividades mencionadas sólo podrán realizarse previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos por ella habilitados y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente; todo ello en las condiciones y dentro de las normas que establezca la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada actividad y a razonables garantías técnicas en salvaguarda de la salud pública y de la economía del consumidor.

Que asimismo el artículo 3° del mencionado cuerpo legal prescribe que los productos comprendidos en la citada ley deberán reunir las condiciones establecidas en la Farmacopea Argentina, y en caso de no figurar en ella, las que surgen de los patrones internacionales y de los textos de reconocido valor científico, debiendo a la vez ser inscriptos por ante esta Administración Nacional de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 150/92 (T.O. 1993).

Que el artículo 1° del Decreto N° 9763/64, reglamentario de la Ley 16463, establece que el ejercicio del poder de policía sanitaria referido a las actividades indicadas en el artículo 1° de dicha ley y a las personas de existencia visible o ideal que intervengan en las mismas, se hará efectivo por el entonces Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, hoy Ministerio de Salud, en las jurisdicciones que allí se indican.

Que por su parte el Decreto N° 1490/92, crea esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el ámbito del Ministerio de Salud como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de autarquía financiera y económica, con jurisdicción en todo el territorio nacional, asumiendo dichas funciones.

Que por Disposición ANMAT N° 3185/99 se establecieron las exigencias de estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia entre productos y se adoptó el criterio para su implementación gradual de acuerdo al riesgo sanitario de su Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA).

Que las Disposiciones ANMAT N° 3185/99 y 5040/06 establecen los límites 80% – 125% del intervalo de confianza 90% para la razón de las medias geométricas del área bajo la curva (AUC) y la concentración máxima (Cmax) para aceptar la bioequivalencia entre un producto multifuente y el producto comparador de referencia.

Que la Disposición ANMAT N° 1746/07 establece como criterios de aceptación de bioequivalencia, además de los descriptos, límites de bioequivalencia ampliados para la Cmax siempre que no produzcan modificaciones en la eficacia y seguridad del medicamento.

Que se han identificado IFAs y formulaciones cuya variabilidad intrasujeto presenta un coeficiente de variación (CV) igual o mayor al 30% en los parámetros Cmax y AUC, y han sido categorizados como IFAs de alta variabilidad.

Que la variabilidad intrasujeto puede definirse como una medida de la variabilidad en la respuesta en el mismo sujeto cuando se le administra la misma dosis de la especialidad medicinal en dos períodos diferentes.

Que los IFAS de alta variabilidad intrasujeto poseen en general alguna de las siguientes características farmacocinéticas y farmacodinámicas: amplio margen terapéutico, baja concentración en plasma debido a extenso metabolismo pre-sistémico, alta labilidad en medio ácido, alta lipofilicidad.

Que de acuerdo a la Clasificación Biofarmacéutica, los IFAs de alta variabilidad se categorizan en general como IFAs de Clase II (alta permeabilidad, baja solubilidad) y de Clase IV (baja permeabilidad, baja solubilidad).

Que han sido identificados IFAs de distinta categoría terapéutica que poseen alta variabilidad intrasujeto como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los inhibidores de la reductasa de 3 hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A o los antagonistas del receptor angiotensina II.

Que determinar la bioequivalencia de IFAs o formulaciones de alta variabilidad resulta un reto dado que la alta variabilidad intrasujeto significa que puede ser necesario incorporar al estudio un importante número de sujetos para alcanzar un adecuado poder estadístico y ajustarse al límite de bioequivalencia pre-determinado 80% – 125%.

Que con la finalidad de limitar el tamaño muestral necesario para la demostración de bioequivalencia de IFAs o formulaciones de alta variabilidad intrasujeto, otras agencias regulatorias como la EMA y la FDA y como así también organizaciones no gubernamentales como la OMS han adoptado los criterios de bioequivalencia promedio con escalamiento al producto de referencia.

Que en consonancia con pautas internacionales la ANMAT desaconseja la realización innecesaria de ensayos en humanos por lo que surge la controversia si resulta necesario incluir un elevado número de sujetos en los estudios de bioequivalencia para los cuales la alta variabilidad no parece impactar en la seguridad y eficacia.

Que el elevado número muestral de voluntarios sanos necesario para estudios de bioequivalencia con IFAs o formulaciones de alta variabilidad, ha llevado a examinar distintas alternativas al uso de los límites 80% – 125% del intervalo de confianza 90% para la razón de las medias geométricas del AUC y Cmax, definido como bioequivalencia promedio.

Que la bioequivalencia promedio declara bioequivalentes a aquellas formulaciones cuya diferencia de medias µM – µR pertenece a un intervalo prefijado (?1, ?2) llamado intervalo de bioequivalencia, lo que implica verificar la condición: ?1 < µM – µR < ?2 donde µM es el valor esperado para la muestra que recibió la formulación multifuente y µR es el valor esperado para la muestra que recibió la formulación de referencia.

Que la bioequivalencia promedio con escalamiento al producto de referencia significa ajustar el intervalo de bioequivalencia a la variabilidad intrasujeto del producto de referencia determinado a través de un diseño replicativo.

Que por todo lo mencionado corresponde establecer las recomendaciones para la aplicación de la ampliación de los límites de aceptación para los IFAs o formulaciones de alta variabilidad intrasujeto.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo, la Dirección de Registro y Evaluación de Medicamentos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490 de fecha 20 de agosto de 1992 y el Decreto Nº 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Adóptense los criterios de la bioequivalencia promedio con escalamiento al producto de referencia para los IFAs o formulaciones de alta variabilidad intrasujeto para el parámetro farmacocinético concentración máxima (Cmax) siempre que dicho escalamiento no tenga ningún impacto en la seguridad y eficacia del producto. Para la aceptación de los mencionados criterios el estudio de bioequivalencia deberá seguir un diseño replicado y la variabilidad intrasujeto para el parámetro Cmax del producto de referencia deberá ser mayor al 30%.

ARTÍCULO 2° — La determinación de la amplitud del intervalo de aceptación de bioequivalencia del parámetro Cmax es definida de acuerdo a la ecuación descripta en al Anexo I de la presente disposición que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3° — Establécese que la razón de la media geométrica del parámetro Cmax deberá situarse dentro del intervalo 80% – 125%.

ARTÍCULO 4° — La ampliación de los criterios de aceptación basados en la variabilidad intrasujeto no será aplicable al parámetro AUC para el que se mantendrá el intervalo 80% – 125% sin considerar la variabilidad.

ARTÍCULO 5° — Adóptase la tabla de límites de aceptación para los diferentes niveles de variabilidad que figura en el Anexo II de la presente disposición y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 6° — La presente disposición entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7° — Regístrese; Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a la Confederación Farmacéutica de la República Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF), a la Cámara de Farmacias, a CILFA, CAEME, COOPERALA y CAPGEN. Cumplido, archívese. — Dr. CARLOS CHIALE, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

ANEXO I
La amplitud del intervalo de bioequivalencia estará sujeta a la siguiente ecuación:
2016111601_87208_Page_8_fmt.jpeg
S: Límite superior del intervalo de aceptación
I: Límite inferior del intervalo de aceptación.
Constante cuyo valor es 0.760
SR: Desviación estándar intrasujeto del parámetro log-transformado concentración máxima (Cmax) del producto de referencia.

ANEXO II
Tabla 1. Límites de aceptación para los diferentes niveles de variabilidad

Coeficiente de Variación LÍMITE
Intrasujeto (%) Inferior Superior
30 80.00 125.00
35 77.23 129.48
40 74.62 134.02
45 72.15 138.59
= 50 69.84 143.19

2016111601_87208_Page_9_fmt.jpeg

e. 16/11/2016 N° 87208/16 v. 16/11/2016

Fecha de publicación 16/11/2016

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Publicado 16 noviembre, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Comunicación “B” 11371/2016 Ref.: Régimen de Negociaciones en divisas de Exportaciones de Bienes – Módulo Baja de Reportes. #comercioexterior #argentina

Comunicación “B” 11371/2016

Ref.: Régimen de Negociaciones en divisas de Exportaciones de Bienes – Módulo Baja de Reportes.

14/09/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. con relación al Seguimiento de ingreso de divisas de exportaciones de bienes (Comunicación “A” 3493 y complementarias) a efectos de informarles las especificaciones técnicas y operativas referidas al módulo “Baja de Reportes”.
Se adjunta anexo con el detalle de las instrucciones operativas, especificaciones técnicas y demás consideraciones operativas sobre el tema de la referencia.
Esta Comunicación entrará en vigencia el día 22/09/2016; es decir a partir de dicha fecha las entidades podrán remitir los pedidos de baja a través de este módulo.
A los efectos de proporcionar tiempo para que las entidades financieras se ajusten a lo requerido por la presente, los pedidos de bajas podrán continuar siendo requeridos por nota hasta el 14/10/2016 inclusive.
A partir de dicha fecha, los pedidos de baja de reportes realizados por la entidad, en virtud de los motivos previstos en el anexo de la presente, deberán canalizarse a través de este módulo.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios. — ALEJANDRO SINDONA, Gerente Principal de Desarrollo de Sistemas.

ANEXO

B.C.R.A. Especificaciones Técnicas y Operativas Anexo a la Com. “B” 11371

Generalidades
En el Esquema de Mensajería se implementará una nueva facilidad para el envío de pedidos de bajas datos referidos al módulo “Baja de reportes” del seguimiento de ingreso de divisas de exportaciones de bienes, los cuales serán enviados bajo el código de archivo “KAJ”.
Dicho código se deberá incorporar en el Sistema IDEAR mediante las funciones que dispone este aplicativo.
Instrucciones operativas
Los archivos estarán identificados con el nombre: CCCXEEEEE.NN, donde:
CCC: es el código de archivo “KAJ”
X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado
EEEEE: es el código de la entidad declarante
NN: es el número de orden (01 a 99)
a. Diseño de registro

Campo Tipo Longitud Observaciones
Entidad N 7 Código de la Entidad a cargo del Seguimiento
Separador A 1 Fijo “;”
Cod_Apartado A 3 Código de operatoria (“KAA”, “KAB”, “KAC”, “KAD” ó “KAE”)
Separador A 1 Fijo “;”
Destinación A 16 Número de destinación de exportación a consumo.
Separador A 1 Fijo “;”
Nro_Identif N 8 Número de Cumplimiento (“KAA”) / Número de Incumplimiento (“KAB” y “KAD”). En los apartados “KAC” y “KAE” se informan con 0 (cero)
Separador A 1 Fijo “;”
Cuit N 11 Cuit del exportador consignado en el registro a darse de baja
Separador A 1 Fijo “;”
Motivo de baja A 2 Motivo de la baja según la tabla de códigos presentada en punto b. Instrucciones.
Separador A 1 Fijo “;”

b. Instrucciones:
A través de este módulo las entidades podrán requerir las bajas de los reportes previamente remitidos por cualquiera de los siguientes módulos:

KAA: CUMPLIDOS
KAB: INCUMPLIDOS
KAC: EXTENSIONES AMPARADAS
KAD INCUMPLIDOS EN GESTIÓN DE COBRO
KAE OTRAS IMPUTACIONES ADMITIDAS.

Las solicitudes que correspondan a reportes de los apartados KAB ó KAE y sean procesadas en forma exitosa, resultarán en la eliminación de todas las secuencias que componían el reporte dado de baja. La entidad deberá transmitir nuevamente, a través de los mecanismos habituales, la porción de los mismos que continúe siendo válida.
En todos los casos, el número de permiso y/o CUIT a consignarse son aquellos que constan en el reporte que se solicita sea dado de baja, incluso cuando la baja sea solicitada porque dichos datos fueron indicados incorrectamente en el registro remitido originalmente.
En caso de requerirse la baja de reportes de los apartados KAA, KAB ó KAD, en el campo “Nro_ldentif” se deberá consignar el Nro. de cumplimiento ó incumplimiento, según corresponda, oportunamente asignado por la entidad al reporte que se solicita sea dado de baja. En los casos de los apartados KAC y KAE, este campo se completará con 0.
El campo “Motivo de baja” deberá ser completado respetando la correspondencia entre “Cod_apartado” y código de motivo, en base al siguiente cuadro:

Apartado Código Descripción
KAA A1 Baja para rectificación de datos incluidos en la certificación
A2 Anulación de certificación de cumplido
KAB B1 Baja para rectificación de datos incluidos en la denuncia de incumplido
B2 Anulación de denuncia de incumplido por permiso anulado o inexistente en aduana
B3 Anulación de denuncia de incumplido por permiso con fecha de vencimiento no ocurrida
B4 Anulación de denuncia de incumplido porque nominación corresponde a otro banco
KAC C1 Baja para rectificación de datos incluidos
C2 Anulación de datos remitidos
KAD D1 Baja para rectificación de datos incluidos en la certificación
D2 Anulación de certificación de incumplido en gestión de cobro
KAE E1 Baja para rectificación de datos reportados para el permiso
E2 Anulación de los datos reportados para el permiso

Dado que la rectificación de los incumplidos abiertos puede ser efectuada directamente a través del apartado KAB, el código de motivo B1 solo se admitirá en el caso de incumplidos cerrados, es decir, aquellas denuncias para las cuales el campo “monto pendiente” sea igual a cero.
El motivo de baja consignado constituye una declaración jurada por parte de la entidad. Al consignarse un código de motivo que corresponda a una baja para rectificación, la entidad financiera asume el compromiso de concretar tal rectificación dentro de las 48 horas hábiles de recibida la notificación de la aceptación de la baja solicitada.
c. Etapas del proceso
A partir del envío de la información por parte de la entidad, el archivo será procesado por el BCRA, siendo posible para cada registro remitido las siguientes tres situaciones:
Baja procesada: implica que la baja solicitada fue ejecutada con éxito y el registro referido fue excluido de la base activa del BCRA, quedando la información almacenada en tablas de auditoría del BCRA.
Baja rechazada: implica que la baja solicitada no se ejecutó ya que se detectaron errores o inconsistencias en la información remitida por la entidad.
Baja a analizar: implica que, en virtud del motivo indicado, la solicitud ha sido derivada al área técnica para que realice un análisis específico sobre la baja requerida. Una vez concluido el análisis, la entidad será notificada si la baja ha sido procesada o rechazada por los mecanismos previstos en la presente.
Mientras una baja se encuentre bajo análisis no se admitirán nuevas solicitudes de baja por el mismo apartado, permiso de embarque y número de identificación, notificando tal situación a la entidad a través de un mensaje de error.
d. Bajas de registros asociados en otros apartados
i). En caso de que se procese exitosamente una solicitud de baja de una certificación de cumplido en el apartado KAA y existiese una denuncia de incumplimiento “cerrada” asociada a dicho cumplido, el sistema procederá automáticamente a excluir dicho reporte del apartado KAB.
Tal situación será notificada conjuntamente con la baja del reporte del apartado KAA en el archivo de respuesta de registros correctos.
La denuncia de incumplimiento, abierta o cerrada según corresponda, deberá ser nuevamente transmitida por la entidad financiera a través de los mecanismos habituales.
ii). En caso de que se procese exitosamente una solicitud de baja de una denuncia de incumplido en el apartado KAB y existiese una certificación de incumplido en gestión de cobro asociada a dicha denuncia, el sistema procederá automáticamente a excluir dicho reporte del apartado KAD.
Tal situación será notificada conjuntamente con la baja del reporte del apartado KAB en el archivo de respuesta de registros correctos.
La certificación de incumplido en gestión de cobro, en caso de corresponder, deberá ser nuevamente transmitida por la entidad a través de los mecanismos habituales.
e. Archivo de respuesta con errores
En caso de que el sistema detecte errores o la existencia de bajas analizar generará un archivo que se identificará de la siguiente manera:
Nombre del archivo: CCCXNNNNNYYE.ERR, donde:
CCC: es el código de archivo “KAJ”
X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado
NNNNN: es el código de la entidad remitente
YY: es el número de orden (01 al 99)
E: es un carácter fijo que indica que es un archivo de error
El archivo contendrá un registro por cada baja que deba ser remitida al área técnica para su análisis y se identificará de la siguiente manera:
Baja a Analizar: Registro: (Nro registro) Apartado (Cod_Apartado) Nro. Id. (Nro_Identif) Destinación: (Destinación)
El archivo contendrá un registro por cada error detectado con el siguiente mensaje:
Baja Rechazada: Registro: (Nro registro) Apartado (Cod_Apartado) Nro. Id.: (Nro_Identif) Destinación: (Destinación) + (Código de error)
Los códigos que describen los errores que pueden presentarse son los siguientes:
• Error 01: El archivo y/o el registro está vacío.
• Error 02: La cantidad de campos informados es incorrecta
• Error 03: El campo no se informó
• Error 04: La longitud del campo es incorrecta.
• Error 05: La Entidad Informante no coincide con la entidad del nombre de archivo
• Error 06: Registro duplicado.
• Error 07: El dato consignado no es válido
• Error 08: El campo debe ser cero para el código de apartado indicado
• Error 09: Motivo no admitido para el código de apartado indicado.
• Error 10: Nro. de identificación indicado no coincide con el que consta en la base para el permiso
• Error 11: No existe un registro en base que coincida con entidad, permiso, Nro de identificación.
• Error 12: El Cuit indicado no coincide con el existente en base.
• Error 13: La Entidad/Destinación/N° de identificación aún se encuentra en análisis
• Error 14: Incumplido Abierto – La rectificación debe realizarse por Reporte KAB
• Error 15: El permiso indicado no se encuentra anulado según lo informado por la Aduana
• Error 16 El permiso está vencido y no consta una certificación de cumplido emitida antes del vencimiento.
• Error 17: Los datos existentes en nuestros registros no avalan el motivo enunciado.
• Error 18: Baja desestimada por haber sido procesada automáticamente por exclusión de un registro de otro apartado.
f. Archivo de respuesta de registros correctos
Si la información resultase en una baja procesada exitosamente, se generará un archivo según se indica:
Nombre del archivo: CCCXNNNNNYY.OK, donde:
CCC: es el código de archivo “KAJ”
X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado
NNNNN: es el código de la entidad remitente
YY: es el número de orden (01 al 99)
El archivo contendrá un registro por cada baja procesada exitosamente, que se identificará junto con el siguiente mensaje:
Baja Procesada: Registro: (Nro registro) Apartado (Cod_Apartado) Nro. Id. (Nro_Identif) Destinacion: (Destinación)
El archivo será encriptado de acuerdo a lo establecido para el intercambio de archivos vía IDEAR.
Los archivos que hubiesen arrojado error o los archivos cuya información hubiese superado las reglas de validación se encontrarán accesibles en la plataforma de IDEAR.
Consideraciones del entorno informático
Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse con la Mesa de Ayuda del STAF:
– TE: 4348-3929 eMail: mesadeayudastaf@bcra.gov.ar

Publicado 16 noviembre, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 687 – E/2016 Importación temporaria – Procesos de fraccionamiento #comercioexterior #argentina

Resolución 687 – E/2016

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/154128/20161116

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2016

VISTO el Expediente Nº S01:0320959/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del dictado del Decreto Nº 1.330 de fecha 30 de septiembre de 2004, creó un régimen especial de importación temporaria con objetivos promocionales, aplicable a aquellas mercaderías destinadas a ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento industrial y con la obligación de exportarlas para consumo a otros países.

Que la Resolución N° 384 de fecha 22 de mayo de 2006 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN estableció condiciones a los efectos de lo dispuesto por el Decreto N° 1.330/04, para aquellos usuarios que consideren necesario el otorgamiento de una prórroga cuando existan razones fehacientemente justificadas que impidan la exportación de las mercaderías en los plazos previstos.

Que la Resolución Nº 392 de fecha 19 de octubre de 2006 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN estableció los requisitos y formalidades que deberán observar los usuarios del régimen especial de importación temporaria.

Que mediante la Disposición Nº 28 de fecha 27 de octubre de 2006 de la ex SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN se establecieron los requisitos de presentación que deberán observar los interesados en acogerse al régimen establecido por el Decreto Nº 1.330/04.

Que es prioridad para el Gobierno Nacional ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo, incentivando las exportaciones, brindando de ese modo mayor competitividad al sector exportador.

Que, a los efectos de simplificar la operatoria actual del Régimen Especial de Importación Temporaria, proveyendo a la celeridad, economía, sencillez y eficacia en sus procedimientos, resulta necesario modificar su normativa complementaria.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 38 del Decreto N° 1.330/04.

Por ello,

EL MINISTRO
DE PRODUCCIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — A efectos de la evaluación contemplada en el tercer párrafo del Artículo 2° del Decreto N° 1.330 de fecha 30 de septiembre de 2004, los usuarios que desarrollen procesos de fraccionamiento de mercaderías deberán presentar la pertinente solicitud ante la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN con carácter de Declaración Jurada, acompañando la siguiente información y documentación:
a. Lista de insumos y productos nacionales e importados y descripción técnica de los mismos. En el caso que los insumos y productos fueren importados, deberán consignarse las correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.).
b. Detalle de la estructura de costos de los productos a exportar.
c) Dictamen técnico vinculado al proceso declarado, en el que deberán especificarse las características del mismo y el valor agregado nacional a ser incorporado al producto a exportar, indicado por cada uno de sus componentes. Para la obtención del mencionado dictamen, se deberá seguir el procedimiento establecido en los Artículos 13 y 14 de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — A efectos de lo dispuesto en el Artículo 5º in fine del Decreto Nº 1.330/04, para obtener la autorización de usuario no directo, el interesado deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación una nota con carácter de Declaración Jurada, mediante su representante legal o apoderado, con la siguiente información:
a. Del solicitante: razón social, clave única de identificación tributaria —en adelante C.U.I.T.— domicilio real y especial.
b. De la empresa que realizará el proceso productivo: razón social, C.U.I.T. y domicilio del establecimiento donde se llevará a cabo dicho proceso.
c. Descripción del proceso productivo a realizar.
La autorización emitida por la Autoridad de Aplicación constituirá un instrumento válido y suficiente para acreditar la condición de usuario no directo ante la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Dicha autorización tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados desde su emisión, debiendo el usuario no directo ratificar su condición mediante una Declaración Jurada ante la Autoridad de Aplicación a los fines de su renovación. El usuario no directo deberá solicitar la actualización de su condición cuando las circunstancias tenidas en cuenta para su otorgamiento hubieren cambiado.
Cuando el usuario no directo obtenga su autorización en los términos establecidos en el presente artículo, deberá presentarla ante la Dirección General de Aduanas a los fines de habilitar la Destinación Suspensiva de Importación Temporaria —en adelante D.S.I.T.— en el Sistema Informático Malvina, en adelante S.I.M.

ARTÍCULO 3° — Los usuarios deberán tramitar el desbloqueo operativo de la D.S.I.T. ante la Aduana de registro de dicha destinación sin mediar intervención de la Autoridad de Aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el interesado fuere usuario directo y se bloqueare la D.S.I.T. por error en el campo “Usuario” al momento de su registración en el S.I.M.
Cuando la D.S.I.T. se bloqueare por ingreso manual del número del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria —en adelante C.T.I.T.— al momento del registro de la misma en el S.I.M., el Informe Técnico Preliminar (I.T.P.) y/o C.T.I.T. relacionado a la Destinación deberá estar suscripto por la Autoridad de Aplicación al momento de su oficialización.

ARTÍCULO 4° — En los supuestos previstos en el Artículo 8° del Decreto Nº 1.330/04, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar, mediante resolución fundada, un plazo especial cuya duración sea coincidente con el contemplado en las respectivas cláusulas contractuales.
Para la concesión del plazo mencionado, la Autoridad de Aplicación evaluará, entre otros aspectos que estimare pertinentes, las características y complejidad del proceso productivo a ser utilizado.
Dicho plazo no podrá exceder un período de DIEZ (10) años.
Excepcionalmente a lo establecido en el párrafo que antecede, y siempre que el plazo a solicitar sea coincidente con las respectivas cláusulas contractuales, el plazo podrá autorizarse por un período máximo de QUINCE (15) años en los supuestos detallados a continuación:
a. Cuando el contratante sea un Estado o persona de derecho público internacional.
b. Cuando la modalidad de contratación responda a una licitación pública internacional.
c. Cuando el beneficiario final objeto del contrato sea un Estado o un ente estatal.
En cualquiera de los supuestos descriptos, el interesado deberá presentar documentación respaldatoria, certificada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción que corresponda.
La Autoridad de Aplicación notificará la decisión adoptada al peticionante y a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 5° — Respecto de la solicitud de prórroga prevista en el Artículo 9° del Decreto Nº 1.330/04, se dispone lo siguiente:
a) El interesado deberá ingresar al sitio web oficial del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y completar la Declaración Jurada respectiva o, en su defecto, ingresar al módulo de tramitación a distancia y completar dicha Declaración con una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos al vencimiento del plazo original de la D.S.I.T.
b) Excepcionalmente a lo dispuesto en el inciso anterior, el interesado podrá realizar dicha petición hasta CINCO (5) días hábiles previos al vencimiento del plazo original de la D.S.I.T., cuando las razones que justifiquen la presentación se hayan suscitado fuera del plazo previsto en el inciso que antecede. En este caso, la solicitud deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación, conjuntamente con documentación respaldatoria que acredite dicha condición, certificada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción que corresponda.
c) La Autoridad de Aplicación deberá expedirse autorizando o denegando la solicitud de prórroga dentro de un plazo de TREINTA (30) días corridos desde la fecha de su recepción debidamente cumplimentada. Para el supuesto de autorización, la Autoridad de Aplicación registrará el plazo de prorroga solicitado en el S.I.M.
d) En el supuesto que se denegare la prórroga solicitada, el usuario contará con un plazo perentorio de VEINTE (20) días hábiles, a contar desde la fecha de la notificación de la denegatoria, para cumplir con la obligación de reexportar para consumo. Si el vencimiento del plazo originario fuese posterior al de los VEINTE (20) días hábiles, este último se considerará extendido hasta la fecha de aquel vencimiento. El plazo mencionado será otorgado siempre que la solicitud de prórroga sea realizada con anterioridad al vencimiento de la D.S.I.T.
e) El plazo de prórroga no podrá exceder el período original establecido en los Artículos 6° y 7° del Decreto Nº 1.330/04.

ARTÍCULO 6º — A efectos de lo establecido en el Artículo 9° del Decreto N° 1.330/04, la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN podrá solicitar a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, atento su carácter de Autoridad de Fiscalización en el ámbito aduanero del presente Régimen, la verificación de la existencia de las mercaderías importadas y la vigencia de las garantías constituidas.

ARTÍCULO 7° — A efectos de lo previsto en el Artículo 11 del Decreto N° 1.330/04, el interesado deberá ingresar al sitio web oficial del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y completar la Declaración Jurada correspondiente, o ingresar a su equivalente en el módulo de tramitación a distancia, con anterioridad al vencimiento de los plazos establecidos.
En todos los supuestos previstos en dicho artículo, el interesado deberá acreditar fehacientemente la causal invocada.
La Autoridad de Aplicación notificará al interesado y a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la decisión que adoptare respecto a la solicitud de extensión de plazo interpuesta, a fin de que la citada Dirección General proceda según corresponda.

ARTÍCULO 8º — A efectos del Artículo 12 del Decreto Nº 1.330/04, el interesado deberá presentar, a fin de obtener la autorización de transferencia total o parcial de la mercadería importada temporariamente, previo a su perfeccionamiento industrial, una Declaración Jurada donde explique la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos oportunamente y, al mismo tiempo, acompañar la siguiente documentación:
a. Informe detallando las características de la operación de transferencia con la identificación del cesionario y motivos que la fundamenten.
b. Informe del cesionario donde se detalle la descripción técnica del proceso productivo.
La SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, de corresponder, autorizará la transferencia de los bienes importados temporariamente, notificando tal circunstancia a los usuarios y a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Una vez autorizada la transferencia, el cesionario de las mercaderías transferidas deberá gestionar un nuevo C.T.I.T. en los términos del Artículo 15 del Decreto N° 1.330/04.
En ningún caso, la referida autorización supondrá una modificación de los plazos que hubieren sido otorgados para la concreción de la exportación para consumo de la mercadería resultante del proceso de perfeccionamiento industrial, en los términos del Decreto N° 1.330/04.

ARTÍCULO 9° — A efectos del Artículo 1° del Decreto Nº 1.622 de fecha 12 de noviembre de 2007, a fin de solicitar la autorización de transferencia de la mercadería importada, con posterioridad al perfeccionamiento industrial, el cedente deberá presentar:
a) Declaración Jurada solicitando la transferencia de producto que como Anexo I (IF-2016-03382810- APN-MP) forma parte integrante de la presente resolución.
b) El C.T.I.T. del cesionario, que deberá contener entre los insumos el producto transferido que se incorpore a —o contenga— la mercadería a exportar.
c) El consentimiento expreso del cesionario para la realización de la transferencia mediante nota firmada por un representante legal o apoderado con poder suficiente, la cual debe estar certificada por Escribano Publico y legalizada ante el respectivo Colegio de Escribanos.
La solicitud de transferencia se otorgará por única vez y mantendrá su vigencia, siempre que no haya cambios en la relación insumo producto de los C.T.I.T. del cedente y del cesionario.
La Autoridad de Aplicación podrá requerir toda otra documentación e información que estime necesaria para la evaluación de la solicitud de la transferencia. En ningún caso, la referida autorización supondrá una modificación de los plazos que hubieren sido otorgados para la concreción de la exportación para consumo de la mercadería resultante del proceso de perfeccionamiento industrial, en los términos del Decreto N° 1.330/04.
La responsabilidad de cumplimiento ante el Régimen de Importación Temporaria establecido por el Decreto N° 1.330/04 continuará estando a cargo del importador.

ARTÍCULO 10. — En los casos donde la transferencia haya sido autorizada conforme los términos del Artículo 1° del Decreto N° 1.622/07, la prórroga de los plazos para la exportación definitiva para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, según lo previsto en el Artículo 9º del mencionado decreto, y la extensión del plazo en los términos del Artículo 11 de la mencionada norma, deberá ser solicitada por el cedente de la mercadería.

ARTÍCULO 11. — Para la obtención del C.T.I.T., el usuario deberá iniciar su solicitud ante la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, presentando la Declaración Jurada de Insumo – Producto, la que deberá contener los datos que se detallan en el Anexo II (IF-2016-03382782-APN-MP) que forma parte integrante de la presente medida. Dicha solicitud deberá ser realizada por representante legal o apoderado.
La Dirección de Exportaciones dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, verificará que los extremos formales de la Declaración Jurada estén debidamente cumplimentados, que el interesado se encuentre debidamente inscripto en el Registro Único del Ministerio de Producción (R.U.M.P.), creado por la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 este Ministerio, y que haya acreditado ante dicho Registro toda la documentación legal correspondiente, así como también que las posiciones arancelarias —tanto de los insumos como de los productos— coincidan con las descripciones técnicas allí declaradas.
Una vez efectuadas tales verificaciones, se requerirá la emisión del dictamen técnico al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL —en adelante I.N.T.I.—, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, siguiendo el procedimiento contemplado en los Artículos 13 y 14 de la presente.
Cumplido ello, se emitirá el C.T.I.T. de conformidad con el Anexo III (IF-2016-03382794-APN-MP) que forma parte de la presente resolución.
El C.T.I.T. mantendrá su validez mientras no se modifique la relación insumo – producto declarada o durante un plazo de DIEZ (10) años desde su emisión, lo que ocurra primero. En el segundo supuesto, su vencimiento operará de pleno derecho, en cuyo caso el beneficiario deberá tramitar su renovación, procediéndose a registrar la baja del C.T.I.T. en el S.I.M.
Los usuarios del régimen no podrán efectuar modificaciones a las Declaraciones Juradas de Insumo – Producto durante su tramitación, excepto cuando la Autoridad de Aplicación así lo requiera con la finalidad de corregir alguna inconsistencia u observación detectada.
La solicitud de emisión del Certificado en cuestión deberá cumplir con los requisitos que, a tal fin, estableciere la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, los cuales, en todos los casos, deberán incluir la presentación de una Declaración Jurada que comprometa a los usuarios a no efectuar importaciones de mercaderías comprendidas en el marco de las Leyes Nros. 24.040 de Compuestos Químicos y 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones.

ARTÍCULO 12. — En caso de que el producto a exportar sea distinto del que se hubiere consignado en el C.T.I.T. presentado en la fecha de registro de la Solicitud de D.S.I.T., los usuarios deberán presentar, al momento del registro de la Solicitud de Destinación Definitiva de Exportación para Consumo, el C.T.I.T. correspondiente al producto cuya exportación para consumo se solicitare.

ARTÍCULO 13. — El I.N.T.I. será el organismo encargado de emitir el dictamen técnico para la obtención del C.T.I.T. Deberá emitir dicho dictamen en un plazo de VEINTE (20) días hábiles contados desde que el peticionante haya abonado el arancel correspondiente.
Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la Declaración Jurada Insumo – Producto junto con la solicitud de acogimiento al régimen, y siempre que la misma se encuentre debidamente integrada, la Dirección de Exportaciones solicitará al I.N.T.I. la realización de la evaluación.
Los montos originados por las tareas de evaluación deberán ser ingresados en una cuenta cuya apertura estará a cargo de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. A tal fin, la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN suscribirá los acuerdos pertinentes con el I.N.T.I.
El usuario del régimen deberá abonar dicho monto dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a la notificación del presupuesto. En los casos en que estando debidamente notificada del presupuesto, la peticionante omitiera el pago en término sin causa justificable, la Dirección de Exportaciones deberá intimarla a efectuarlo bajo apercibimiento de archivo de las tramitaciones.
Una vez recibido el dictamen técnico en la mencionada Dirección, y siempre que el mismo resulte completo, ésta lo comunicará a la pertinente área administrativa a fin de que gire el pago al I.N.T.I.
Ante la falta de respuesta del referido Instituto, la Autoridad de Aplicación deberá designar auditores representantes de dicha Dirección a fin de que realicen el relevamiento pertinente -en virtud del proceso de perfeccionamiento industrial declarado- a efectos de obtener el dictamen técnico respectivo.

ARTÍCULO 14. — El dictamen técnico deberá, en todos los casos, contemplar mínimamente los siguientes puntos:
a. Datos de la empresa: razón social, C.U.I.T., número de la solicitud del C.T.I.T. evaluada y lugar de inspección. En los casos en que el proceso productivo no sea llevado a cabo por el solicitante, dicha circunstancia deberá constar expresamente en el dictamen.
b. Proceso productivo: el dictamen deberá determinar si el proceso a evaluar se trata de transformación, elaboración, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación, fraccionamiento, montaje o incorporación de aparatos o conjuntos de aparatos que aporten perfeccionamiento tecnológico y/o funcional.
c. En el supuesto que el proceso productivo declarado se refiera un proceso de fraccionamiento, dicho organismo técnico deberá indicar el porcentaje estimado de valor agregado nacional del producto resultante de dicho proceso productivo, en virtud de lo evaluado.
d. Detalle de las distintas etapas que componen el mencionado proceso, indicando el momento en el cual se generan las mermas, pérdidas, sobrantes y/o residuos según corresponda.
e. Insumos y Productos: descripción completa de cada uno de los insumos y productos declarados por la empresa, tomando en consideración los siguientes aspectos:
I. Deberán incluir todas las características técnicas correspondientes, tales como dimensiones, peso, volumen, materialidad, color, funcionalidad o cualquier otra característica propia que lo haga distinguible.
II. No se aceptará más de un insumo/producto idéntico a otro, debiendo ser cada uno de ellos claramente distinguibles entre sí.
III. Solo serán aceptadas palabras en idioma español.
IV. Solo se permitirán aquellas unidades de medida contempladas por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) de conformidad con lo previsto en la Ley N° 19.511, a excepción de las unidades enzimáticas. Si surgiere alguna otra unidad de medida que el organismo técnico evaluador considerare adecuado reconocer, la Autoridad de Aplicación podrá, a sugerencia de aquél, incorporarla.
V. No se aceptarán abreviaturas, a excepción de las dispuestas por el SIMELA.
VI. Las marcas comerciales o referencias o códigos internos del solicitante, en caso de querer incorporarlas en la descripción, deberán colocarse entre paréntesis y luego de las descripciones técnicas referidas en el acápite I del presente artículo. Las mismas no constituirán un elemento válido de diferenciación.
f. El organismo técnico deberá analizar si los insumos declarados por la empresa se constituyen como sustitutivos y/o alternativos, ratificando lo declarado por el solicitante. Aun cuando el usuario no los hubiese declarado como sustitutivos y/o alternativos, y el organismo evaluador detectare dicha condición, deberá aclararlo expresamente en su dictamen según corresponda.
g. Ratificar o rectificar expresamente las relaciones insumo-producto declaradas por el solicitante, con sus respectivas mermas, residuos, sobrantes y/o pérdidas.
h. Conclusión de lo evaluado: descripción de las observaciones que el organismo técnico considere pertinentes como producto de la inspección realizada, aconsejando la emisión o no del correspondiente C.T.I.T. En caso de advertirse observaciones y/o correcciones, el Certificado será emitido por la Autoridad de Aplicación con las modificaciones que correspondieren.

ARTÍCULO 15. — A los fines de la obtención del I.T.P., el interesado deberá presentar su solicitud con carácter de Declaración Jurada ante la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, debiendo explicitar las razones que justifiquen su pedido, conforme el Anexo IV (IF-2016-03382801-APN-MP) que forma parte integrante de la presente resolución.
Debidamente presentada la solicitud mencionada, y siempre que la documentación legal del solicitante se encuentre vigente, la Dirección de Exportaciones emitirá el I.T.P. respectivo dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, previo dictamen del servicio jurídico.
La procedencia, el análisis de los fundamentos que invocaren los usuarios para justificar su presentación, el despacho y la suscripción de los I.T.P., será facultad de la Dirección de Exportaciones dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, con la información que se detalla en el Anexo V (IF-2016-03382807-APN-MP) que forma parte integrante de la presente medida.
Suscripto el I.T.P. por la Autoridad de Aplicación, se notificará tal circunstancia a la Dirección General de Aduanas, quedando los usuarios habilitados a gestionar la correspondiente solicitud de D.S.I.T.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la cancelación de la destinación de exportación para consumo solo resultará procedente con la presentación de los correspondientes C.T.I.T.
Los I.T.P. tendrán una validez de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde su suscripción, luego de lo cual se producirá su vencimiento de pleno derecho y se procederá a registrar la baja en el S.I.M.

ARTÍCULO 16. — A los efectos del Artículo 16 del Decreto Nº 1.330/04, el interesado deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada con la siguiente información:
a. Motivos por los cuales las mercaderías no fueron objeto de perfeccionamiento industrial dentro del plazo original y su eventual prórroga.
b. Número del I.T.P. o del C.T.I.T. vinculado con la operatoria.
c. Datos de contacto del receptor de la mercadería.
d. Descripción y cantidad de la mercadería a exportar.
Asimismo, deberá acompañar:
a. Documentación probatoria de las circunstancias invocadas, certificada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la respectiva jurisdicción de corresponder.
b. Copia completa de la D.S.I.T. vinculada con la operatoria, autenticada por Autoridad Aduanera o por Despachante de Aduana, con su respectiva fecha de vencimiento, anverso y reverso de todas sus hojas se encuentren o no completas en todos sus campos.
c. Copia completa del Permiso de Embarque, vinculado con la D.S.I.T., autenticada por Autoridad Aduanera o por Despachante de Aduana, anverso y reverso de todas sus hojas se encuentren o no completas en todos sus campos.
La Autoridad de Aplicación queda facultada para constatar la información y documentación provista por el interesado.

ARTÍCULO 17. — A los fines de lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 1.330/04, todas las intervenciones previas, licencias, cupos, controles, autorizaciones y demás requisitos y regulaciones que resultaren exigibles en el régimen general de importaciones serán también aplicables en el momento del registro de las solicitudes de destinación de importación para consumo cuyas autorizaciones se solicitaren.
Si no se cumpliere con las referidas condiciones, la autorización de Destinación de Importación para Consumo no podrá ser otorgada, resultando obligatoria y sin excepción la reexportación para consumo de las mercaderías involucradas.
A estos efectos, resultará aplicable lo dispuesto en la Resolución N° 1.113 de fecha 9 de septiembre de 1998 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y sus normas modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 18. — A excepción de lo dispuesto en el párrafo quinto del Artículo 11 de la presente, los C.T.I.T. emitidos al amparo del Decreto N° 1.330/04, mantendrán su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2017.
La renovación de los C.T.I.T. por el acaecimiento del plazo establecido en el párrafo quinto del Artículo 11 de la presente, no podrá iniciarse sino hasta NUEVE (9) meses previos a su vencimiento. Una vez iniciada dicha solicitud, el C.T.I.T. mantendrá su vigencia hasta que la Autoridad de Aplicación suscriba el nuevo certificado.
El silencio o falta de respuesta del administrado ante requerimiento alguno de la Autoridad de Aplicación hará caducar la solicitud de pleno derecho.

ARTÍCULO 19. — La SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN queda facultada para el dictado de las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del régimen del Decreto N° 1.330/04.

ARTÍCULO 20. — Los titulares de la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y de la Dirección de Exportaciones dependiente de dicha Dirección Nacional, se encuentran autorizados para suscribir, en forma indistinta, el despacho de los I.T.P. y delos C.T.I.T.

ARTÍCULO 21. — Deróganse las Resoluciones Nros. 384 de fecha 22 de mayo de 2006 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 392 de fecha 19 de octubre de 2006 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 2 de fecha 5 de enero de 2007 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y 110 de fecha 23 de abril de 2008 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y las Disposiciones Nros. 28 de fecha 27 de octubre de 2006 de la ex SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y 5 de fecha 18 de julio de 2008 de la ex SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL y de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 22. — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 23. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FRANCISCO ADOLFO CABRERA, Ministro, Ministerio de Producción.

ANEXO I
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ANEXO II
2016111601_87586_Page_13_fmt.jpeg2016111601_87586_Page_14_fmt.jpeg2016111601_87586_Page_14_fmt1.jpeg2016111601_87586_Page_14_fmt2.jpeg2016111601_87586_Page_14_fmt3.jpeg2016111601_87586_Page_15_fmt.jpeg2016111601_87586_Page_15_fmt1.jpeg2016111601_87586_Page_15_fmt2.jpeg2016111601_87586_Page_15_fmt3.jpeg
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ANEXO III
2016111601_87586_Page_17_fmt.jpeg2016111601_87586_Page_17_fmt1.jpeg2016111601_87586_Page_17_fmt2.jpeg2016111601_87586_Page_17_fmt3.jpeg2016111601_87586_Page_18_fmt.jpeg2016111601_87586_Page_18_fmt1.jpeg2016111601_87586_Page_18_fmt2.jpeg
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ANEXO IV
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DECLARACIÓN JURADA – SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PRELIMINAR
(hoja con membrete de la empresa)
Buenos Aires,_______________
Señores
Dirección de Exportaciones
S______/______D
Ref.: Solicitud de Informe Técnico Preliminar en los términos del Artículo 15 párrafo 4º del Decreto N° 1.330/04.
Por el presente el Sr./Sra. …………………………………. D.N.I. Nº …………………… en mi carácter de representante legal/apoderado de la empresa …………… con número de CUIT Nº: …………………. constituyendo domicilio especial en la calle……………………………………………………………Nº……………………. Piso………………………… Departamento………………., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones. Dirección de correo electrónico:….……………………………………………………………….,.
Declaro que el perfeccionamiento industrial se realizará en el establecimiento de la empresa ……………………………., cuyo domicilio de inspección es: calle………………………. Nº……….Localidad…………………………. Provincia……………………, que la misma cuenta con el equipamiento necesario, el personal y la infraestructura necesaria a fin de llevar a cabo el proceso de perfeccionamiento industrial objeto de la presente solicitud.
El que suscribe afirma que los datos consignados en esta declaración jurada son correctos y completos, y que ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

Publicado 16 noviembre, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

ANMAT Circular 13/2016 atestación de certificados #argentina #laboratorios #pharma

Circular 13/2016

Buenos Aires, 15/11/2016

Disposición ANMAT N° 3366/12: atestación de certificados
(Cambio de laboratorio elaborador entre laboratorios instalados en el país)
La Disposición ANMAT N° 3366/12 establece que el cambio de laboratorio elaborador y/o cambio de laboratorio elaborador alternativo y/o la autorización de elaborador alternativo de una especialidad medicinal inscripta en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), entre laboratorios instalados en el país, se realiza presentando Declaración Jurada ante el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (INAME). La autorización de estos cambios no se consigna en los certificados de inscripción de los productos.
Con el fin de mantener actualizados los certificados de productos inscriptos en el REM a partir del 01 de diciembre del corriente año las autorizaciones de los cambios mencionados en el párrafo precedente serán atestadas en los certificados correspondientes.
Dichas atestaciones serán realizadas por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, a tal fin el titular del registro deberá presentar:
– nota de solicitud;
– certificado original de inscripción del producto en el REM;
– copia de la autorización emitida por el INAME con fecha posterior al 01 de diciembre del corriente año.
Aclaración: los cambio de laboratorio elaborador y/o cambio de laboratorio elaborador alternativo y/o la autorización de elaborador alternativo de una especialidad medicinal inscripta en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), entre laboratorios instalados en el país, autorizados en los términos de la Disposición ANMAT N° 3366/12 con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Circular no serán atestados.
La presente circular entrará en vigencia a partir del 01 de diciembre de 2016.
Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Dr. CARLOS CHIALE, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

Publicado 16 noviembre, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Decreto 1174/2016 Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas. #comercioexterior #argentina

Decreto 1174/2016

Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas.

ARTÍCULO 1° — Institúyese el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, entendiéndose por tales aquellas cuyo componente principal sea la maquinaria usada importada y que formen parte de un proyecto de inversión para la producción industrial.

ARTÍCULO 2° — Los bienes usados a importarse deberán formar parte exclusivamente de una línea de producción completa y autónoma a ser instalada por la empresa solicitante, dentro del predio en que funciona tal empresa y ser imprescindibles para la realización del proceso productivo objeto de la petición. Quedarán alcanzados también aquellos bienes complementarios o accesorios a la línea cuando cumplan una función inherente a la misma.
Si tal proceso productivo requiriese de un bien industrial intermedio fabricado por un proveedor local directo de la empresa, podrán incluirse también en el beneficio del presente régimen, aquellos bienes adquiridos por la solicitante y entregados a la empresa proveedora a tal fin. Los mismos deberán ser para su uso exclusivo en la producción del respectivo bien intermedio del solicitante. En este último caso, deberá existir un contrato de comodato entre la empresa peticionante y el proveedor directo. Ante toda circunstancia, la solicitante conserva la exclusiva responsabilidad por la totalidad de las obligaciones contraídas por el presente régimen.
La mencionada línea de producción, a su vez, deberá ser parte de una nueva planta industrial o implicar una ampliación de la capacidad productiva de una planta industrial existente, una diversificación de su producción, o bien, su modernización, en términos de mejora de procesos, de las tecnologías aplicadas o un incremento del valor agregado por unidad de producto. La planta, a su vez, deberá dedicarse a la producción de bienes tangibles.
Los bienes usados que resulten beneficiados por el presente régimen quedan exceptuados del tratamiento instituido por la Resolución N° 909 de fecha 29 de julio de 1994 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y/o de aquellas que la modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO 3° — Podrán acogerse al presente régimen aquellas empresas que desarrollen una actividad clasificable como Industria Manufacturera con categoría de tabulación “C” divisiones 10 a 32.9, inclusive, categoría de tabulación “D” clase 35.11 y categoría de tabulación “E” clase 38.20 del CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2010 (CLANAE 2010), debiendo la línea de producción referida en el Artículo 2° de la presente medida, circunscribirse a la realización de funciones y procesos estrictamente comprendidos dentro de la actividad de la empresa peticionante.
Cuando el proyecto involucre actividades comprendidas en la categoría de tabulación “D” clase 35.11 del CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2010 (CLANAE 2010), deberá ser declarado como crítico por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a efectos de acceder a los beneficios que establece el presente decreto.
La Autoridad de Aplicación queda facultada a dictar normas complementarias a fin de agregar o eliminar las actividades que estime necesarias conforme a los avances de la industria y establecer las normas aclaratorias y complementarias que considere pertinentes a efectos de determinar los alcances de la presente medida.

ARTÍCULO 4° — Los bienes usados importados deberán tener una antigüedad no mayor a VEINTE (20) años, lo cual deberá ser documentado por la peticionante en forma previa a la importación de los mismos.
La Autoridad de Aplicación determinará los medios aceptados a efectos de acreditar la antigüedad de los bienes y las demás condiciones de uso y conservación que deben reunir los mismos, así como cualquier otro extremo que estime necesario para la correcta aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 5° — Mediante el presente régimen no podrán ingresarse al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones y de la Ley N° 24.040 de Compuestos Químicos. Se requerirá una declaración jurada por parte del peticionante en la que se comprometa a cumplir esta condición.

ARTÍCULO 6° — La SECRETARÍA DE COMERCIO y la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, actuarán en forma conjunta como Autoridad de Aplicación del presente régimen, quedando facultadas para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias, así como a establecer los mecanismos de control suficientes a los efectos del correcto funcionamiento del presente régimen. A través de la intervención de sus dependencias competentes analizarán la pertinencia de las presentaciones, así como de las solicitudes pendientes, procediendo a su resolución de acuerdo con los antecedentes de las mismas.

ARTÍCULO 7° — Los beneficiarios del presente régimen deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Anunciar el plazo aproximado de importación de los bienes para la implementación del proyecto.
b) Denunciar los valores de los bienes que componen la línea de producción, discriminando entre usados importados, nuevos importados y nuevos nacionales, adjuntando la documentación respaldatoria.
c) Presentar un dictamen técnico de un organismo especializado en el tipo de proyecto presentado por el peticionario. Dicho organismo podrá ser el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, u otro organismo dependiente del ESTADO NACIONAL o de Universidades Nacionales. El objetivo de dicho dictamen será contar con la opinión autorizada e idónea de un organismo de reconocida solvencia técnica que evalúe las siguientes características del emprendimiento:
I) Categorización del proyecto, con descripción detallada del objeto y características de la línea, así como también del proceso productivo y la función que cada uno de los bienes importados y nacionales desarrolla dentro de la misma.
II) Análisis del listado de bienes del cual surja el exceso o el defecto de alguno de ellos, así como sus cantidades acompañando un plano de layout con la distribución de los mismos.
III) Antigüedad de los bienes y condiciones de uso de los mismos conforme a los lineamientos que se establezcan mediante normas complementarias del Artículo 4° de la presente medida.
IV) Valoración económica de la maquinaria a incorporar en el proyecto, discriminando entre origen nacional y origen extranjero, usado y nuevo.
V) Capacidad productiva de la empresa y conveniencia de entrega de bienes a los proveedores de la peticionante, en los casos en que esto ocurra, así como la pertinencia de dicha entrega de acuerdo a los usos y costumbres de la cadena de valor de que se trate.
El dictamen técnico mencionado no tendrá carácter vinculante, pudiendo la Autoridad de Aplicación solicitar los dictámenes o informes adicionales que considere convenientes. Los organismos técnicos deberán expedirse mediante la emisión final de los informes en un plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles desde que la peticionante haya abonado el arancel que corresponda.

ARTÍCULO 8° — El plazo para la concreción del proyecto y la puesta en marcha de la línea de producción completa y autónoma, no podrá exceder de VEINTICUATRO (24) meses desde la aprobación del proyecto o desde la fecha de vencimiento del Certificado contemplado en el Artículo 15 del presente decreto, lo que ocurra primero. Si excepcionalmente se hubiera otorgado más de un Certificado, el plazo establecido deberá tener como referencia el vencimiento del último emitido.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Autoridad de Aplicación por única vez y hasta por DOCE (12) meses a solicitud de la peticionante, para lo cual se tendrá en consideración la envergadura del proyecto, la complejidad de su desarrollo y la relevancia del mismo para la inversión y competitividad industrial del entramado productivo local. A tales efectos, será indispensable que el Informe Técnico presentado por la empresa incorpore la mayor información posible y los argumentos pertinentes para su evaluación.
La puesta en marcha de la línea de producción completa deberá ser informada por la peticionante mediante declaración jurada dentro de los NOVENTA (90) días corridos de acaecida la misma, acompañando la documentación que lo acredite.
A efectos de lo dispuesto en el presente régimen, se entenderá por “puesta en marcha”, la fecha en que la línea de producción completa y autónoma queda integrada de acuerdo a lo previsto en el proyecto de inversión presentado y en condiciones de producir el bien para el que fuera dispuesta. Las expresiones “puesta en marcha” o “puesta en régimen” se consideran como equivalentes de la expresión “entrada en régimen”.
Una vez concluidos todos estos plazos corresponderá la auditoría referida en el Artículo 14 de la presente medida.

ARTÍCULO 9° — La solicitante deberá adquirir para su proyecto de inversión bienes de uso nuevos de origen nacional por un monto igual o superior al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de aquellos bienes usados importados para los cuales se solicita el beneficio previsto en el presente régimen.
A los efectos del cálculo, la Autoridad de Aplicación dictará las normas aclaratorias que considere pertinente.
A su vez, se establece que:
a) Al menos UN MEDIO (½) de ese porcentaje deberá corresponder a la adquisición de maquinarias y equipos nuevos de origen local, los que podrán ser aplicados a la línea de producción del proyecto, a otras actividades de la empresa beneficiaria y, de corresponder, a las líneas de proveedores directos, entregados en los mismos términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2° del presente decreto.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por maquinarias y equipos de origen local a aquellos bienes fabricados por empresas establecidas en el país cuyos equivalentes importados clasificaren en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) alcanzadas por los beneficios establecidos en el Decreto N° 379 de fecha 29 de marzo de 2001 y sus modificatorios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, cuando se tratare de las actividades con categoría de tabulación “D” clase 35.11 conforme a lo indicado en el Artículo 3° de la presente medida, los solicitantes podrán, también, adquirir aquellos bienes nuevos de origen local que la Autoridad de Aplicación determine en base a las características de la actividad en particular.
b) El monto equivalente al MEDIO (½) restante podrá ser integrado con la adquisición de otros bienes de uso nuevos de origen local destinados a la actividad fabril de la empresa.
c) La obligación establecida en los incisos a) y b) del presente artículo deberá cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores al último Certificado emitido en los términos del Artículo 15 del presente decreto o la resolución aprobatoria del proyecto, lo que ocurra primero. Es decir, la integración de bienes nacionales prevista en el presente artículo deberá completarse íntegramente antes de la realización de la auditoría prevista en el Artículo 14 de la presente norma. En el supuesto de incumplimiento total o parcial, se procederá conforme lo establecido en el Artículo 16 inciso d) de la misma.
La Autoridad de Aplicación podrá aprobar proyectos que, al momento de su resolución, no tengan acreditadas en su totalidad las inversiones nacionales a realizar al amparo del régimen.
d) En todos los casos, los bienes importados se computarán a valor DDP – Incoterms 2010, mientras que, análogamente, los bienes de origen nacional deberán ser valuados a su costo para el comprador, en ambos casos, puestos en la puerta de la planta del beneficiario o, en su caso, en puerta de la planta del proveedor del bien intermedio.
Para su valoración, deberá computarse el precio de contado de los bienes, debiendo excluirse todo costo financiero que hubiere en su valor de adquisición.

ARTÍCULO 10. — Establécese que los bienes importados usados que correspondan a los proyectos presentados en el marco de este régimen, tributarán el equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los derechos de importación que les correspondan al momento de la importación.

ARTÍCULO 11. — Los bienes importados nuevos incluidos en la línea de producción tendrán el tratamiento arancelario establecido en el régimen general.

ARTÍCULO 12. — Las importaciones que se realicen al amparo de este régimen, deberán consignar bajo declaración jurada en los respectivos despachos de importación, que los bienes ingresados serán destinados a integrar los proyectos a que se refiere el presente decreto, debiéndose indicar el número de la resolución de aprobación o Certificado de Trámite que emita la Autoridad de Aplicación.
Asimismo, el registro en los libros contables —tanto de los bienes importados como de las inversiones nacionales— se deberá realizar a través de cuentas exclusivas e independientes que individualicen estos bienes, en las que deberán consignarse el presente decreto.
Las autorizaciones de importación que se otorguen por resolución en virtud del presente régimen tendrán vigencia por UN (1) año, facultándose a la Autoridad de Aplicación a ampliar este período en los casos en que el Informe Técnico presentado por la empresa dictamine la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto en ese plazo.

ARTÍCULO 13. — Atento al beneficio tributario establecido por el Artículo 10 del presente decreto, los bienes a importar estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término inicial de DOS (2) años desde la fecha de importación, plazo que se extenderá hasta el momento de la puesta en régimen de las líneas beneficiadas, de no haber ocurrido durante el mencionado término inicial. No obstante, la Autoridad Aduanera podrá decidir lo que considere necesario sobre la aplicación del régimen de garantías previsto por el Artículo 453, inciso e) de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero).
Sin perjuicio de ello, la importación de los mencionados bienes quedará exceptuada del pago de la tasa de comprobación de destino.

ARTÍCULO 14. — La Autoridad de Aplicación está facultada para realizar auditorías a la planta desde el momento de la presentación de la solicitud y a los DOS (2) años posteriores a la resolución. Los bienes importados bajo el presente régimen no podrán enajenarse previo a dicha auditoría.
En los casos en los que se hubiera autorizado una prórroga para la puesta en marcha, la mencionada auditoría deberá ser realizada una vez vencido el período de la prórroga concedida.
La auditoría final solo podrá realizarse una vez expirados todos los plazos de los compromisos asumidos por la peticionante. Sin perjuicio de ello, una vez transcurridos DOCE (12) meses desde la resolución aprobatoria o, de corresponder, desde el último Certificado contemplado en el Artículo 15 de la presente medida, lo que ocurra primero, la Autoridad de Aplicación podrá realizar una auditoría intermedia a efectos de verificar los avances del proyecto, de acuerdo al temario y puntos de evaluación que se establezcan por medio de normas complementarias. El incumplimiento constatado respecto de dichos avances, podrá ser pasible de las sanciones establecidas en los Artículos 16, inciso d) y 17 del presente decreto.
Las auditorías a que refiere el párrafo anterior serán realizadas por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), dentro del plazo de SESENTA (60) días de recibida la instrucción por parte de la Autoridad de Aplicación. Ante la falta de respuesta por parte de dicho Organismo, la Autoridad de Aplicación podrá facultar a otros organismos dependientes del ESTADO NACIONAL o a Universidades Nacionales a realizar las auditorías previstas.
La Autoridad de Aplicación, o quien ésta designe, podrá realizar las auditorías previstas en el presente artículo así como aquellas complementarias que estime necesarias, o solicitar aclaraciones sobre las ya realizadas, tanto a la empresa auditada como al ente auditor.
En todos los casos, el costo de las mismas deberá ser sufragado por la empresa beneficiaria auditada.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer topes máximos a los aranceles que correspondan por la realización de las auditorías mencionadas en el presente artículo.

ARTÍCULO 15. — En caso de que la peticionante requiriera un tratamiento preferencial por urgencias en el despacho a plaza de determinados bienes mientras se tramita la resolución respectiva, la Autoridad de Aplicación está facultada para extender un Certificado a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, para que la misma los acepte, siempre que la firma peticionante provea las garantías correspondientes.
Las autorizaciones de importación al amparo del mencionado Certificado tendrán una validez de SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 16. — La infracción o incumplimiento de las condiciones dispuestas en el presente régimen serán tratadas de la siguiente manera:
a) En los casos en que la peticionante guarde silencio respecto de los requerimientos que realice la Autoridad de Aplicación, esta podrá:
I) Cuando se hubiera emitido un Certificado en los términos de lo establecido en el Artículo 15 de la presente medida y/o una resolución aprobatoria del proyecto en evaluación, considerar incumplidas las obligaciones del régimen y consecuentemente solicitar la ejecución total de las garantías oportunamente constituidas. La comunicación de dicha medida se hará en la forma establecida en el Artículo 21 de la presente norma.
II) Para los demás supuestos, proceder al archivo de las actuaciones fundamentado en el desinterés de la peticionante y la falta de impulso procesal en los términos de lo dispuesto por el Artículo 4° del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.
b) Se considerará que ha existido falta grave al régimen en los casos en que la línea de producción no sea instalada o puesta en marcha dentro de los plazos y condiciones establecidos por la presente normativa, o que los bienes fueran afectados a un destino distinto del informado.
Una vez constatada esta circunstancia, incluso en aquellos casos en que previamente hubiera emitido una resolución favorable, la Autoridad de Aplicación deberá considerar a la peticionante excluida de los beneficios del régimen y solicitar la inmediata ejecución de las garantías totales que se hubieran constituido. Cuando se hubiera producido un cambio de destino de los bienes importados, pero que, no obstante ello, los mismos fueran afectados igualmente a formar parte de una línea de producción con las características que exige la norma, la Autoridad de Aplicación podrá evaluar el proyecto y determinar si el mismo es pasible de acceder a los beneficios del régimen. Asimismo, dependiendo del estado de avance de las actuaciones, deberá determinar si corresponde o no solicitar la ejecución de las garantías totales o parciales de acuerdo a dicha evaluación. Esta circunstancia será viable, solo en los casos en que la peticionante hubiera informado los cambios operados de manera fehaciente y con anterioridad al plazo previsto en el Artículo 23 de la presente medida.
c) Se considerará que ha operado un incumplimiento en los casos de venta o traslado total o parcial de la empresa o de los bienes objeto del beneficio en infracción a las exigencias del régimen, pudiendo la Autoridad de Aplicación evaluar si corresponde o no la ejecución total o parcial de las garantías constituidas por la peticionante. A tales efectos, la misma deberá tomar en consideración elementos tales como momento y medio por el que se realizó la comunicación, si la línea mantiene las características iniciales y momento en que se reanuda la producción. La Autoridad de Aplicación deberá determinar la relevancia que debe asignarse a cada uno de los puntos mencionados, así como otros puntos que pueda considerar importantes para merituar la gravedad de este incumplimiento.
Para ello, sin perjuicio de los demás requisitos que se establezcan, será indispensable que en los supuestos de venta se encuentre claramente identificada la empresa en la que recaigan las responsabilidades por todas las exigencias del presente régimen.
d) En los casos en que la peticionante acredite la realización de las inversiones mínimas obligatorias estipuladas en el inciso a) del Artículo 9° del presente decreto, pero no alcance el cumplimiento de la exigencia de inversión total en bienes nuevos de origen nacional del TREINTA POR CIENTO (30%) referida en dicho artículo, la Autoridad de Aplicación solicitará la ejecución de las garantías oportunamente constituidas por la solicitante de manera proporcional al incumplimiento operado. En el supuesto que no se cumpliera en forma alguna con lo establecido en el inciso a) del mencionado artículo, se ejecutará el CIEN POR CIENTO (100%) de las garantías constituidas.
Las sanciones enumeradas precedentemente corresponderán sin perjuicio de que la Autoridad Aduanera pudiera decidir la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero).

ARTÍCULO 17. — Ante cualquier supuesto de incumplimiento de las obligaciones del presente régimen, la Autoridad de Aplicación podrá imponer una sanción pecuniaria adicional equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del importe correspondiente a los tributos no ingresados, con más los intereses aplicables de acuerdo al tiempo transcurrido, considerando las tasas activas máximas que informe el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, más un cargo punitorio del DOS POR CIENTO (2%) mensual. La Autoridad de Aplicación deberá dictar las normas complementarias necesarias para hacer efectiva la presente sanción.
En el caso que la peticionante no realice el registro contable en la manera establecida en el Artículo 12 del presente decreto, podrá aplicarse, también la sanción económica prevista en el presente artículo.

ARTÍCULO 18. — En los casos en que se hubiera declarado el concurso preventivo de la peticionante, esta deberá comunicar la situación a la Autoridad de Aplicación la cual deberá informar inmediatamente a la Dirección General de Aduanas.

ARTÍCULO 19. — La Autoridad de Aplicación, o quien ésta designe, informará a la Dirección General de Aduanas acerca del cumplimiento acabado de los requisitos establecidos en el presente régimen, sobre la base de los informes de las auditorías referidos en el Artículo 14 de la presente medida, a los fines de que ésta proceda a liberar las pertinentes garantías.
De la misma manera, en el caso de que la peticionante no hubiera dado cumplimiento a las exigencias del régimen, solicitará la ejecución de las referidas garantías.

ARTÍCULO 20. — Independientemente de lo dispuesto en los Artículos 16 y 17 de la presente medida, en el caso de que la empresa beneficiaria del presente régimen incurra en infracción o incumplimiento del mismo, deberá realizar la reexportación forzada de aquellos bienes usados importados en el presente régimen que se encontraran en infracción y estuvieren al momento de su despacho a plaza, prohibidos para su importación definitiva en el marco de la Resolución N° 909/94 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y/o de aquellas que la modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO 21. — Recibida la comunicación mencionada en el Artículo 19 de la presente medida, y previo a proceder a la liberación de las respectivas garantías, la Dirección General de Aduanas deberá verificar si la operatoria de importación de los bienes que integran el proyecto fue cumplimentada en forma completa y satisfactoria.
Si existieran observaciones sobre el particular que impidieran la liberación de las garantías oportunamente constituidas, dicho organismo deberá notificar a la Autoridad de Aplicación los inconvenientes observados con un informe pormenorizado de los mismos, de manera que permita tomar conocimiento acabado de la situación. Ante tal circunstancia, la Autoridad de Aplicación deberá evaluar los nuevos elementos y emitir una nueva comunicación determinando claramente si corresponde liberar o ejecutar las garantías constituidas.
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del Artículo 19 de la presente norma la Dirección General de Aduanas deberá proceder, sin más, a la ejecución de las garantías en cuestión.
En cualquier caso, una vez que se lleve a cabo la medida definitiva respecto de las garantías constituidas por la peticionante, la Dirección General de Aduanas deberá informar el efectivo cumplimiento de la misma a la Autoridad de Aplicación dentro del plazo de QUINCE (15) días de ejecutada.

ARTÍCULO 22. — Se admitirá que las entidades financieras y/o sociedades que tengan por objeto la celebración de contratos de leasing adquieran líneas bajo el presente régimen para darlas a través de dicha modalidad. En tal caso, la presentación ante la Autoridad de Aplicación deberá ser realizada por el tomador, integrando la totalidad de la información correspondiente al dador, según establezcan las normas complementarias que a tal efecto se dicten.

ARTÍCULO 23. — Una vez que el peticionante se haya notificado de la resolución aprobatoria del proyecto, cualquier cambio que se efectúe, deberá ser informado a la Autoridad de Aplicación por escrito y dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos. En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar lo previsto en el Artículo 17 del presente decreto.

ARTÍCULO 24. — Al único efecto del cálculo del requisito mínimo de compras locales, la Autoridad de Aplicación podrá, cuando lo considere necesario, realizar su propia valuación de los bienes usados importados.

ARTÍCULO 25. — Por el término de DOS (2) años contados a partir de la fecha de vencimiento del último Certificado contemplado en el Artículo 15 de la presente norma o desde la aprobación del proyecto, lo que ocurra primero, la peticionante no podrá transferir a título gratuito u oneroso los bienes adquiridos al amparo del presente régimen, ni enajenar total o parcialmente la empresa beneficiaria. La Autoridad de Aplicación, ante la comunicación expresa por parte de la beneficiaria acerca de la intención de enajenación parcial o total de la empresa, resolverá por excepción su autorización mediante resolución, solo si los cambios operados no afectan la continuidad del proyecto oportunamente aprobado.

ARTÍCULO 26. — Los beneficios del presente régimen no alcanzarán a las mercaderías que, habiendo sido importadas bajo el régimen de destinación suspensiva de importación temporaria previsto por el Artículo 250 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), se las pretenda someter a una destinación de importación para consumo.

ARTÍCULO 27. — Quedan expresamente excluidos del presente régimen los bienes usados que clasifiquen en las posiciones arancelarias comprendidas en el Capítulo 89 (Barcos y demás Estructuras Flotantes) de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.).

ARTÍCULO 28. — Deróganse los Artículos 4°, 5° y 6° del Decreto N° 589 de fecha 16 de mayo de 2011.
Las declaraciones realizadas por las actas emitidas oportunamente por la Unidad de Evaluación creada por dicho decreto, mantendrán su vigencia.

ARTÍCULO 29. — Las solicitudes de inclusión a los beneficios establecidos por la Resolución N° 511 de fecha 29 de junio de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, deberán ser resueltas en su totalidad dentro del plazo de TRES (3) años desde el dictado de la presente medida. Este plazo regirá incluso para las actuaciones relativas a solicitudes correspondientes a los bienes usados previstos en los Artículos 6° y 7° de la Resolución N° 78 de fecha 23 de febrero de 2006 del ex – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN que se encuentren en trámite.

ARTÍCULO 30. — Las disposiciones del presente decreto comenzarán a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 31. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera.

Publicado 16 noviembre, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Ley 27308 Justicia Nacional en lo Penal. Código Procesal Penal de la Nación. Ley N° 24.050. Modificaciones. #a rgentina

Ley 27308

Justicia Nacional en lo Penal. Código Procesal Penal de la Nación. Ley N° 24.050. Modificaciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Ley de Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal

Capítulo I

Justicia Nacional en lo Penal

ARTÍCULO 1° — Los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados Nacionales en lo Correccional se denominarán Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y mantendrán la integración de aquéllos, con excepción de lo dispuesto por el artículo 3° de la presente ley y se los individualizará conforme lo establezca la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 2° — Los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional conocerán en los casos establecidos en el artículo 26 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3° — Dispónese la disolución de una de las Secretarías de los ex Juzgados Nacionales en lo Correccional, la que se hará efectiva transcurridos dieciocho (18) meses desde la implementación de esta ley. Las causas no concluidas al finalizar el plazo establecido serán asignadas a las Secretarías que no se disuelvan.
La selección de tales Secretarías será efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 4° — Los funcionarios y empleados de las Secretarías disueltas serán reubicados por la autoridad competente, con la participación de la entidad gremial, en otros órganos jurisdiccionales con competencia penal, según las necesidades operativas que se generen a partir de la presente reforma, respetándose sus derechos adquiridos.

ARTÍCULO 5° — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional establecerá la distribución de los turnos de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional en los distintos distritos.

ARTÍCULO 6° — Los Tribunales Orales en lo Criminal se denominarán Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional y tendrán, juntamente con la competencia material y territorial que fuera asignada a aquéllos, la atribuida al juzgamiento que, previo a la entrada en vigencia de la presente ley, tienen los Juzgados Nacionales en lo Correccional.

Capítulo II

Juicio Unipersonal y Colegiado

ARTÍCULO 7° — Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional juzgarán, de forma unipersonal o colegiada según corresponda, en instancia única de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.

ARTÍCULO 8° — Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se integrarán con un (1) solo juez:
a) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
b) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
c) Si se tratare de delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción privada;
d) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de seis (6) años;
e) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis (6) años y no exceda de quince (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.
La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos c) y d) en los supuestos en los que la pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de los tres (3) años, se regirá por las normas del Libro III, Título II, Capítulos I y III, según corresponda, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.
Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 9° — Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con un (1) solo juez:
a) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
b) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
c) Si se tratare de delitos cuya pena privativa de la libertad en abstracto sea superior a tres (3) años y no exceda de seis (6) años;
d) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis (6) años y no exceda de quince (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la intervención colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.
Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 10. — En aquellos supuestos de los artículos 8° y 9° en los que intervenga un (1) solo juez, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los tres (3) Magistrados, según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

Capítulo III

Modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación

ARTÍCULO 11. — Sustitúyese el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984, y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Competencia de la Cámara de Apelación
Artículo 24: La Cámara de Apelación conocerá:
1°) De los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional, de Menores, de Ejecución Penal cuando corresponda en los casos de la suspensión del proceso a prueba, y en lo Penal de Rogatorias.
2°) De los recursos de queja por petición retardada o denegada por los mismos jueces.
3°) De las cuestiones de competencia que se planteen entre ellos.

ARTÍCULO 12. — Sustitúyese el artículo 25 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984, y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Competencia de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
Artículo 25: Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional juzgarán en única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.
Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se integrarán con un (1) solo juez:
1°) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, de este Código.
2°) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
3°) Si se tratare de delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción privada.
4°) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de seis (6) años.
5°) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis (6) años y no exceda de quince (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.
La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos 3° y 4° en los supuestos en los que la pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de los tres (3) años, se regirá por las normas del Libro III, Título II, Capítulos I y III, según corresponda, de este Código.
Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 13. — Sustitúyese el artículo 26 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Competencia del Juez Nacional en lo Criminal y Correccional
Artículo 26: El Juez Nacional en lo Criminal y Correccional investiga los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal, excepto en los supuestos en los que el Ministerio Público Fiscal ejercite la facultad que le otorga el artículo 196.

ARTÍCULO 14. — Sustitúyese el artículo 28 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984, y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Competencia del tribunal de menores
Artículo 28: El tribunal de menores juzgará en única instancia en los delitos cometidos por personas menores de edad al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiesen alcanzado la mayoría de edad al tiempo del juzgamiento, y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años.
Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con un (1) solo juez:
1°) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, de este Código.
2°) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
3°) Si se tratare de delitos cuya pena privativa de la libertad en abstracto sea superior a tres (3) años y no exceda de seis (6) años.
4°) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis (6) años y no exceda de quince (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la intervención colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.
Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 15. — Sustitúyese el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Facultades de la defensa
Artículo 349: Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de seis (6) días:
1°). Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.
2°). Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.
3°). Ejercer la opción, cuando corresponda, para la intervención de un tribunal colegiado o unipersonal, con la conformidad del imputado.
Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres (3) días de vencido el plazo anterior.
Dicho decreto deberá mencionar si el imputado y su defensor se expidieron en los términos del inciso 3° del presente artículo.

ARTÍCULO 16. — Sustitúyese el artículo 351 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Auto de elevación
Artículo 351: El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha, los datos personales del imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal, la parte dispositiva y la información prevista en el artículo 349, último párrafo.
Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada la litis en las demandas, reconvenciones y sus contestaciones.
Si existieren varios imputados, aunque uno solo de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos.

ARTÍCULO 17. — Sustitúyese el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Integración del tribunal. Citación a juicio
Artículo 354: Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.
Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de la causa entre los tres (3) Magistrados, según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.
En caso de excusación o recusación del juez de trámite de la causa, la Secretaría procederá a reasignar la misma sorteando entre los restantes miembros, con igual criterio de equilibrio en la distribución.
Integrado el tribunal, el vocal actuante o el Presidente del Tribunal, según corresponda, citará al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes a fin de que al término de diez (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.
En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será de quince (15) días.

Capítulo IV

Modificaciones a la ley 24.050

ARTÍCULO 18. — Sustitúyese el artículo 2°, de la ley 24.050 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 2°: El Poder Judicial de la Nación, en materia penal, estará integrado por:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) La Cámara Federal de Casación Penal;
c) La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal;
d) Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, en lo Penal Económico, de Menores, en lo Criminal Federal de la Capital Federal y Federales con asiento en las provincias;
e) Las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en lo Penal Económico, en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias;
f) Los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, en lo Penal Económico, de Menores, en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y Federales con asiento en las provincias;
g) Los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal;
h) El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias;
i) Los demás organismos que se establezcan por la ley.

ARTÍCULO 19. — Sustitúyese el artículo 12, de la ley 24.050 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 12: Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal conocerán en los supuestos establecidos por el artículo 25 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 20. — Sustitúyese el artículo 18, de la ley 24.050 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 18: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal será tribunal de alzada en los supuestos previstos en el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.
Estará integrada por dieciséis (16) miembros y funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante.

ARTÍCULO 21. — Sustitúyese el artículo 22, de la ley 24.050 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 22: Los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional conocerán en los casos establecidos en el artículo 26 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.

Capítulo V

Disposiciones Finales

ARTÍCULO 22. — A los efectos de la presente ley, las menciones referidas a los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y a los Juzgados Nacionales en lo Correccional, o a los Tribunales Orales en lo Criminal, incluidas en el artículo 32 del decreto-ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus modificatorias, o en otras normas, se considerarán referidas a los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, respectivamente. Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del decreto-ley citado a los órganos que por esta ley se transforman.

ARTÍCULO 23. — Derógase el artículo 27 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 24. — Derógase el artículo 44 del decreto – ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus modificaciones.

ARTÍCULO 25. — Derógase el artículo 23 de la ley 24.050.

ARTÍCULO 26. — Las causas actualmente en trámite ante los ex Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los ex Juzgados Nacionales en lo Correccional quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentren, los que con la denominación establecida en el primer párrafo del artículo 1° deberán continuar su tramitación, con excepción de lo establecido en el artículo 27.

ARTÍCULO 27. — Las causas que se encuentren en etapa de juicio ante los ex Juzgados Nacionales en lo Correccional se reasignarán mediante sorteo a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, con excepción de aquellas que hubieren cumplido con el trámite del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 28. — Las disposiciones sobre la realización de los juicios unipersonales serán de aplicación a las causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 29. — Las actuales fiscalías y defensorías que se desempeñan ante los ex Juzgados Nacionales en lo Correccional, Juzgados Nacionales de Instrucción y Tribunales Orales en lo Criminal, pasarán a desempeñarse como fiscalías y defensorías ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, respectivamente, tanto en su función de tribunal unipersonal como colegiado, manteniendo sus actuales equipos de trabajo, los que podrán ser reforzados a pedido de los magistrados a cargo de dichas dependencias.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas conducentes para atender las necesidades que la implementación de la presente ley requiera.

ARTÍCULO 30. — Las erogaciones necesarias para la implementación de la presente ley se imputarán al presupuesto correspondiente al Poder Judicial de la Nación previsto para el ejercicio 2016.

ARTÍCULO 31. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 32. — A los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones de la presente ley, el Honorable Congreso de la Nación dotará a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación de los recursos presupuestarios necesarios para concretar su cometido.

ARTÍCULO 33. — La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura.

ARTÍCULO 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27308 —

EMILIO MONZÓ. — FEDERICO PINEDO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

Fecha de publicación 16/11/2016

Publicado 16 noviembre, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina