Archivo para junio 2018

Decreto 601/2018 RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Decreto 601/2018

Modificación. Decreto N° 1/2010.

Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-27105834-APN-DGD#MHA, las Leyes Nros. 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias, 27.346 y 27.430, y el Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que por el Anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias se regula el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), reglamentado mediante el Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010.

Que en el artículo 8° del referido anexo se prevé el encuadramiento de los pequeños contribuyentes en distintas categorías de acuerdo con los ingresos brutos anuales, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente.

Que por el Título II de la Ley N° 27.346 se introdujeron modificaciones al aludido Régimen Simplificado; entre ellas, se sustituyó el citado artículo 8º y se fijaron nuevos valores para el impuesto integrado mensual previsto en el primer párrafo del artículo 11 del mencionado anexo, reincorporándose la categoría A.

Que a través del último párrafo del artículo 3° del Título II de la referida ley se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL readecuaría el anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias, a los efectos de receptar los cambios vinculados a la mención de las categorías, como consecuencia de la reincorporación de la categoría A.

Que mediante el Título V de la Ley N° 27.430 se adecuaron las menciones de las categorías en el anexo de la ley que regula el régimen.

Que por el Título II de la Ley N° 27.346 también se estableció que el valor de la cotización con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) dispuesto en el inciso a) del primer párrafo del artículo 39 del Anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias, sea determinado en función de las categorías en las que se hallen encuadrados los pequeños contribuyentes.

Que por el Título V de la Ley N° 27.430 se redefinió el concepto de pequeño contribuyente, limitándolo a las personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria, a las personas humanas integrantes de ciertas cooperativas de trabajo y a las sucesiones indivisas continuadoras de causantes adheridos al régimen, en este último caso, por un plazo determinado.

Que, a partir de la mencionada redefinición, se excluyeron del régimen a las sociedades de todo tipo.

Que, entre otras modificaciones, se eliminó el requisito de cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia para permanecer en las categorías más altas, se otorgó la posibilidad de importar cosas muebles en tanto no sea para su comercialización posterior y/o servicios con idénticos fines, y se reemplazó el régimen de recategorización cuatrimestral por uno de periodicidad semestral.

Que resulta necesario adecuar la reglamentación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), aprobada por el Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, a los cambios legislativos operados a efectos de lograr una correcta aplicación de tales disposiciones.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE HACIENDA.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Elimínase, en el segundo párrafo del artículo 1° del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, la expresión “no incluida en el mismo”.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase en el artículo 1° del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, como último párrafo, el siguiente:

“Las operaciones a que se hace referencia en el último párrafo del artículo 6° del “Anexo” son las ventas de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecuciones de obra, incluida la actividad primaria, que realicen los pequeños contribuyentes adheridos al régimen.”

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°.- Los socios de sociedades no podrán adherir al régimen por su condición de integrantes de dichas sociedades.”

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°.- De tratarse de locaciones de cosas muebles o inmuebles en condominio, cada condómino podrá adherir en forma individual al régimen en la medida que se verifiquen, a su respecto, las condiciones establecidas en el “Anexo” y en este reglamento, considerando para su adhesión, categorización y recategorización, la parte que le corresponda sobre los parámetros que resulten aplicables. Esta opción sólo será de aplicación si todos los condóminos a los que resulten atribuibles los ingresos provenientes de las mencionadas actividades adhieren en forma individual al régimen, por todas las locaciones del mismo condominio, en las condiciones antes referidas.

Los montos que deban ingresarse como consecuencia de la adhesión al régimen en los términos del párrafo precedente sustituyen el pago del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado originados por las actividades de que se trata, resultando de aplicación, con respecto a éstas, lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6° del “Anexo”.

De tratarse de locaciones de cosas muebles o inmuebles en condominio no adheridas al régimen, los condóminos adheridos por otras actividades deberán dispensar a tales locaciones idéntico tratamiento que el previsto para las participaciones en las utilidades de sociedades.

Las actividades primarias tendrán el tratamiento dispuesto para las ventas de cosas muebles.”

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 8° del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- Las importaciones de bienes para la elaboración de cosas muebles que se comercialicen o para la prestación de servicios con idénticos fines no se encuentran incluidas en el inciso d) del artículo 2º del “Anexo”.

Las importaciones de servicios utilizados en la actividad económica por la que el pequeño contribuyente se halle adherido al régimen no resultan comprendidas en el referido inciso, a menos que se trate de servicios que se contraten para su comercialización.”

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 10 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“c) Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, previstos en la Ley N° 23.966, Título III, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.”

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 12 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 12.- A los efectos de la adhesión, categorización y recategorización en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) no se computarán como ingresos brutos los provenientes de:

a) cargos públicos,

b) trabajos ejecutados en relación de dependencia,

c) jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a alguno de los regímenes nacionales o provinciales,

d) el ejercicio de la dirección, administración y/o conducción de sociedades, y/o

e) las actividades indicadas en el segundo párrafo del artículo 1° de la presente medida.

Respecto de los ingresos señalados precedentemente, deberá cumplirse, de corresponder, con las obligaciones y deberes impositivos y previsionales establecidos por el régimen general vigente.”

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 14 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- La recategorización prevista en el primer párrafo del artículo 9º del “Anexo”, procederá sólo cuando el pequeño contribuyente haya desarrollado sus actividades como mínimo durante UN (1) semestre calendario completo.”

ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el artículo 15 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 15.- La anualización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 del “Anexo”, se efectuará cuando la finalización del período allí aludido coincida con la finalización del período semestral calendario completo en que corresponde la recategorización dispuesta en el artículo 9º del “Anexo”. De no resultar tal coincidencia, se mantendrá la categorización inicial hasta el momento de la primera recategorización.

Cuando de la proyección anual señalada en el párrafo anterior, surja que el sujeto queda excluido del régimen, por haberse superado los límites máximos aplicables conforme la actividad que desarrolla, el pequeño contribuyente permanecerá dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), debiendo encuadrarse -hasta la próxima recategorización semestral-, en la última categoría que corresponda a su actividad (H o K, según el caso).”

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 17 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 17.- A los fines del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se entiende por:

a) Unidad de explotación: entre otras, cada espacio físico (local, establecimiento, oficina, etcétera) donde se desarrolle la actividad y/o cada rodado, cuando este último constituya la actividad por la cual se solicita la adhesión al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) (taxímetros, remises, transporte, etcétera), inmueble en alquiler o cada condominio comprendido en el primer párrafo del artículo 5° de este reglamento del que forma parte el pequeño contribuyente.

b) Actividad económica: las ventas y/o prestaciones de servicios, que se realicen dentro de un mismo espacio físico, así como las actividades desarrolladas fuera de él con carácter complementario, accesorio o afín, como así también las obras y/o locaciones de cosas. Asimismo, reviste el carácter de actividad económica aquella por la que para su realización no se utilice un local o establecimiento.”

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 18 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- La energía eléctrica consumida computable será la que resulte de las facturas cuyos vencimientos hayan operado en los últimos DOCE (12) meses anteriores a la finalización del semestre en que corresponda la recategorización.”

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 27 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- A los fines de la exclusión prevista en el inciso g) del artículo 20 del “Anexo”, los pequeños contribuyentes no deberán tener más de TRES (3) fuentes de ingresos incluidas en el régimen, correspondiendo entender como tales a cada una de las actividades económicas o a cada una de las unidades de explotación afectadas a la actividad. En consecuencia, para determinar las fuentes de ingresos, se deberán sumar en primer término las unidades de explotación y posteriormente las actividades económicas desarrolladas, en la medida en que por estas últimas no se posean unidades de explotación.”

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 52 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 52.- Los pequeños contribuyentes deberán hallarse inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL habilitado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en adelante el “Registro”, a los fines de obtener el beneficio previsto en el último párrafo del artículo 11, en el segundo párrafo del artículo 39 y en el cuarto párrafo del artículo 47, todos del “Anexo”.

También podrán obtener ese tratamiento las personas humanas que integren “Proyectos Productivos o de Servicios” reconocidos por ese Ministerio e inscriptos en el Registro.

Con relación a los sujetos mencionados en este artículo, no corresponderá considerar las magnitudes físicas fijadas en el artículo 8° del “Anexo”.”

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 53 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 53.- Las personas humanas integrantes de los “Proyectos Productivos o de Servicios” referidos en el artículo 52 podrán gozar de los beneficios aludidos en dicho artículo, siempre que por la proporción de los ingresos brutos devengados anuales que les correspondan no superen el importe máximo que establece el artículo 8° del “Anexo” para la categoría A.

Lo previsto en el artículo 6° del “Anexo” resultará de aplicación con respecto al impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado originados por las actividades de que se trate.”

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 54 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 54.- Las personas humanas, en su calidad de efectores individuales o como integrantes de “Proyectos Productivos o de Servicios”, perderán los beneficios previstos en el último párrafo del artículo 11, en el segundo párrafo del artículo 39 y en el cuarto párrafo del artículo 47, todos del “Anexo”, cuando los ingresos brutos que les correspondan, devengados en los últimos DOCE (12) meses, superen la suma máxima que para la categoría “A” establece el artículo 8° del “Anexo”, desde el momento en que esa situación ocurra.”

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 58 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“ARTÍCULO 58.- Cuando los sujetos inscriptos en el “Registro” sean dados de baja de éste, las personas humanas en su calidad de efectores individuales o como integrantes de “Proyectos Productivos o de Servicios” perderán su condición de contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

En el supuesto en que las mencionadas personas continúen con su actividad podrán volver a adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en cualquier momento -en la medida en que cumplan con las condiciones exigidas en el “Anexo”- en la categoría que les corresponda, sin los beneficios previstos en el último párrafo del artículo 11, en el segundo párrafo del artículo 39 y enel cuarto párrafo del artículo 47, todos del “Anexo”.”

ARTÍCULO 17.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 65 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, el siguiente:

“ARTÍCULO….- A todos los efectos previstos en el anexo de la Ley N° 24.977, sus normas modificatorias y complementarias y en este reglamento, toda referencia efectuada a “cotizaciones previsionales fijas” o “cotizaciones fijas” o “cotizaciones mensuales fijas”, deberá entenderse efectuada a “cotizaciones previsionales” o “cotizaciones” o “cotizaciones mensuales”, respectivamente.”

ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el apartado B – SOCIOS DE SOCIEDADES ADHERIDAS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RS) – del Capítulo IV del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, por el siguiente:

“B – ASIGNACIONES FAMILIARES

ARTÍCULO 66.- Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) podrán acceder a las prestaciones previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con las limitaciones y en las condiciones allí reguladas.”

ARTÍCULO 19.- Agrégase como primer artículo sin número del Capítulo VI del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, el siguiente:

“ARTÍCULO….- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS efectuará las actualizaciones dispuestas en el artículo 52 del “Anexo” en enero de cada año, considerando, en cada caso, la variación del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones y normas complementarias, correspondiente al año calendario completo que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.”

ARTÍCULO 20.- Sustitúyense en el Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010, las expresiones “persona física” por “persona humana” y “personas físicas” por “personas humanas”.

ARTÍCULO 21.- Deróganse los artículos 2°, 3°, 7°, 26, 30 y 57 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y el Decreto N° 774 del 7 de julio de 1998.

ARTÍCULO 22.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, establecerá el plazo dentro del cual se considerará cumplida la obligación de recategorización prevista en el primer párrafo del artículo 9° del “Anexo” de la Ley N° 24.977 y sus modificatorias correspondiente al primer semestre calendario de 2018, pudiendo también disponer la confirmación obligatoria de los datos declarados por el pequeño contribuyente en los términos del tercer párrafo del mismo artículo.

ARTÍCULO 23.- Las disposiciones de este decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Nicolás Dujovne

e. 29/06/2018 N° 46674/18 v. 29/06/2018

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Publicado 29 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

BCRAComunicación “A” 6528/2018 Circular OPRAC 1 – 950. LISOL 1 – 800. RUNOR 1 – 1407. Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa. Adecuación.

Comunicación “A” 6528/2018

19/06/2018

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPRAC 1 – 950 – LISOL 1 – 800 – RUNOR 1 – 1407. Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa. Adecuación.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que en función de lo establecido por las Resoluciones N° 154 y 215 de 2018 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción –SEPyME– corresponde actualizar las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”.

En ese orden, les señalamos que se sustituye el punto 1.10. en las normas sobre “Gestión crediticia”, el punto 3.7. en las normas sobre “Clasificación de deudores”, el punto 2.3. en las normas sobre “Graduación del crédito”, el punto 1.4. en las normas sobre “Garantías”, el punto 2.9. en las normas sobre “Fondos de garantía de carácter público”, el punto 2.6. de las normas sobre “Sociedades de garantía recíproca (Art. 80 de la Ley 24.467) ” y el punto 2.4. de las normas sobre “Evaluaciones crediticias” por lo siguiente:

“X.X. El importe a considerar será el nivel máximo del valor de ventas totales anuales para la categoría “Micro” correspondiente al sector “Comercio” que determine la autoridad de aplicación de la Ley 24.467 (y sus modificatorias).”

A ese efecto les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”, “Gestión crediticia”, “Clasificación de deudores”, “Graduación del crédito”, “Garantías”, “Fondos de garantía de carácter público”, “Sociedades de garantía recíproca (Art. 80 de la Ley 24.467)” y “Evaluaciones crediticias”.

Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución http://www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO –Ordenamientos y resúmenes– Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Subgerente de Emisión de Normas – Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “A” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 27/06/2018 N° 45777/18 v. 27/06/2018

Fecha de publicación 27/06/2018

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Publicado 27 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Disposición 26/2018 Acuerdo de reconocimiento bilateral entre el IRAM y CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER

Disposición 26/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° S01:0333871/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar a la población la seguridad y la información en la utilización de los productos que se comercialicen en el país.

Que, en ese sentido, el sistema de certificación por parte de entidades reconocidas por el ESTADO NACIONAL constituye un mecanismo apto para tal fin e internacionalmente adoptado.

Que es función de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, establecer los requisitos esenciales de los mecanismos que garanticen su cumplimiento.

Que resulta conveniente reconocer y propender a la vigencia de acuerdos de reconocimiento recíproco de la totalidad de las funciones inherentes a la certificación, entre entidades nacionales y extranjeras.

Que la Resolución Nº 123 de fecha 3 de marzo de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, faculta a la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, para aprobar los acuerdos de reconocimiento entre organismos de certificación, radicados en el país y reconocidos por este organismo y organismos de certificación radicados en el exterior.

Que, a través de la Resolución Nº 286 de fecha 11 de mayo de 2018 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se delegaron en la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, las competencias referidas a la Ley Nº 22.802, resultando dicha Subsecretaría la autoridad competente para intervenir en la validación de acuerdos de reconocimientos.

Que la Resolución Nº 237 de fecha 23 de octubre de 2000 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, establece que los acuerdos de reconocimiento entre organismos de certificación, radicados en el país y reconocidos por este organismo y organismos de certificación radicados en el exterior, deberán ser validados expresamente por la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que el INSTITUTO ARGENTINO DE CERTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN (IRAM) de la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra reconocido mediante la Disposición Nº 775 de fecha 8 de julio de 1999 de la Dirección Nacional de Comercio Interior para actuar en la aplicación del régimen de certificación obligatoria de equipamiento eléctrico.

Que el INSTITUTO ARGENTINO DE CERTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN (IRAM) de la REPÚBLICA ARGENTINA ha solicitado la validación del convenio bilateral, exclusivamente con la empresa CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA CHINA (CQC).

Que el convenio bilateral mencionado en el considerando precedente, incluye el reconocimiento mutuo de certificados, resultados de ensayos y actividades de vigilancia emitidas o realizadas por los organismos de certificación en cuestión.

Que, el alcance de los servicios de certificación estipulados entre las partes, resulta asociado al empleo del Sistema N° 5 (Marca de Conformidad) según lo definido por el Artículo 1° de la Resolución N° 197/04 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN; bajo Normas IRAM o IEC de requisitos de seguridad o generales (que incluyan aspectos de seguridad) y aplicado solo sobre la categoría de productos especificadas en el convenio bajo análisis.

Que el mencionado acuerdo de reconocimiento bilateral tendrá una validez de DOS (2) años con renovación automática contados desde el acto de validación por parte de esta autoridad, dentro de los esquemas de certificación obligatorios en la REPÚBLICA ARGENTINA de competencia de esta autoridad.

Que el acuerdo presentado satisface los requerimientos establecidos por las Resoluciones Nros 123/99 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y 237/00 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las Resoluciones Nros 123/99 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, 237/00 de la SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR y 286/18 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Valídase el acuerdo de reconocimiento bilateral suscripto entre el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (IRAM) de la REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA CHINA (CQC), obrante en el expediente citado en el Visto, asimismo, déjese constancia que el presente acuerdo tiene validez únicamente con la filial de la empresa CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA CHINA (CQC).

ARTÍCULO 2º.- La validación a que hace referencia el artículo precedente se aplicará a la emisión de certificados en cumplimiento del alcance de los servicios de certificación estipulados entre las partes asociado al empleo del Sistema N° 5 (Marca de Conformidad) según lo definido por el Artículo 1° de la Resolución N° 197 de fecha 29 de diciembre de 2004 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, bajo Normas IRAM o IEC de requisitos de seguridad o generales (que incluyan aspectos de seguridad) y aplicado solo sobre la categoría de productos especificadas en el Anexo que, como IF-2018-24560938-APN-DPCIYC#MP, forma parte integrante de la presente disposición. La misma tendrá una validez de DOS (2) años contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente medida, dentro de los esquemas de certificación obligatorios en la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3º.- La SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se reserva el derecho de revocar la presente validación, o de exigir modificaciones en lo acordado, en el caso que la aplicación del acuerdo vulnere los objetivos básicos de seguridad que fundamentan el régimen mencionado, o la reciprocidad y simetría de los derechos de las partes que lo suscriben.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Ignacio Werner

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Publicado 27 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Ley de Ministerios Decreto 575/2018

Decreto 575/2018

Modificación. Decreto N° 438/1992.

Buenos Aires, 21/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-29469525-APN-DNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, se prevén, entre otros, el MINISTERIO DE HACIENDA, el MINISTERIO DE FINANZAS, el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

Que una de las premisas del Gobierno Nacional es lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente.

Que resulta pertinente efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas.

Que, para ello, deviene menester centralizar en el MINISTERIO DE HACIENDA las actuales competencias del MINISTERIO DE FINANZAS.

Que, asimismo, resulta necesario transferir las competencias en materia de política minera del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA al ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que, por ello, resulta necesario modificar la denominación del actual MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, el que pasará a denominarse MINISTERIO DE ENERGÍA a fin de reflejar adecuadamente sus cometidos.

Que, por otra parte, resulta necesario modificar competencias de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en relación a los proyectos de inversión pública ejecutados a través de contratos de participación público-privada, en los términos de la Ley N° 27.328.

Que la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCION NACIONAL y de acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- El Jefe de Gabinete de Ministros y DIECINUEVE (19) Ministros Secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes:

• Del Interior, Obras Públicas y Vivienda

• De Relaciones Exteriores y Culto

• De Defensa

• De Hacienda

• De Producción

• De Agroindustria

• De Turismo

• De Transporte

• De Justicia y Derechos Humanos

• De Seguridad

• De Trabajo, Empleo y Seguridad Social

• De Desarrollo Social

• De Salud

• De Educación

• De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

• De Cultura

• De Ambiente y Desarrollo Sustentable

• De Modernización

• De Energía”

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese, del artículo 16 del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, correspondiente a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la competencia 30, por la siguiente:

“30. Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública, a excepción de los proyectos ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328”.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 20 del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, por el siguiente:

“Artículo 20.- Compete al MINISTERIO DE HACIENDA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria y financiera, a la administración de las finanzas públicas, a las relaciones económicas, financieras y fiscales con las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

3. Entender en la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos.

4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la asignación de Presupuesto aprobado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y en su ejecución conforme a las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros con la supervisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

5. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro de la Nación.

6. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y aduanero.

7. Entender en lo relativo a los programas vinculados a la administración y liquidación de los bienes, derechos y obligaciones remanentes de las empresas o entidades que hayan sido privatizadas, disueltas o que dejen de operar por cualquier causa.

8. Entender en los aspectos atinentes a la normalización patrimonial del Sector Público Nacional.

9. Entender en la acuñación de monedas e impresión de billetes, timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otros impresos oficiales de similares características.

10. Entender en la legislación de saldos de deudas a cargo de la Administración Nacional.

11. Entender en la programación macroeconómica a corto, mediano y largo plazo y en la orientación de los recursos acorde con la política nacional en materia regional.

12. Participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y servicios públicos, en el ámbito de su competencia.

13. Evaluar los resultados de la política económica nacional y la evolución económica del país.

14. Participar en la conformación y administración de los regímenes de precios índices.

15. Entender en la política monetaria y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

16. Entender en la elaboración y seguimiento de las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional.

17. Entender en lo referido al crédito y a la deuda pública.

18. Supervisar y coordinar las acciones de las entidades financieras oficiales nacionales.

19. Entender en la administración de las participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado posea en sociedades o empresas correspondientes a su órbita.

20. Entender en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, e intervenir en aquellas que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros con la supervisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

21. Participar, en coordinación con las áreas competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en la elaboración del plan de inversión pública y en el análisis de la estructuración financiera en el ámbito de su competencia.

22. Entender en el control de la formulación, en el registro, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328.

23. Entender en el régimen de mercados de capitales.

24. Entender en lo relacionado con el régimen de seguros y reaseguros.

25. Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos descentralizados y empresas del sector público, de los empréstitos públicos por cuenta del Gobierno de la Nación y de otras obligaciones con garantías especiales, o sin ellas, así como entender en las operaciones financieras del mismo tipo que se realicen para necesidades del sector público provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuando se trate de preservar el crédito público de la Nación.

26. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza económica, monetaria y financiera y en el requerimiento de financiamiento y demás relaciones con los organismos monetarios y financieros internacionales.

27. Intervenir en las relaciones con los organismos económicos internacionales.”

ARTÍCULO 4º.- Suprímese el Artículo 20 quinquies del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 20 bis del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, por el siguiente:

“Artículo 20 bis.- Compete al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al desarrollo productivo, a la industria y el comercio, y en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de minería, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

3. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de las áreas que correspondan, en el ámbito de su competencia.

4. Intervenir en la elaboración y ejecución de la política de reembolsos y reintegros a la exportación y aranceles, en el ámbito de su competencia.

5. Intervenir en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de los mismos en su área.

6. Entender en la elaboración del régimen de promoción de actividades industriales, en el ámbito de su competencia.

7. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política nacional de ordenamiento territorial.

8. Entender en la normalización y control de calidad de la producción industrial.

9. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de patentes y marcas y en la legislación concordante.

10. Entender en la definición de la política de fomento de la producción industrial, incluyendo todas las acciones que se efectúen en el país para el fomento, la promoción y organización de muestras, ferias, concursos y misiones que estén destinadas a estimular el intercambio con el exterior.

11. Entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas destinados a la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el ámbito de su competencia.

12. Intervenir en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación vinculados con su competencia.

13. Participar en la administración de las participaciones del Estado en instituciones bancarias, fundaciones y empresas de carácter productivo en el ámbito de su competencia.

14. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en el ámbito de su competencia.

15. Participar en la elaboración de políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las Cooperativas y Mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable con la participación de los sectores involucrados en el ámbito de su competencia.

16. Coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en materia de su competencia;

17. Efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la defensa de la competencia.

18. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para garantizar los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios.

19. Entender en las controversias suscitadas entre consumidores o usuarios y proveedores o prestadores a través de la Auditoría en las Relaciones de Consumo.

20. Supervisar el accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 480/18.

21. Supervisar el accionar de los Tribunales Arbitrales de Defensa del Consumidor.

22. Entender en la normalización, tipificación e identificación de mercaderías y en el régimen de pesas y medidas.

23. Entender en la supervisión de los mercados de la producción de su área, interviniendo en los mismos en los casos en que su funcionamiento perjudique la lealtad comercial, el bienestar de los usuarios y consumidores y el normal desenvolvimiento de la economía de acuerdo a los objetivos del desarrollo nacional.

24. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la inversión;

25. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en coordinación con las áreas competentes.

26. Intervenir, en el ámbito de sus competencias, en la definición de la política comercial en el exterior y en la promoción de la política comercial en el exterior, incluyendo las negociaciones internacionales que correspondan.

27. Entender en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones de carácter económico, oficiales y privadas, en el exterior, en el marco de la política económica global y sectorial que se defina.

28. Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos antidumping y otros instrumentos de regulación del comercio exterior.

29. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de los mismos en su área.

30. Entender en la elaboración y ejecución de la política de inversiones extranjeras.

31. Entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas destinados a la creación de condiciones para mejorar productividad y competitividad, a través de innovaciones y desarrollo de talento emprendedor.

32. Promover una planificación estratégica para el desarrollo y la transformación productiva, diseñando sistemas de información y análisis para el diseño y gestión de las políticas de desarrollo productivo.

33. Entender en la ejecución y seguimiento del impacto de las políticas productivas para el desarrollo de sectores, ramas o cadenas de valor de actividades económicas.

34. Coordinar y generar propuestas para el desarrollo y promoción de empresas de servicios de alto valor agregado.

35. Promover relaciones de cooperación e integración con provincias y municipios, con el fin de promover el desarrollo productivo de las distintas regiones del país.

36. Fortalecer la infraestructura institucional productiva, conformada por organizaciones intermedias y entidades representativas de los sectores productivos.

37. Entender en todo lo referido a la administración de la participación estatal en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

38. Entender en todo lo referido a la administración de la participación estatal en la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional.

39. Entender en la elaboración, ejecución y control de las políticas mineras de la Nación, tendiendo al aprovechamiento, uso racional y desarrollo de los recursos geológicos mineros;

40. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización relativas a la explotación y catastro minero.

41. Entender en la normalización y control de calidad de la producción minera.

42. Ejercer, en el ámbito de su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión relacionadas con la producción minera, así como también hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.

43. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área de su competencia.”

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 23 nonies del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 23 nonies.- Compete al MINISTERIO DE ENERGÍA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

3. Intervenir en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional.

4. Entender en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas.

5. Ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia y de autoridad concedente en relación con las concesiones y habilitaciones previstas en dichas leyes.

6. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias en las áreas de su competencia;

7. Intervenir en la elaboración y ejecución de la política de reembolsos y reintegros a la exportación y aranceles en las áreas de su competencia.

8. Entender en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos del área de su competencia, en la supervisión de los organismos y entes de control de los concesionarios de obra o de servicios públicos.

9. Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias de servicios públicos del área de su competencia, otorgadas por el ESTADO NACIONAL o las provincias acogidas por convenios, a los regímenes federales en la materia.

10. Ejercer, en el ámbito de su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área de su competencia, así como también hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.

11. Entender en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su competencia.

12. Ejercer las atribuciones otorgadas a los órganos del Estado Nacional en la Ley N° 27.007.

13. Participar en la administración de las participaciones del Estado en las sociedades y empresas con actividad en el área de su competencia.

14. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área de su competencia.”

ARTÍCULO 7º.- El MINISTERIO DE HACIENDA es continuador a todos sus efectos del MINISTERIO DE FINANZAS, debiendo considerarse modificada por tal denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese la denominación del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA por la de MINISTERIO DE ENERGÍA, debiendo considerarse modificada por tal denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en primer término, en orden a las competencias asignadas en el artículo 6° del presente Decreto.

ARTÍCULO 9º.- Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de lo establecido en el presente decreto. Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención de las erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida serán atendidas con cargo a los créditos presupuestarios de origen de las mismas.

ARTÍCULO 10.- El presente Decreto entra en vigencia a partir del dictado de la medida.

ARTÍCULO 11.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – José G. Santos – Germán Carlos Garavano – Patricia Bullrich – Alberto Jorge Triaca – Carolina Stanley – José Lino Salvador Barañao – Alejandro Pablo Avelluto – Rogelio Frigerio – Francisco Adolfo Cabrera – Luis Miguel Etchevehere – Guillermo Javier Dietrich – Sergio Alejandro Bergman – Andrés Horacio Ibarra – Juan José Aranguren – Oscar Raul Aguad – Adolfo Luis Rubinstein – Nicolás Dujovne – Jorge Marcelo Faurie – Alejandro Oscar Finocchiaro

e. 22/06/2018 N° 44913/18 v. 22/06/2018

Fecha de publicación 22/06/2018

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Publicado 22 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 166/2018 “Cuota Hilton”

Resolución 166/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-24853775- -APN-DGD#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el “ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994” (en adelante GATT); el “ACUERDO DE MARRAKECH por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO” y el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada”; los Decretos Nros. 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, 444 de fecha 22 de junio de 2017, 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, la Resolución N° RESOL-2017-158-APN-MA de fecha 23 de junio de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, sus modificatorias y reglamentarias y la Resolución N° RESOL-2017-381-APN-MA de fecha 28 de noviembre de 2017 del citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 2°, inciso a) del “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada” se abre un contingente arancelario de importación de carnes bovinas enfriadas deshuesadas de calidad superior originarias de la REPÚBLICA ARGENTINA, por un total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTAS TONELADAS (29.500 t) anuales.

Que mediante el Decreto Nº 444 de fecha 22 de junio de 2017 se estableció que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA será la Autoridad de Aplicación del cupo de cortes enfriados bovinos sin hueso, de calidad superior, conforme al biotipo establecido por la UNIÓN EUROPEA denominado “Cuota Hilton”, encontrándose facultado a dictar el marco normativo para su distribución y asignación.

Que, consecuentemente, se dictó la Resolución N° RESOL-2017-158-APN-MA de fecha 23 de junio de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, sus modificatorias y reglamentarias, por medio de la cual se estableció el régimen jurídico de transición para la asignación y distribución del referido cupo para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.

Que frente a la necesidad de garantizar a los actores del sector cárnico un horizonte de previsibilidad a mediano plazo para las inversiones y la planificación de la producción, que les permita desarrollar una acción exportadora acorde con las exigencias del mercado, resulta pertinente adoptar el régimen para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, estableciéndose por la presente medida los requisitos para acceder y resultar beneficiarios del mismo.

Que en virtud de la experiencia obtenida para el ciclo comercial 2017-2018 y habiéndose registrado un significativo incremento en el porcentaje de ejecución del referido cupo de exportación, con relación al ciclo comercial inmediato anterior, se considera pertinente implementar el régimen para el período comercial 2018-2019.

Que sin perjuicio de ello y de conformidad con las previsiones del Decreto N° 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, deviene necesario rever la normativa dictada a fin de que la regulación para acceder a la distribución de este cupo de exportación resulte simple, clara, precisa y de fácil comprensión.

Que en ese marco, el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra impulsando distintas medidas tendientes a facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado, agilizando sus procedimientos y trámites administrativos, incrementando la transparencia y accesibilidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad administrativa; procediendo, asimismo, destacar que en el ámbito ministerial, a través del dictado de la Resolución N° RESOL-2017-381-APN-MA de fecha 28 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA , se instrumentaron análogos principios y criterios.

Que a tales efectos se dictó el Decreto N° 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, a través del cual se implementa la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como medio de interacción del ciudadano con la Administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que en consecuencia resulta conveniente en esta instancia, simplificar todo aquello que permita mejorar la transparencia, sencillez, apertura y razonabilidad del proceso de distribución de la mencionada Cuota Hilton, así como también eliminar aquellos requisitos que directa o indirectamente impongan barreras o trabas para la exportación de los productos en cuestión.

Que se persigue contemplar las diversas situaciones que pudieren presentarse entre aquellos interesados en participar en la distribución del cupo tarifario para el próximo ciclo comercial.

Que en este sentido, las empresas frigoríficas o proyectos conjuntos entre asociaciones de productos o grupos de exportadores de razas bovinas que hayan participado en el ciclo comercial 2017/2018, podrán solicitar un cupo máximo calculado sobre el tonelaje efectivamente certificado durante el referido período comercial, dentro de los plazos y requisitos previstos en la presente resolución.

Que sin perjuicio de ello, a las empresas y proyectos conjuntos que, al 30 de junio de 2018, no hubieren exportado la totalidad del cupo asignado por la Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA de fecha 22 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se les descontará de la eventual asignación que pudiere corresponderles, la diferencia del tonelaje no exportado,

Que las denominadas Plantas Nuevas y Proyectos Nuevos podrán realizar su solicitud de cupo por el máximo estipulado en la presente norma.

Que, asimismo, podrán solicitar cupo aquellos operadores que habiendo sido adjudicatarios bajo la categoría INDUSTRIA o PROYECTOS CONJUNTOS según lo dispuesto por la citada Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA, hubieren registrado CERO POR CIENTO (0%) de ejecución, no pudiendo exceder en ningún caso los topes fijos máximos establecidos en la presente medida; ello así, a fin de garantizar su participación en la distribución del cupo que nos ocupa.

Que ante el supuesto de producirse volúmenes disponibles por aplicación de los parámetros antes descriptos, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en su carácter de Autoridad de Aplicación, establecerá dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de publicada en el Boletín Oficial la distribución del cupo, el procedimiento para asignar el Fondo de Libre Disponibilidad.

Que oportunamente se incorporará al eventual saldo disponible, el tonelaje que los adjudicatarios manifiesten encontrarse impedidos de cumplir dentro de los plazos que a tal efecto se indican; todo ello, a fin de que se pueda redistribuir cuota entre las distintas empresas y proyectos conjuntos que resultaren beneficiarios y de esta manera procurar la máxima utilización del cupo en cuestión.

Que, asimismo, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA verificará el grado de cumplimiento de las plantas frigoríficas y proyectos conjuntos al 1 de febrero de 2019, por lo que aquellos beneficiarios que no hubieren exportado al menos el SESENTA POR CIENTO (60 %) del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el que integrará el saldo disponible que podrán utilizar los adjudicatarios de la cuota.

Que hasta tanto se evalúen las solicitudes de los interesados, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA podrá autorizar la exportación de anticipos de dicho cupo a quienes cumplan con los requisitos previstos en el presente régimen, a los fines de asegurar un flujo continuado de las exportaciones comprendidas en el mismo y teniendo en miras la dinámica de la cadena comercial del sector.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 493/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 444 de fecha 22 de junio de 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese el presente régimen jurídico para la asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton” de aplicación para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que los interesados en acceder al referido cupo de exportación, deberán efectuar su solicitud ante la Autoridad de Aplicación únicamente mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), a través de la siguiente página web: http://www.tramitesadistancia.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de publicada la presente resolución en el Boletín Oficial, acreditando a tal efecto los requisitos dispuestos por la presente medida, con la documentación que en cada caso se detalla en los Anexos I y II, que registrados con los Nros. IF-2018-28873718-APN-SECMA#MA e IF-2018-28873944-APN-SECMA#MA, forman parte integrante de la presente medida.

Los interesados deben completar, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), el formulario inicial y adjuntar la documentación requerida para cada caso.

Observado ello, se procederá a la asignación de la cuota, como así también a la emisión de los respectivos Certificados de Autenticidad.

ARTÍCULO 3°.- A los fines del presente Régimen se entiende por:

a) INDUSTRIA y PROYECTOS:

i. INDUSTRIA: Es la categoría reservada para la participación de las EMPRESAS o GRUPOS ECONÓMICOS.

ii. PROYECTOS: Es la categoría reservada únicamente para la participación de los PROYECTOS CONJUNTOS, en cualquiera de sus modalidades: Grupos de Productores o Asociaciones de Criadores de Raza Bovina.

b) “CORTES BOVINOS SIN HUESO ENFRIADOS DE CALIDAD SUPERIOR” o “CORTES ESPECIALES” a los siguientes cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo y entraña fina, con las variantes que cada mercado individual prefiera y de conformidad con el biotipo establecido en el Artículo 2, inciso a), del “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada”.

c) “EMPRESA” a toda persona jurídica titular de UNA (1) o más plantas productoras de los cortes a que se refiere el apartado anterior habilitadas por la UNIÓN EUROPEA.

A todo evento se señala que sólo podrán acceder a este cupo tarifario, las empresas legalmente constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA conforme la normativa vigente.

d) “PROYECTO CONJUNTO” al proyecto constituido entre productores de ganado bovino y/o asociaciones de criadores de razas bovinas, y UNA (1) o más plantas frigoríficas exportadoras; bajo cualesquiera de las figuras organizativas habilitadas por la legislación vigente; inscripto, en caso que corresponda, como operador en el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL (RUCA), de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. Se considerará “Proyecto Existente” a aquel que hubiese resultado adjudicatario de “Cuota Hilton” en el último ciclo comercial y “Proyecto Nuevo”, aquel que no reúna dicha condición.

e) “GRUPO ECONÓMICO” se entenderá, con relación al presente contingente arancelario, al conjunto de personas humanas, jurídicas o unidades de producción económicas que estén, con carácter permanente, bajo un poder o control único que regule o condicione la actividad de todas ellas o ejerza una influencia dominante, a través de situaciones de hecho o de derecho, en pos de un objetivo común destinado a articular sus decisiones de abastecimiento al mercado interno o externo.

f) “PLANTAS NUEVAS” se entenderá a las plantas productoras que hubieren sido adquiridas por el solicitante con anterioridad a la distribución de cuota para el presente ciclo comercial, y que cuenten con la habilitación para exportar carnes frescas a la UNIÓN EUROPEA con los requerimientos establecidos en la presente resolución. Asimismo, para realizar su solicitud como planta nueva, no debieron haber sido adjudicatarias de “Cuota Hilton” en ninguno de los DOS (2) ciclos comerciales anteriores a la presente distribución.

Las Plantas Nuevas se clasifican en Ciclo I, Ciclo II y Ciclo Completo entendiéndose como Plantas Ciclo I a aquellos establecimientos que cuentan con las instalaciones necesarias para la faena del animal y que poseen cámara frigorífica; Ciclo II a aquellos establecimientos donde se practica el despiece de los diferentes trozos en que se divide una res y Plantas Ciclo Completo a aquellos establecimientos donde se realizan tanto las actividades de faena como las de posterior despostado e incluso otros procesos industriales con destino al consumo humano.

ARTÍCULO 4°.- Los proyectos nuevos podrán realizar su solicitud de cupo por un máximo de hasta VEINTICINCO TONELADAS (25 t.).

Las plantas nuevas podrán realizar sus solicitudes de cupo por un máximo de hasta TRESCIENTAS TONELADAS (300 t) para las categorías Ciclo I y Ciclo Completo y de hasta DOSCIENTAS TONELADAS (200 t) para las Ciclo II.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que aquellos adjudicatarios de la categoría INDUSTRIA que hubieren registrado CERO POR CIENTO (0 %) de ejecución (certificado) durante el ciclo comercial 2017/2018 de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA de fecha 22 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, podrá solicitar hasta un máximo de CINCUENTA TONELADAS (50 t).

Los adjudicatarios de la categoría PROYECTOS CONJUNTOS que hubieren registrado CERO POR CIENTO (0%) de ejecución (certificado) durante el ciclo comercial 2017/2018, podrán solicitar hasta un máximo de DOCE TONELADAS (12 t).

Los mismos topes indicados en los párrafos precedentes se asignarán en aquellos casos en que lo efectivamente certificado no hubiera alcanzado CINCUENTA TONELADAS (50 t) en el caso de la categoría INDUSTRIA y DOCE TONELADAS (12 t) en el caso de la categoría PROYECTOS CONJUNTOS.

ARTÍCULO 6°.- El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA distribuirá el cupo una vez vencido el plazo otorgado para que los interesados realicen sus solicitudes de cuota, de la siguiente forma:

a) Para los postulantes de ambas categorías que hubieren participado del ciclo comercial 2017/2018 se utilizará como criterio de asignación de la cuota, las toneladas que efectivamente hubieren certificado en dicho ciclo comercial, en un todo de acuerdo con los registros obrantes en el organismo, a menos que resultare de aplicación lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente medida.

Se descontará la diferencia del tonelaje no exportado a las empresas y proyectos conjuntos que no hubieren exportado la totalidad del cupo adjudicado por la citada Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA.

b) Para los postulantes nuevos se utilizará el criterio establecido en el Artículo 4° de la presente medida.

Ante el supuesto de producirse volúmenes disponibles, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de publicado en el Boletín Oficial el acto administrativo de distribución, el organismo establecerá el procedimiento para acceder al Fondo de Libre Disponibilidad.

En el marco de dicho procedimiento, las plantas frigoríficas y proyectos conjuntos que al 1 de febrero de 2019 no hubieren exportado al menos el SESENTA POR CIENTO (60%) del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el cual integrará el referido Fondo de Libre Disponibilidad.

Para la utilización de dicho saldo remanente, sólo podrán participar quienes hayan sido adjudicatarios en la distribución inicial que se prevé en el presente Régimen.

ARTÍCULO 7°.- Todas las empresas adjudicatarias de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad asignado por la UNIÓN EUROPEA a nuestro país para el período 2018/2019, deberán informar mediante nota dirigida a la SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA indefectiblemente hasta el día 15 de febrero de 2019 inclusive, el tonelaje que se encuentren impedidas de cumplir, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción prevista en el Artículo 11 de la presente resolución.

ARTÍCULO 8°. – El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA podrá autorizar, en caso de corresponder, a los efectos de no interrumpir las operaciones del sector, solicitudes de adelantos de exportación respecto del cupo tarifario denominado “Cuota Hilton”, para el período comercial 2018/2019, las cuales no podrán exceder el VEINTE PORCIENTO (20 %) del total de lo certificado por cada empresa frigorífica y/o proyecto conjunto durante el ciclo comercial 2017/2018.

ARTÍCULO 9°. – La mera solicitud de participación y presentación de documentación por ante la Autoridad de Aplicación, como así también el otorgamiento de adelantos previsto en la presente norma, no generará a los beneficiarios el derecho de resultar adjudicatario en el presente ciclo comercial como así tampoco en futuros ciclos comerciales.

ARTÍCULO 10°. – Prohíbase la transferencia de cuota entre empresas que resulten adjudicatarias. No se considerará transferencia o cesión de cuota, su elaboración o producción en cualquiera de las plantas de una misma empresa adjudicataria.

ARTÍCULO 11.- Las exportaciones del cupo de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución deberán llevarse a cabo dentro del período que a tal efecto otorga la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA.

A aquellas empresas que, al 30 de junio de 2019, no hubieren exportado la totalidad del cupo asignado, y no lo resignen dentro del plazo fijado a tal efecto en el Artículo 7° del presente acto, se les descontará de la asignación que pudieren corresponderles de la adjudicación para el próximo ciclo comercial, el tonelaje que no hayan exportado.

ARTÍCULO 12.- El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA verificará en forma previa a la emisión de los Certificados de Autenticidad correspondientes al ciclo comercial 2018/2019, que los adjudicatarios no registren certificados adeudados correspondientes al ciclo comercial anterior.

Aquellas empresas que resultaron adjudicatarias por la citada Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA, deberán, en su caso, regularizar su deuda.

ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación podrá cancelar la emisión de certificados de la cuota correspondiente, a cualquier adjudicatario, asegurándole el derecho de defensa, cuando se encontraren en alguna de las siguientes condiciones:

a) Su titular o persona vinculada a la planta emita, use, o ponga en circulación un certificado falso de los establecidos como requisitos para exportar las distintas cuotas asignadas al país, ya sea en forma íntegra o en cualquiera de sus partes constituyentes; o altere parcial o totalmente uno auténtico.

b) Su titular o persona vinculada a la misma incurriere en alguna acción u omisión, práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de la REPÚBLICA ARGENTINA en el exterior.

La Autoridad de Aplicación podrá, asimismo, disponer la suspensión de la emisión de los Certificados de Autenticidad, mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación podrá suspender la emisión de los Certificados de Autenticidad de la cuota o las cuotas correspondientes a los adjudicatarios, cuando:

a) Se hubiera decretado su quiebra; o se presentara en concurso preventivo y no cumpliere con el acuerdo concursal y/o no cumpliere con sus obligaciones impositivas y previsionales posteriores a la fecha de presentación en concurso.

b) No cumpla con los requisitos previstos en la presente medida.

c) No haya abonado los aranceles correspondientes para la emisión de los Certificados de Autenticidad.

d) Hubieren sido inhabilitados por infracción a la Ley N° 21.740, tanto la adjudicataria como alguna de sus plantas.

e) Su titular perdiere la posesión o tenencia de la planta tenida en cuenta a los efectos de la adjudicación.

En todos los casos contemplados en este artículo, se garantizará al adjudicatario el derecho de formular su descargo.

ARTÍCULO 15.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Luis Miguel Etchevehere

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/06/2018 N° 43753/18 v. 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 489/2018 Estupefacientes y Psicotropos informes de movimientos de sustancias correspondientes al pri mer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018.

Resolución 489/2018

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2018

VISTO el Expediente EX-2018-18370613- -APN-DRATYCUPQ#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley de Ministerios (T.O. Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias; la Ley N° 26.045; los Decretos Nros. 13 del 11 de diciembre de 2015; 15 del 6 de enero de 2016, 342 del 15 de febrero de 2016, 1.095 del 3 de octubre de 1996 y 1.161 del 11 de diciembre de 2000, 974 del 30 de agosto de 2016; las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 162 del 1 de marzo de 2017, 225 del 1 de junio de 2016 y 374 del 19 de agosto de 2016; las Resoluciones SE.DRO.NAR. Nros. 1.111 del 28 de julio de 2011 y 1.797 del 13 de febrero de 201; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 44 de la Ley N° 23.737 dispone “…Las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo Nacional y que deberá mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades registradas…”

Que de conformidad con el artículo 8° de la Ley N° 26.045 “las personas físicas o de existencia ideal y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin personería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, transbordar, y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional de la sustancia que el Poder Ejecutivo determine conforme a lo establecido en el artículo 5° de la presente, deberán con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones, inscribirse en el Registro Nacional”.

Que, así también, el artículo 3° de la citada Ley establece que “La autoridad de aplicación tendrá por objeto ejercer el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de transacción con sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos de la presente ley”.

Que en virtud de las funciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, “Los inscriptos en el Registro Nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la documentación que les sean requeridas a los efectos del contralor que se establece”, conforme establece el artículo 7° de la Ley N° 26.045.

Que, asimismo, el artículo 6° de la Ley N° 26.045 establece: “La autoridad de aplicación está facultada a realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el artículo 1°, la veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias…”.

Que, por su parte, el Registro Nacional de Precursores Químicos debe realizar la inscripción y actualización de los datos referidos a toda persona física o de existencia ideal o cualquier tipo asociativo o societario, con o sin personería jurídica, de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 26.045 y el Decreto N° 1095/96, modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16; fiscalizar y rubricar el registro de inventarios de fabricantes, productores, preparadores, importadores, exportadores y de todos aquellos que realizan cualquier otro tipo de transacción con precursores y productos químicos esenciales; practicar controles de verificación, previo a la inscripción y a la baja registral; recibir la información referida a transacciones de precursores químicos y de productos químicos esenciales que realicen quienes produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, envasen, reenvasen, distribuyan, comercialicen y/o realicen cualquier otro tipo de transacción en los términos de los artículos 6° y 9° del Decreto N° 1095/96, modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16; emitir certificados que amparen las actividades reglamentarias realizadas por las empresas u operadores; procesar la información necesaria para que la Dirección de Evaluación Técnica y Control de Precursores Químicos, pueda aplicar las sanciones administrativas que correspondan, ante la comprobación de los casos de incumplimiento total o parcial de las acciones establecidas en dicha Ley, en sus reglamentaciones o en los Decretos Nros. 1095/96, 1161/00 y 974/16, entre otras.

Que el artículo 11 de la Ley N° 26.045 dispone que la autoridad de aplicación se encuentra facultada para dictar las normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo.

Que el inciso l) del artículo 12 de la Ley N° 26.045 dispone que la autoridad de aplicación tendrá la facultad de organizar procedimientos para procesar la documentación o constancia a que acceda en ejercicio de sus funciones, según la tecnología más apropiada disponible.

Que el artículo 34 del Decreto N° 1095/96 faculta a la autoridad de aplicación para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias tendientes al mejor cumplimento del decreto.

Que la presente medida posee antecedente previo a partir de la Resolución SE.DRO.NAR N° 1111/11, que amplió el plazo indicado en el artículo 6° del Decreto N° 1095/96, para la presentación de los informes de movimiento de sustancias correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2011 y posteriormente en las Resoluciones de este Ministerio N° 374/16 y N° 162/17 para idéntica medida durante el transcurso de los años 2016 y 2017.

Que resulta necesario cubrir mediante el sistema de turnos, dentro del plazo hábil para la presentación de los informes trimestrales, a la totalidad de los operadores inscriptos en el Organismo Registral, para su atención personalizada en la Sede Central.

Que para cumplir con dicho objetivo, deviene oportuno y necesario ampliar el plazo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 1095/96 -modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16- extendiéndolo temporalmente a QUINCE (15) días hábiles, para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018, a fin de optimizar no sólo el servicio de atención personal a cada operador, facilitando la gestión del trámite a los operadores, sino agilizar la posterior carga de los informes trimestrales.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4°, inciso b), apartado 9°, y 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones, el artículo 11 de la Ley N° 26.045 y el artículo 34 del Decreto N° 1095/96 y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ampliase a QUINCE (15) días hábiles el plazo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 1095/96 modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16, para la presentación de los informes de movimientos de sustancias correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Patricia Bullrich

e. 18/06/2018 N° 43624/18 v. 18/06/2018

Fecha de publicación 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Ley 27445 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Actividades Portua rias – Aviación Civil – Tránsito y seguridad vial – Licitaciones en obras públicas

Ley 27445

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

CAPÍTULO I

Actividades Portuarias

Artículo 1°- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:

Artículo 9°: Los puertos y terminales particulares que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren en funcionamiento con autorización precaria otorgada por autoridad competente y conforme a las normas que regulaban la materia, serán definitivamente habilitados por la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional, quien deberá comunicar esta decisión al Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución.

Art. 2°- Sustitúyese el inciso a) del artículo 22 de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:

a) Asesorar a la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional en la habilitación de los puertos conforme a los artículos 5° y 9° de la presente ley.

Art. 3°- Sustitúyese el inciso a) del artículo 23 de la Ley de Actividades Portuarias 24.093, por el siguiente:

a) El régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias. Las sanciones podrán ser: multa pecuniaria de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos dos millones ($ 2.000.000) que actualizará la autoridad de aplicación conforme el índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el INDEC, cese temporario de las operaciones de un (1) día hasta treinta (30) días corridos, suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación; quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el ámbito administrativo así como ante la justicia competente.

Art. 4°- Establécese que los puertos en que el Estado nacional o las provincias sean titulares de dominio y/o se encuentren administrándolos o explotándolos por sí o por terceros con anterioridad a la sanción de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, se tendrán de manera excepcional por debidamente habilitados mediante el dictado del acto administrativo por la autoridad portuaria nacional, siempre que acrediten condiciones de operatividad mediante la presentación ante dicha autoridad de una declaración jurada. Las condiciones de operatividad serán determinadas por la mencionada autoridad mediante acto administrativo. Una vez determinadas las condiciones de operatividad, en el supuesto que la administración no se expida dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles administrativos desde la presentación de la declaración jurada, se tendrá por acreditada dicha circunstancia.

Dicha situación jurídica se establece sin perjuicio de la continuidad de la sujeción de los mentados puertos públicos al poder de policía inherente a la autoridad portuaria nacional y la obligatoriedad de adecuación a recaudos mínimos que se establezcan y al acatamiento de las directivas que, en dicho sentido, se les dirijan.

Art. 5°- Sustitúyese el artículo 6° del decreto-ley 19.492/44, ratificado por la ley 12.980 y modificado por la ley 26.778, por el siguiente:

Artículo 6°: Cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad una zona costera o cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar el servicio correspondiente, queda autorizada la autoridad de rango ministerial en la que actúe la autoridad portuaria nacional, para otorgar permiso precario, en cada caso, a barcos extranjeros para realizarlo, y en tanto subsistan esas circunstancias de fuerza mayor, encontrándose la misma facultada para reglamentar el procedimiento, así como para delegar la mencionada autorización en quien designe.

Trimestralmente la autoridad portuaria nacional deberá informar al Honorable Congreso de la Nación de los permisos precarios que se mencionan en el presente artículo, especificando cada caso, plazos y toda información que se considere relevante.

CAPÍTULO II

Aviación Civil

Art. 6°- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.161, por el siguiente:

Artículo 6°: Créase la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), en la órbita del Ministerio de Transporte, con sujeción al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto, la que tiene por objeto la prestación del servicio público de navegación aérea, de conformidad con los alcances previstos en el artículo 2° de la presente ley.

Art. 7°- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.161, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 16: Una vez constituida, se transfieren a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) las funciones de control operativo de la prestación del servicio público de navegación aérea y la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.

Art. 8°- Derógase el artículo 19 de la ley 27.161.

Art. 9°.- Disuélvese la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

Art. 10.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 22 de la ley 27.161, por el siguiente:

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mediante cartas acuerdo, debe facilitar a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) toda información necesaria tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente ley.

Art. 11.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 27.161, por el siguiente:

Artículo 24: En su carácter de autoridad aeronáutica la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) continúa ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), de conformidad a las normas nacionales y las internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), como prestadora del servicio, planifica y elabora todo lo concerniente a la organización de los espacios aéreos, gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su posterior elevación a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que la supervisa, publica y distribuye nacional e internacionalmente.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) presta los servicios auxiliares a la navegación aérea y garantiza el ofrecimiento de capacitación profesional y técnica a los trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.).

Art. 12.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 28 de la ley 27.161, por el siguiente:

La Unidad Ejecutora de Transferencia culmina su tarea una vez finalizada la transferencia a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) de las funciones de control operativo de la prestación del servicio público de navegación aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.

Art. 13.- Deróganse los incisos a) y c) del Anexo I de la ley 27.161.

Art. 14.- Transfiérense desde la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, las siguientes competencias:

a) La prestación de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y las funciones inherentes a las oficinas de reporte de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO) y del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), en los siguientes aeródromos:

1. Aeródromo de Tandil.

2. Aeródromo de El Palomar.

3. Aeródromo de Reconquista.

4. Aeródromo de Villa Reynolds.

5. Aeródromo de Moreno.

6. Aeródromo de Río Cuarto.

7. Aeródromo de Termas de Río Hondo.

8. Aeródromo de Río Gallegos.

9. Aeródromo de Sauce Viejo.

b) Los siguientes medios para la prestación de los servicios enunciados en los incisos anteriores:

1. Los veintidós (22) Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA) fabricados e instalados por INVAP S.E.

2. El equipamiento CNS que apoya los servicios de tránsito aéreo en los aeródromos enunciados en el inciso a) del presente artículo (comunicaciones tierra-tierra y aire-tierra, radiodifusión, radionavegación, mensajería aeronáutica y cualquier otro equipamiento de apoyo a dichos servicios en los aeródromos referidos).

Art. 15.- La transferencia mencionada en el artículo anterior a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, se efectúa con sus respectivas competencias, cargos, créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.

Art. 16.- Dispónese la comisión de servicios y por el plazo de trescientos sesenta (360) días a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, a la totalidad del personal militar que a la fecha desempeña funciones operativas en los aeródromos mencionados en el inciso a) del artículo 14 de la presente medida, en los mismos lugares y puestos que a la fecha desempeñan. El Ministerio de Transporte podrá prorrogar por el mismo plazo la comisión de servicios prevista en este artículo.

Art. 17.- El personal militar que comience a prestar servicios “en comisión” para la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) quedará bajo la conducción y control funcional de los jefes que dicha empresa designe.

Art. 18.- El Ministerio de Transporte está facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación del presente capítulo.

Art. 19.- Sustitúyese el artículo 516 del Código Aduanero aprobado por la ley 22.415, por el siguiente texto:

Artículo 516: A solicitud del explotador de la aeronave autorizado para operar en transporte aéreo internacional o de sus agentes, el servicio aduanero podrá habilitar, en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que determinare la reglamentación para la respectiva línea aérea, los que podrán ser extraídos de las aeronaves o conducidos a las mismas sin más requisitos que los establecidos para el ejercicio del control aduanero.

Asimismo, a solicitud de la empresa habilitada para prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves, el servicio aduanero podrá habilitar en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que dicha empresa habilitada utiliza para la prestación de los ‘servicios de rampa’ a otras empresas de transporte aéreo nacional y/o internacional a sus agentes.

Trimestralmente el servicio aduanero deberá informar al Honorable Congreso de la Nación de las habilitaciones en depósitos especiales que se mencionan en el presente artículo, especificando cada caso, plazos y toda información que se considere relevante.

CAPÍTULO III

Tránsito y seguridad vial

Art. 20.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:

Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asígnanse las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tendrán a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional.

Facúltase a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a actuar de manera complementaria con los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectados a las tareas de prevención y control de tránsito, conforme a los convenios que a tales efectos se suscriban con las jurisdicciones.

La autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente.

Las exigencias aludidas en el párrafo anterior en ningún caso podrán contener vías de excepción que impliquen un régimen de sanciones administrativas o penales más benigno que el dispuesto en la presente ley y su reglamentación.

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su validez.

Art. 21.- Sustitúyese el inciso o) del artículo 48 de la ley 24.449, por el siguiente:

o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un (1) acoplado, excepto lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola y las unidades conformadas por una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados.

Art. 22.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:

Artículo 53: Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el mismo de modo que:

a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte;

b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica:

1. De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.

2. De veinte (20) años para los de carga.

La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de la calidad de servicio que requiera;

c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta ley, excepto aquellos a que se refiere el artículo 56 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas:

1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.

2. Alto: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas al transporte de pasajeros y cuatro metros con treinta centímetros para las unidades destinadas al transporte de cargas.

3. Largo:

3.1. Camión simple: 13 metros con 20 cm.

3.2. Camión con acoplado: 20 m.

3.3. Camión y ómnibus articulado: 18,60 m.

3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20 m con 50 cm.

3.5. Unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados (Bitrén): 30 m con 25 cm.

3.6. Ómnibus: 15 m. En urbanos el límite puede ser menor en función de la tradición normativa y características de la zona a la que están afectados.

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso mayor al indicado en los siguientes casos:

1. Por eje simple:

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas.

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas.

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:

2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas.

2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas.

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con rodado doble: 25,5 toneladas;

4. En total para una formación normal de vehículos: 75 toneladas; siempre que las configuraciones de vehículos estén debidamente reglamentadas.

5. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: lo que resulte de su configuración de ejes, en configuraciones debidamente reglamentadas.

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros vehículos sobre sí.

e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea igual o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de peso, salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan;

f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo;

g) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle el vehículo;

h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está permitido desarrollar;

i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valgan;

j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las instrucciones necesarias para casos de siniestro;

k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo automotor que no sea de uso particular exclusivo.

Queda expresamente prohibida en todo el territorio nacional la circulación en tráfico de jurisdicción nacional de vehículos de transporte por automotor colectivo de pasajeros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad nacional competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales vigentes relativos al transporte automotor.

La circulación de los vehículos autorizados en el punto 3.5 del inciso c) del presente artículo se limitará a corredores viales definidos por la autoridad de aplicación, garantizando la seguridad vial de todos aquellos que transiten por ellos a través de medidas extra de seguridad y precaución.

Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos anteriores se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la autoridad nacional de transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan.

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin de coordinar el accionar de los organismos de seguridad de las distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente establecido.

Encomiéndase al Ministerio de Transporte la actualización periódica de los valores establecidos en el presente artículo, conforme las nuevas tecnologías y necesidades que se desarrollen en el futuro.

Art. 23.- Incorpórase como inciso z) del artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:

z) La falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito.

Art. 24.- Sustitúyase el inciso e) del artículo 4° de la ley 26.363, por el siguiente:

e) Crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional, y entender en las demás competencias de habilitación que le fueran otorgadas por vía reglamentaria para la circulación automotriz en la República Argentina.

Art. 25.- Incorpórase como inciso z) del artículo 4° de la ley 26.363, el siguiente texto:

z) Ejercer acciones de constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas, autovías nacionales y otros espacios del dominio público nacional.

Art. 26.- Transfiérense las competencias, objetivos y funciones del órgano de control de concesiones viales, órgano desconcentrado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, creado por el decreto 1.994 de fecha 23 de septiembre de 1993, sus modificatorios y complementarios, a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte.

Art. 27.- Establécese que la Dirección Nacional de Vialidad ejercerá las funciones transferidas por el artículo 26 de la presente medida a través de la Coordinación General de Planeamiento y Concesiones.

Art. 28.- Transfiérese la totalidad del personal del órgano de control de concesiones viales, sin importar la modalidad de contratación, a la Dirección Nacional de Vialidad, manteniéndose las actuales condiciones de empleo con sus regímenes, niveles, grados y situación de revista, sin perjuicio de la asignación de otras funciones derivadas de la aplicación de la presente medida.

Art. 29.- Disuélvese el órgano de control de concesiones viales.

Art. 30.- Establécese que la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos de concesiones viales vigentes y de los que se otorgaren en el futuro.

Art. 31.- El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la mencionada transferencia. Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención de la erogación que demande el cumplimiento de la presente ley, se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Dirección Nacional de Vialidad.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transporte, dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente capítulo.

CAPÍTULO IV

Licitaciones en obras públicas

Art. 33.- Deróguense los capítulos IV, V, VI y XVII del decreto de necesidad y urgencia 27/2018 del 10 de enero de 2018.

Art. 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27445 —

MARTA G. MICHETTI – EMILIO MONZO – Eugenio Inchausti – Juan P. Tunessi.

e. 18/06/2018 N° 43762/18 v. 18/06/2018

Fecha de publicación 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina