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Resolución 166/2018 “Cuota Hilton”

Resolución 166/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-24853775- -APN-DGD#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el “ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994” (en adelante GATT); el “ACUERDO DE MARRAKECH por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO” y el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada”; los Decretos Nros. 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, 444 de fecha 22 de junio de 2017, 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, la Resolución N° RESOL-2017-158-APN-MA de fecha 23 de junio de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, sus modificatorias y reglamentarias y la Resolución N° RESOL-2017-381-APN-MA de fecha 28 de noviembre de 2017 del citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 2°, inciso a) del “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada” se abre un contingente arancelario de importación de carnes bovinas enfriadas deshuesadas de calidad superior originarias de la REPÚBLICA ARGENTINA, por un total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTAS TONELADAS (29.500 t) anuales.

Que mediante el Decreto Nº 444 de fecha 22 de junio de 2017 se estableció que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA será la Autoridad de Aplicación del cupo de cortes enfriados bovinos sin hueso, de calidad superior, conforme al biotipo establecido por la UNIÓN EUROPEA denominado “Cuota Hilton”, encontrándose facultado a dictar el marco normativo para su distribución y asignación.

Que, consecuentemente, se dictó la Resolución N° RESOL-2017-158-APN-MA de fecha 23 de junio de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, sus modificatorias y reglamentarias, por medio de la cual se estableció el régimen jurídico de transición para la asignación y distribución del referido cupo para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.

Que frente a la necesidad de garantizar a los actores del sector cárnico un horizonte de previsibilidad a mediano plazo para las inversiones y la planificación de la producción, que les permita desarrollar una acción exportadora acorde con las exigencias del mercado, resulta pertinente adoptar el régimen para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, estableciéndose por la presente medida los requisitos para acceder y resultar beneficiarios del mismo.

Que en virtud de la experiencia obtenida para el ciclo comercial 2017-2018 y habiéndose registrado un significativo incremento en el porcentaje de ejecución del referido cupo de exportación, con relación al ciclo comercial inmediato anterior, se considera pertinente implementar el régimen para el período comercial 2018-2019.

Que sin perjuicio de ello y de conformidad con las previsiones del Decreto N° 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, deviene necesario rever la normativa dictada a fin de que la regulación para acceder a la distribución de este cupo de exportación resulte simple, clara, precisa y de fácil comprensión.

Que en ese marco, el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra impulsando distintas medidas tendientes a facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado, agilizando sus procedimientos y trámites administrativos, incrementando la transparencia y accesibilidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad administrativa; procediendo, asimismo, destacar que en el ámbito ministerial, a través del dictado de la Resolución N° RESOL-2017-381-APN-MA de fecha 28 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA , se instrumentaron análogos principios y criterios.

Que a tales efectos se dictó el Decreto N° 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, a través del cual se implementa la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como medio de interacción del ciudadano con la Administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que en consecuencia resulta conveniente en esta instancia, simplificar todo aquello que permita mejorar la transparencia, sencillez, apertura y razonabilidad del proceso de distribución de la mencionada Cuota Hilton, así como también eliminar aquellos requisitos que directa o indirectamente impongan barreras o trabas para la exportación de los productos en cuestión.

Que se persigue contemplar las diversas situaciones que pudieren presentarse entre aquellos interesados en participar en la distribución del cupo tarifario para el próximo ciclo comercial.

Que en este sentido, las empresas frigoríficas o proyectos conjuntos entre asociaciones de productos o grupos de exportadores de razas bovinas que hayan participado en el ciclo comercial 2017/2018, podrán solicitar un cupo máximo calculado sobre el tonelaje efectivamente certificado durante el referido período comercial, dentro de los plazos y requisitos previstos en la presente resolución.

Que sin perjuicio de ello, a las empresas y proyectos conjuntos que, al 30 de junio de 2018, no hubieren exportado la totalidad del cupo asignado por la Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA de fecha 22 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se les descontará de la eventual asignación que pudiere corresponderles, la diferencia del tonelaje no exportado,

Que las denominadas Plantas Nuevas y Proyectos Nuevos podrán realizar su solicitud de cupo por el máximo estipulado en la presente norma.

Que, asimismo, podrán solicitar cupo aquellos operadores que habiendo sido adjudicatarios bajo la categoría INDUSTRIA o PROYECTOS CONJUNTOS según lo dispuesto por la citada Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA, hubieren registrado CERO POR CIENTO (0%) de ejecución, no pudiendo exceder en ningún caso los topes fijos máximos establecidos en la presente medida; ello así, a fin de garantizar su participación en la distribución del cupo que nos ocupa.

Que ante el supuesto de producirse volúmenes disponibles por aplicación de los parámetros antes descriptos, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en su carácter de Autoridad de Aplicación, establecerá dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de publicada en el Boletín Oficial la distribución del cupo, el procedimiento para asignar el Fondo de Libre Disponibilidad.

Que oportunamente se incorporará al eventual saldo disponible, el tonelaje que los adjudicatarios manifiesten encontrarse impedidos de cumplir dentro de los plazos que a tal efecto se indican; todo ello, a fin de que se pueda redistribuir cuota entre las distintas empresas y proyectos conjuntos que resultaren beneficiarios y de esta manera procurar la máxima utilización del cupo en cuestión.

Que, asimismo, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA verificará el grado de cumplimiento de las plantas frigoríficas y proyectos conjuntos al 1 de febrero de 2019, por lo que aquellos beneficiarios que no hubieren exportado al menos el SESENTA POR CIENTO (60 %) del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el que integrará el saldo disponible que podrán utilizar los adjudicatarios de la cuota.

Que hasta tanto se evalúen las solicitudes de los interesados, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA podrá autorizar la exportación de anticipos de dicho cupo a quienes cumplan con los requisitos previstos en el presente régimen, a los fines de asegurar un flujo continuado de las exportaciones comprendidas en el mismo y teniendo en miras la dinámica de la cadena comercial del sector.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 493/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 444 de fecha 22 de junio de 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese el presente régimen jurídico para la asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton” de aplicación para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que los interesados en acceder al referido cupo de exportación, deberán efectuar su solicitud ante la Autoridad de Aplicación únicamente mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), a través de la siguiente página web: http://www.tramitesadistancia.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de publicada la presente resolución en el Boletín Oficial, acreditando a tal efecto los requisitos dispuestos por la presente medida, con la documentación que en cada caso se detalla en los Anexos I y II, que registrados con los Nros. IF-2018-28873718-APN-SECMA#MA e IF-2018-28873944-APN-SECMA#MA, forman parte integrante de la presente medida.

Los interesados deben completar, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), el formulario inicial y adjuntar la documentación requerida para cada caso.

Observado ello, se procederá a la asignación de la cuota, como así también a la emisión de los respectivos Certificados de Autenticidad.

ARTÍCULO 3°.- A los fines del presente Régimen se entiende por:

a) INDUSTRIA y PROYECTOS:

i. INDUSTRIA: Es la categoría reservada para la participación de las EMPRESAS o GRUPOS ECONÓMICOS.

ii. PROYECTOS: Es la categoría reservada únicamente para la participación de los PROYECTOS CONJUNTOS, en cualquiera de sus modalidades: Grupos de Productores o Asociaciones de Criadores de Raza Bovina.

b) “CORTES BOVINOS SIN HUESO ENFRIADOS DE CALIDAD SUPERIOR” o “CORTES ESPECIALES” a los siguientes cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo y entraña fina, con las variantes que cada mercado individual prefiera y de conformidad con el biotipo establecido en el Artículo 2, inciso a), del “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada”.

c) “EMPRESA” a toda persona jurídica titular de UNA (1) o más plantas productoras de los cortes a que se refiere el apartado anterior habilitadas por la UNIÓN EUROPEA.

A todo evento se señala que sólo podrán acceder a este cupo tarifario, las empresas legalmente constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA conforme la normativa vigente.

d) “PROYECTO CONJUNTO” al proyecto constituido entre productores de ganado bovino y/o asociaciones de criadores de razas bovinas, y UNA (1) o más plantas frigoríficas exportadoras; bajo cualesquiera de las figuras organizativas habilitadas por la legislación vigente; inscripto, en caso que corresponda, como operador en el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL (RUCA), de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. Se considerará “Proyecto Existente” a aquel que hubiese resultado adjudicatario de “Cuota Hilton” en el último ciclo comercial y “Proyecto Nuevo”, aquel que no reúna dicha condición.

e) “GRUPO ECONÓMICO” se entenderá, con relación al presente contingente arancelario, al conjunto de personas humanas, jurídicas o unidades de producción económicas que estén, con carácter permanente, bajo un poder o control único que regule o condicione la actividad de todas ellas o ejerza una influencia dominante, a través de situaciones de hecho o de derecho, en pos de un objetivo común destinado a articular sus decisiones de abastecimiento al mercado interno o externo.

f) “PLANTAS NUEVAS” se entenderá a las plantas productoras que hubieren sido adquiridas por el solicitante con anterioridad a la distribución de cuota para el presente ciclo comercial, y que cuenten con la habilitación para exportar carnes frescas a la UNIÓN EUROPEA con los requerimientos establecidos en la presente resolución. Asimismo, para realizar su solicitud como planta nueva, no debieron haber sido adjudicatarias de “Cuota Hilton” en ninguno de los DOS (2) ciclos comerciales anteriores a la presente distribución.

Las Plantas Nuevas se clasifican en Ciclo I, Ciclo II y Ciclo Completo entendiéndose como Plantas Ciclo I a aquellos establecimientos que cuentan con las instalaciones necesarias para la faena del animal y que poseen cámara frigorífica; Ciclo II a aquellos establecimientos donde se practica el despiece de los diferentes trozos en que se divide una res y Plantas Ciclo Completo a aquellos establecimientos donde se realizan tanto las actividades de faena como las de posterior despostado e incluso otros procesos industriales con destino al consumo humano.

ARTÍCULO 4°.- Los proyectos nuevos podrán realizar su solicitud de cupo por un máximo de hasta VEINTICINCO TONELADAS (25 t.).

Las plantas nuevas podrán realizar sus solicitudes de cupo por un máximo de hasta TRESCIENTAS TONELADAS (300 t) para las categorías Ciclo I y Ciclo Completo y de hasta DOSCIENTAS TONELADAS (200 t) para las Ciclo II.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que aquellos adjudicatarios de la categoría INDUSTRIA que hubieren registrado CERO POR CIENTO (0 %) de ejecución (certificado) durante el ciclo comercial 2017/2018 de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA de fecha 22 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, podrá solicitar hasta un máximo de CINCUENTA TONELADAS (50 t).

Los adjudicatarios de la categoría PROYECTOS CONJUNTOS que hubieren registrado CERO POR CIENTO (0%) de ejecución (certificado) durante el ciclo comercial 2017/2018, podrán solicitar hasta un máximo de DOCE TONELADAS (12 t).

Los mismos topes indicados en los párrafos precedentes se asignarán en aquellos casos en que lo efectivamente certificado no hubiera alcanzado CINCUENTA TONELADAS (50 t) en el caso de la categoría INDUSTRIA y DOCE TONELADAS (12 t) en el caso de la categoría PROYECTOS CONJUNTOS.

ARTÍCULO 6°.- El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA distribuirá el cupo una vez vencido el plazo otorgado para que los interesados realicen sus solicitudes de cuota, de la siguiente forma:

a) Para los postulantes de ambas categorías que hubieren participado del ciclo comercial 2017/2018 se utilizará como criterio de asignación de la cuota, las toneladas que efectivamente hubieren certificado en dicho ciclo comercial, en un todo de acuerdo con los registros obrantes en el organismo, a menos que resultare de aplicación lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente medida.

Se descontará la diferencia del tonelaje no exportado a las empresas y proyectos conjuntos que no hubieren exportado la totalidad del cupo adjudicado por la citada Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA.

b) Para los postulantes nuevos se utilizará el criterio establecido en el Artículo 4° de la presente medida.

Ante el supuesto de producirse volúmenes disponibles, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de publicado en el Boletín Oficial el acto administrativo de distribución, el organismo establecerá el procedimiento para acceder al Fondo de Libre Disponibilidad.

En el marco de dicho procedimiento, las plantas frigoríficas y proyectos conjuntos que al 1 de febrero de 2019 no hubieren exportado al menos el SESENTA POR CIENTO (60%) del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el cual integrará el referido Fondo de Libre Disponibilidad.

Para la utilización de dicho saldo remanente, sólo podrán participar quienes hayan sido adjudicatarios en la distribución inicial que se prevé en el presente Régimen.

ARTÍCULO 7°.- Todas las empresas adjudicatarias de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad asignado por la UNIÓN EUROPEA a nuestro país para el período 2018/2019, deberán informar mediante nota dirigida a la SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA indefectiblemente hasta el día 15 de febrero de 2019 inclusive, el tonelaje que se encuentren impedidas de cumplir, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción prevista en el Artículo 11 de la presente resolución.

ARTÍCULO 8°. – El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA podrá autorizar, en caso de corresponder, a los efectos de no interrumpir las operaciones del sector, solicitudes de adelantos de exportación respecto del cupo tarifario denominado “Cuota Hilton”, para el período comercial 2018/2019, las cuales no podrán exceder el VEINTE PORCIENTO (20 %) del total de lo certificado por cada empresa frigorífica y/o proyecto conjunto durante el ciclo comercial 2017/2018.

ARTÍCULO 9°. – La mera solicitud de participación y presentación de documentación por ante la Autoridad de Aplicación, como así también el otorgamiento de adelantos previsto en la presente norma, no generará a los beneficiarios el derecho de resultar adjudicatario en el presente ciclo comercial como así tampoco en futuros ciclos comerciales.

ARTÍCULO 10°. – Prohíbase la transferencia de cuota entre empresas que resulten adjudicatarias. No se considerará transferencia o cesión de cuota, su elaboración o producción en cualquiera de las plantas de una misma empresa adjudicataria.

ARTÍCULO 11.- Las exportaciones del cupo de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución deberán llevarse a cabo dentro del período que a tal efecto otorga la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA.

A aquellas empresas que, al 30 de junio de 2019, no hubieren exportado la totalidad del cupo asignado, y no lo resignen dentro del plazo fijado a tal efecto en el Artículo 7° del presente acto, se les descontará de la asignación que pudieren corresponderles de la adjudicación para el próximo ciclo comercial, el tonelaje que no hayan exportado.

ARTÍCULO 12.- El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA verificará en forma previa a la emisión de los Certificados de Autenticidad correspondientes al ciclo comercial 2018/2019, que los adjudicatarios no registren certificados adeudados correspondientes al ciclo comercial anterior.

Aquellas empresas que resultaron adjudicatarias por la citada Resolución N° RESOL-2017-271-APN-MA, deberán, en su caso, regularizar su deuda.

ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación podrá cancelar la emisión de certificados de la cuota correspondiente, a cualquier adjudicatario, asegurándole el derecho de defensa, cuando se encontraren en alguna de las siguientes condiciones:

a) Su titular o persona vinculada a la planta emita, use, o ponga en circulación un certificado falso de los establecidos como requisitos para exportar las distintas cuotas asignadas al país, ya sea en forma íntegra o en cualquiera de sus partes constituyentes; o altere parcial o totalmente uno auténtico.

b) Su titular o persona vinculada a la misma incurriere en alguna acción u omisión, práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de la REPÚBLICA ARGENTINA en el exterior.

La Autoridad de Aplicación podrá, asimismo, disponer la suspensión de la emisión de los Certificados de Autenticidad, mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación podrá suspender la emisión de los Certificados de Autenticidad de la cuota o las cuotas correspondientes a los adjudicatarios, cuando:

a) Se hubiera decretado su quiebra; o se presentara en concurso preventivo y no cumpliere con el acuerdo concursal y/o no cumpliere con sus obligaciones impositivas y previsionales posteriores a la fecha de presentación en concurso.

b) No cumpla con los requisitos previstos en la presente medida.

c) No haya abonado los aranceles correspondientes para la emisión de los Certificados de Autenticidad.

d) Hubieren sido inhabilitados por infracción a la Ley N° 21.740, tanto la adjudicataria como alguna de sus plantas.

e) Su titular perdiere la posesión o tenencia de la planta tenida en cuenta a los efectos de la adjudicación.

En todos los casos contemplados en este artículo, se garantizará al adjudicatario el derecho de formular su descargo.

ARTÍCULO 15.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Luis Miguel Etchevehere

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/06/2018 N° 43753/18 v. 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 489/2018 Estupefacientes y Psicotropos informes de movimientos de sustancias correspondientes al pri mer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018.

Resolución 489/2018

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2018

VISTO el Expediente EX-2018-18370613- -APN-DRATYCUPQ#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley de Ministerios (T.O. Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias; la Ley N° 26.045; los Decretos Nros. 13 del 11 de diciembre de 2015; 15 del 6 de enero de 2016, 342 del 15 de febrero de 2016, 1.095 del 3 de octubre de 1996 y 1.161 del 11 de diciembre de 2000, 974 del 30 de agosto de 2016; las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 162 del 1 de marzo de 2017, 225 del 1 de junio de 2016 y 374 del 19 de agosto de 2016; las Resoluciones SE.DRO.NAR. Nros. 1.111 del 28 de julio de 2011 y 1.797 del 13 de febrero de 201; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 44 de la Ley N° 23.737 dispone “…Las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo Nacional y que deberá mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades registradas…”

Que de conformidad con el artículo 8° de la Ley N° 26.045 “las personas físicas o de existencia ideal y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin personería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, transbordar, y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional de la sustancia que el Poder Ejecutivo determine conforme a lo establecido en el artículo 5° de la presente, deberán con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones, inscribirse en el Registro Nacional”.

Que, así también, el artículo 3° de la citada Ley establece que “La autoridad de aplicación tendrá por objeto ejercer el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de transacción con sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos de la presente ley”.

Que en virtud de las funciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, “Los inscriptos en el Registro Nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la documentación que les sean requeridas a los efectos del contralor que se establece”, conforme establece el artículo 7° de la Ley N° 26.045.

Que, asimismo, el artículo 6° de la Ley N° 26.045 establece: “La autoridad de aplicación está facultada a realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el artículo 1°, la veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias…”.

Que, por su parte, el Registro Nacional de Precursores Químicos debe realizar la inscripción y actualización de los datos referidos a toda persona física o de existencia ideal o cualquier tipo asociativo o societario, con o sin personería jurídica, de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 26.045 y el Decreto N° 1095/96, modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16; fiscalizar y rubricar el registro de inventarios de fabricantes, productores, preparadores, importadores, exportadores y de todos aquellos que realizan cualquier otro tipo de transacción con precursores y productos químicos esenciales; practicar controles de verificación, previo a la inscripción y a la baja registral; recibir la información referida a transacciones de precursores químicos y de productos químicos esenciales que realicen quienes produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, envasen, reenvasen, distribuyan, comercialicen y/o realicen cualquier otro tipo de transacción en los términos de los artículos 6° y 9° del Decreto N° 1095/96, modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16; emitir certificados que amparen las actividades reglamentarias realizadas por las empresas u operadores; procesar la información necesaria para que la Dirección de Evaluación Técnica y Control de Precursores Químicos, pueda aplicar las sanciones administrativas que correspondan, ante la comprobación de los casos de incumplimiento total o parcial de las acciones establecidas en dicha Ley, en sus reglamentaciones o en los Decretos Nros. 1095/96, 1161/00 y 974/16, entre otras.

Que el artículo 11 de la Ley N° 26.045 dispone que la autoridad de aplicación se encuentra facultada para dictar las normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo.

Que el inciso l) del artículo 12 de la Ley N° 26.045 dispone que la autoridad de aplicación tendrá la facultad de organizar procedimientos para procesar la documentación o constancia a que acceda en ejercicio de sus funciones, según la tecnología más apropiada disponible.

Que el artículo 34 del Decreto N° 1095/96 faculta a la autoridad de aplicación para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias tendientes al mejor cumplimento del decreto.

Que la presente medida posee antecedente previo a partir de la Resolución SE.DRO.NAR N° 1111/11, que amplió el plazo indicado en el artículo 6° del Decreto N° 1095/96, para la presentación de los informes de movimiento de sustancias correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2011 y posteriormente en las Resoluciones de este Ministerio N° 374/16 y N° 162/17 para idéntica medida durante el transcurso de los años 2016 y 2017.

Que resulta necesario cubrir mediante el sistema de turnos, dentro del plazo hábil para la presentación de los informes trimestrales, a la totalidad de los operadores inscriptos en el Organismo Registral, para su atención personalizada en la Sede Central.

Que para cumplir con dicho objetivo, deviene oportuno y necesario ampliar el plazo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 1095/96 -modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16- extendiéndolo temporalmente a QUINCE (15) días hábiles, para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018, a fin de optimizar no sólo el servicio de atención personal a cada operador, facilitando la gestión del trámite a los operadores, sino agilizar la posterior carga de los informes trimestrales.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4°, inciso b), apartado 9°, y 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones, el artículo 11 de la Ley N° 26.045 y el artículo 34 del Decreto N° 1095/96 y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ampliase a QUINCE (15) días hábiles el plazo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 1095/96 modificado por los Decretos N° 1161/00 y N° 974/16, para la presentación de los informes de movimientos de sustancias correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Patricia Bullrich

e. 18/06/2018 N° 43624/18 v. 18/06/2018

Fecha de publicación 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Ley 27445 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Actividades Portua rias – Aviación Civil – Tránsito y seguridad vial – Licitaciones en obras públicas

Ley 27445

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

CAPÍTULO I

Actividades Portuarias

Artículo 1°- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:

Artículo 9°: Los puertos y terminales particulares que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren en funcionamiento con autorización precaria otorgada por autoridad competente y conforme a las normas que regulaban la materia, serán definitivamente habilitados por la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional, quien deberá comunicar esta decisión al Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución.

Art. 2°- Sustitúyese el inciso a) del artículo 22 de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:

a) Asesorar a la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional en la habilitación de los puertos conforme a los artículos 5° y 9° de la presente ley.

Art. 3°- Sustitúyese el inciso a) del artículo 23 de la Ley de Actividades Portuarias 24.093, por el siguiente:

a) El régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias. Las sanciones podrán ser: multa pecuniaria de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos dos millones ($ 2.000.000) que actualizará la autoridad de aplicación conforme el índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el INDEC, cese temporario de las operaciones de un (1) día hasta treinta (30) días corridos, suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación; quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el ámbito administrativo así como ante la justicia competente.

Art. 4°- Establécese que los puertos en que el Estado nacional o las provincias sean titulares de dominio y/o se encuentren administrándolos o explotándolos por sí o por terceros con anterioridad a la sanción de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, se tendrán de manera excepcional por debidamente habilitados mediante el dictado del acto administrativo por la autoridad portuaria nacional, siempre que acrediten condiciones de operatividad mediante la presentación ante dicha autoridad de una declaración jurada. Las condiciones de operatividad serán determinadas por la mencionada autoridad mediante acto administrativo. Una vez determinadas las condiciones de operatividad, en el supuesto que la administración no se expida dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles administrativos desde la presentación de la declaración jurada, se tendrá por acreditada dicha circunstancia.

Dicha situación jurídica se establece sin perjuicio de la continuidad de la sujeción de los mentados puertos públicos al poder de policía inherente a la autoridad portuaria nacional y la obligatoriedad de adecuación a recaudos mínimos que se establezcan y al acatamiento de las directivas que, en dicho sentido, se les dirijan.

Art. 5°- Sustitúyese el artículo 6° del decreto-ley 19.492/44, ratificado por la ley 12.980 y modificado por la ley 26.778, por el siguiente:

Artículo 6°: Cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad una zona costera o cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar el servicio correspondiente, queda autorizada la autoridad de rango ministerial en la que actúe la autoridad portuaria nacional, para otorgar permiso precario, en cada caso, a barcos extranjeros para realizarlo, y en tanto subsistan esas circunstancias de fuerza mayor, encontrándose la misma facultada para reglamentar el procedimiento, así como para delegar la mencionada autorización en quien designe.

Trimestralmente la autoridad portuaria nacional deberá informar al Honorable Congreso de la Nación de los permisos precarios que se mencionan en el presente artículo, especificando cada caso, plazos y toda información que se considere relevante.

CAPÍTULO II

Aviación Civil

Art. 6°- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.161, por el siguiente:

Artículo 6°: Créase la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), en la órbita del Ministerio de Transporte, con sujeción al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto, la que tiene por objeto la prestación del servicio público de navegación aérea, de conformidad con los alcances previstos en el artículo 2° de la presente ley.

Art. 7°- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.161, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 16: Una vez constituida, se transfieren a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) las funciones de control operativo de la prestación del servicio público de navegación aérea y la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.

Art. 8°- Derógase el artículo 19 de la ley 27.161.

Art. 9°.- Disuélvese la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

Art. 10.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 22 de la ley 27.161, por el siguiente:

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mediante cartas acuerdo, debe facilitar a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) toda información necesaria tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente ley.

Art. 11.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 27.161, por el siguiente:

Artículo 24: En su carácter de autoridad aeronáutica la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) continúa ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), de conformidad a las normas nacionales y las internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), como prestadora del servicio, planifica y elabora todo lo concerniente a la organización de los espacios aéreos, gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su posterior elevación a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que la supervisa, publica y distribuye nacional e internacionalmente.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) presta los servicios auxiliares a la navegación aérea y garantiza el ofrecimiento de capacitación profesional y técnica a los trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.).

Art. 12.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 28 de la ley 27.161, por el siguiente:

La Unidad Ejecutora de Transferencia culmina su tarea una vez finalizada la transferencia a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) de las funciones de control operativo de la prestación del servicio público de navegación aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.

Art. 13.- Deróganse los incisos a) y c) del Anexo I de la ley 27.161.

Art. 14.- Transfiérense desde la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, las siguientes competencias:

a) La prestación de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y las funciones inherentes a las oficinas de reporte de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO) y del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), en los siguientes aeródromos:

1. Aeródromo de Tandil.

2. Aeródromo de El Palomar.

3. Aeródromo de Reconquista.

4. Aeródromo de Villa Reynolds.

5. Aeródromo de Moreno.

6. Aeródromo de Río Cuarto.

7. Aeródromo de Termas de Río Hondo.

8. Aeródromo de Río Gallegos.

9. Aeródromo de Sauce Viejo.

b) Los siguientes medios para la prestación de los servicios enunciados en los incisos anteriores:

1. Los veintidós (22) Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA) fabricados e instalados por INVAP S.E.

2. El equipamiento CNS que apoya los servicios de tránsito aéreo en los aeródromos enunciados en el inciso a) del presente artículo (comunicaciones tierra-tierra y aire-tierra, radiodifusión, radionavegación, mensajería aeronáutica y cualquier otro equipamiento de apoyo a dichos servicios en los aeródromos referidos).

Art. 15.- La transferencia mencionada en el artículo anterior a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, se efectúa con sus respectivas competencias, cargos, créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.

Art. 16.- Dispónese la comisión de servicios y por el plazo de trescientos sesenta (360) días a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, a la totalidad del personal militar que a la fecha desempeña funciones operativas en los aeródromos mencionados en el inciso a) del artículo 14 de la presente medida, en los mismos lugares y puestos que a la fecha desempeñan. El Ministerio de Transporte podrá prorrogar por el mismo plazo la comisión de servicios prevista en este artículo.

Art. 17.- El personal militar que comience a prestar servicios “en comisión” para la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) quedará bajo la conducción y control funcional de los jefes que dicha empresa designe.

Art. 18.- El Ministerio de Transporte está facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación del presente capítulo.

Art. 19.- Sustitúyese el artículo 516 del Código Aduanero aprobado por la ley 22.415, por el siguiente texto:

Artículo 516: A solicitud del explotador de la aeronave autorizado para operar en transporte aéreo internacional o de sus agentes, el servicio aduanero podrá habilitar, en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que determinare la reglamentación para la respectiva línea aérea, los que podrán ser extraídos de las aeronaves o conducidos a las mismas sin más requisitos que los establecidos para el ejercicio del control aduanero.

Asimismo, a solicitud de la empresa habilitada para prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves, el servicio aduanero podrá habilitar en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que dicha empresa habilitada utiliza para la prestación de los ‘servicios de rampa’ a otras empresas de transporte aéreo nacional y/o internacional a sus agentes.

Trimestralmente el servicio aduanero deberá informar al Honorable Congreso de la Nación de las habilitaciones en depósitos especiales que se mencionan en el presente artículo, especificando cada caso, plazos y toda información que se considere relevante.

CAPÍTULO III

Tránsito y seguridad vial

Art. 20.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:

Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asígnanse las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tendrán a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional.

Facúltase a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a actuar de manera complementaria con los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectados a las tareas de prevención y control de tránsito, conforme a los convenios que a tales efectos se suscriban con las jurisdicciones.

La autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente.

Las exigencias aludidas en el párrafo anterior en ningún caso podrán contener vías de excepción que impliquen un régimen de sanciones administrativas o penales más benigno que el dispuesto en la presente ley y su reglamentación.

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su validez.

Art. 21.- Sustitúyese el inciso o) del artículo 48 de la ley 24.449, por el siguiente:

o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un (1) acoplado, excepto lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola y las unidades conformadas por una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados.

Art. 22.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:

Artículo 53: Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el mismo de modo que:

a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte;

b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica:

1. De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.

2. De veinte (20) años para los de carga.

La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de la calidad de servicio que requiera;

c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta ley, excepto aquellos a que se refiere el artículo 56 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas:

1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.

2. Alto: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas al transporte de pasajeros y cuatro metros con treinta centímetros para las unidades destinadas al transporte de cargas.

3. Largo:

3.1. Camión simple: 13 metros con 20 cm.

3.2. Camión con acoplado: 20 m.

3.3. Camión y ómnibus articulado: 18,60 m.

3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20 m con 50 cm.

3.5. Unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados (Bitrén): 30 m con 25 cm.

3.6. Ómnibus: 15 m. En urbanos el límite puede ser menor en función de la tradición normativa y características de la zona a la que están afectados.

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso mayor al indicado en los siguientes casos:

1. Por eje simple:

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas.

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas.

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:

2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas.

2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas.

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con rodado doble: 25,5 toneladas;

4. En total para una formación normal de vehículos: 75 toneladas; siempre que las configuraciones de vehículos estén debidamente reglamentadas.

5. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: lo que resulte de su configuración de ejes, en configuraciones debidamente reglamentadas.

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros vehículos sobre sí.

e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea igual o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de peso, salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan;

f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo;

g) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle el vehículo;

h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está permitido desarrollar;

i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valgan;

j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las instrucciones necesarias para casos de siniestro;

k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo automotor que no sea de uso particular exclusivo.

Queda expresamente prohibida en todo el territorio nacional la circulación en tráfico de jurisdicción nacional de vehículos de transporte por automotor colectivo de pasajeros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad nacional competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales vigentes relativos al transporte automotor.

La circulación de los vehículos autorizados en el punto 3.5 del inciso c) del presente artículo se limitará a corredores viales definidos por la autoridad de aplicación, garantizando la seguridad vial de todos aquellos que transiten por ellos a través de medidas extra de seguridad y precaución.

Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos anteriores se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la autoridad nacional de transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan.

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin de coordinar el accionar de los organismos de seguridad de las distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente establecido.

Encomiéndase al Ministerio de Transporte la actualización periódica de los valores establecidos en el presente artículo, conforme las nuevas tecnologías y necesidades que se desarrollen en el futuro.

Art. 23.- Incorpórase como inciso z) del artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:

z) La falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito.

Art. 24.- Sustitúyase el inciso e) del artículo 4° de la ley 26.363, por el siguiente:

e) Crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional, y entender en las demás competencias de habilitación que le fueran otorgadas por vía reglamentaria para la circulación automotriz en la República Argentina.

Art. 25.- Incorpórase como inciso z) del artículo 4° de la ley 26.363, el siguiente texto:

z) Ejercer acciones de constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas, autovías nacionales y otros espacios del dominio público nacional.

Art. 26.- Transfiérense las competencias, objetivos y funciones del órgano de control de concesiones viales, órgano desconcentrado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, creado por el decreto 1.994 de fecha 23 de septiembre de 1993, sus modificatorios y complementarios, a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte.

Art. 27.- Establécese que la Dirección Nacional de Vialidad ejercerá las funciones transferidas por el artículo 26 de la presente medida a través de la Coordinación General de Planeamiento y Concesiones.

Art. 28.- Transfiérese la totalidad del personal del órgano de control de concesiones viales, sin importar la modalidad de contratación, a la Dirección Nacional de Vialidad, manteniéndose las actuales condiciones de empleo con sus regímenes, niveles, grados y situación de revista, sin perjuicio de la asignación de otras funciones derivadas de la aplicación de la presente medida.

Art. 29.- Disuélvese el órgano de control de concesiones viales.

Art. 30.- Establécese que la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos de concesiones viales vigentes y de los que se otorgaren en el futuro.

Art. 31.- El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la mencionada transferencia. Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención de la erogación que demande el cumplimiento de la presente ley, se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Dirección Nacional de Vialidad.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transporte, dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente capítulo.

CAPÍTULO IV

Licitaciones en obras públicas

Art. 33.- Deróguense los capítulos IV, V, VI y XVII del decreto de necesidad y urgencia 27/2018 del 10 de enero de 2018.

Art. 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27445 —

MARTA G. MICHETTI – EMILIO MONZO – Eugenio Inchausti – Juan P. Tunessi.

e. 18/06/2018 N° 43762/18 v. 18/06/2018

Fecha de publicación 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Ley 27446 SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL #argentina

Ley 27446

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CAPÍTULO I

Firma digital. Gestión documental electrónica

Artículo 1°.- Deróganse los artículos 4°, 18, 28, 35 y 36 de la ley 25.506.

Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 10: Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 27: Sistema de auditoría. La autoridad de aplicación diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente licenciante.

Art. 4°.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 29: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Modernización.

Art. 5°.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de la ley 25.506, por el siguiente:

b) Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de firma digital.

Art. 6°.- Sustitúyese el artículo 34 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 34: Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías previstas en la presente ley.

Art. 7°.- Establécese que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, expedientes electrónicos, comunicaciones oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el sector público nacional, las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, poderes judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco Central de la República Argentina, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el sector público nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.

Art. 8°.- Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la ley 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE–.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera

Art. 9°.- Sustitúyese el inciso 3 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente.

Art. 10.- Derógase el inciso 4 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias.

Art. 11.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.

Art. 12.– Sustitúyese el inciso c) del artículo 21 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto en el punto 1 del artículo 5° de la ley 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud de los fondos.

Art. 13.- Sustitúyese el artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 21 bis: Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la presente ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.

1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:

a) Identificarlos mediante la información, y en su caso la documentación, que se requiera conforme las normas que dicte la Unidad de Información Financiera y que se pueda obtener de ellos o de fuentes confiables e independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido.

La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado, el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo asociado a éstos y su operatoria.

En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control.

Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.

A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones.

En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto.

Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que los riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo se administren con eficacia y resulten esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad.

En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; teniendo en consideración un enfoque basado en riesgo.

Cuando se tratare de personas expuestas políticamente, deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de detectar posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria;

b) Determinar el origen y licitud de los fondos;

c) Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma física o digital, por un plazo mínimo de cinco (5) años; debiendo permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a disposición de la Unidad de Información Financiera y/o de las autoridades competentes cuando éstas lo requieran;

d) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada;

e) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.

2. Asimismo, los sujetos obligados deberán:

a) Registrarse ante la Unidad de Información Financiera;

b) Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgo;

c) Designar oficiales de cumplimiento, que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte esa unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad.

En el caso que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.

Las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación.

Art. 14.- Deróguense los capítulos XI, XV, XVI y XX del decreto de necesidad y urgencia 27/2018 del 10 de enero de 2018.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27446 —

MARTA G. MICHETTI – EMILIO MONZO – Eugenio Inchausti – Juan P. Tunessi

e. 18/06/2018 N° 43761/18 v. 18/06/2018

Fecha de publicación 18/06/2018

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Publicado 18 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución General 3/2018 Declárase inhábil el día 17 de mayo de 2018 a los fines del cómputo de los plazo s procesales administrativas

Resolución General 3/2018

Buenos Aires, 06/06/2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el día 17 de mayo de 2018, razones de fuerza mayor imposibilitaron el normal desenvolvimiento y cumplimiento de las funciones y tareas en la sede de la Comisión Arbitral.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 27 del Reglamento Procesal para la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria –Resolución C.P. Nº 32/2015–.

Por ello,

LA COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase inhábil el día 17 de mayo de 2018 a los fines del cómputo de los plazos procesales en todas las actuaciones administrativas que tramitan ante los organismos de aplicación del Convenio Multilateral del 18.08.77, sin perjuicio de la validez de los actos que se hubieren realizado.

ARTÍCULO 2º.-. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas y archívese. Roberto José Arias – Fernando Mauricio Biale.

e. 14/06/2018 N° 42803/18 v. 14/06/2018

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Publicado 14 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 338/2018 Lealtad Comercial – Seguridad Eléctrica – Transferencia de titularidad de certificados – Mo dificaciones

Resolución 338/2018

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2018

VISTO el Expediente EX -2018-22721900- -APN-DGD#MP, las Leyes Nros. 22.802 y 24.240, y sus modificatorias, la Resolución Nº 282 de fecha 29 de diciembre de 2014 SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, las Resoluciones Nros 171 de fecha 5 de julio de 2016, 207 de fecha 17 de marzo de 2017, 169 de fecha 27 de marzo de 2018, todas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, el inciso b) del Artículo 12 de la Ley Nº 22.802 faculta a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir los productos o servicios que no se encuentren regidos por otras leyes.

Que el Artículo 5º de la Ley Nº 24.240 establece que, “las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”.

Que, por medio de la Resolución Nº 169 de fecha 27 de marzo de 2018 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se derogó la Resolución Nº 171 de fecha 5 de julio de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y se aprobó el nuevo régimen de seguridad eléctrica para el equipamiento eléctrico de baja tensión que se comercialice en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, el Artículo 12 de la Resolución Nº 169/18 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, pretende facilitar y reducir los costos resultantes de la transferencia de los certificados de seguridad de producto, previendo los requisitos a cumplir para dicho supuesto.

Que, por otra parte, mediante la Resolución Nº 169/18, se derogó la Resolución Nº 207 de fecha 17 de marzo de 2017 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la cual autorizaba la utilización de instrumentos públicos y privados con fecha cierta como requisito para la validez de las transferencias de los certificados emitidos por los organismos de certificación reconocidos por la entonces Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de la SUBSECRETARÍA DECOMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que, en vista de lo anterior, resulta necesario restablecer una redacción similar de forma tal que la derogación de la Resolución Nº 207/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, no afecte al Régimen Simplificado de Transferencias y Extensiones de Certificados.

Que la Resolución N° 282 de fecha 29 de diciembre de 2014 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, establece que, en el marco de los regímenes de certificación establecidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO conforme a los incisos b) y c) del Artículo 12 de la Ley N° 22.802, las transferencias de titularidad de los certificados emitidos por los organismos de certificación reconocidos por la entonces Dirección Nacional Comercio Interior, para que tengan efecto legal deberán realizarse mediante escritura pública, la cual deberá ser presentada por el nuevo titular ante la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para su intervención, al momento de presentar el formulario “c” o su equivalente, que la habilita a la importación y comercialización de los productos certificados.

Que, en lo concerniente a la transferencia y extensión de certificados, resulta conveniente que la Resolución Nº 169/18 remita a la Resolución Nº 282/14 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO, según es modificada por la presente medida, ya que esta última es aplicable a todos los regímenes de certificación de la SECRETARÍA DE COMERCIO, logrando así homogeneidad en el tratamiento de dichos temas.

Que es necesario aclarar qué efectos generará la vigilancia del certificado extendido por parte del titular de dicho certificado respecto de los terceros beneficiarios de la extensión.

Que el inciso a) del Artículo 33 de la Resolución Nº 169/18 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, referente a Disposiciones Transitorias prevé la forma en que serán computados los nuevos plazos de vigilancia de los certificados para aquellos certificados vigentes al momento de entrada en vigencia de la mencionada resolución.

Que resulta conveniente modificar la redacción del citado artículo de forma tal que la transición entre el régimen de vigilancia previsto en la Resolución Nº 171/16 al nuevo régimen previsto en la Resolución Nº 169/18 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO, resulte lo más armoniosa y sencilla posible.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 24.240, y 22.802 y el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 12 de la Resolución Nº 169 de fecha 27 de marzo de 2018 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 12.- Transferencia o extensión de certificado de seguridad de producto. Para los casos de transferencia o extensión del certificado de seguridad de producto, será de aplicación lo previsto en los Artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 282/14 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Sin perjuicio de ello, en el caso de las extensiones, el procedimiento de vigilancia del equipamiento eléctrico certificado podrá ser cumplimentado solo por el titular del certificado, bajo condición que el equipamiento eléctrico de baja tensión sea de la misma marca comercial, que se utilice el Sistema de Certificación Nº 5 y que esté previsto en el instrumento donde figura la extensión”.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el inciso a) del Artículo 33 de la Resolución Nº 169/18 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 33.- Disposiciones Transitorias:

a) Las previsiones del Artículo 10 de la presente resolución relativas a vigilancia de equipamiento eléctrico certificado, serán también de aplicación al equipamiento eléctrico comprendido en el Artículo 8º de la presente medida, que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución ya se encuentre certificado. En dichos supuestos, los plazos de vigilancia previstos en el Artículo 10 de la presente resolución serán aplicables a partir de la próxima actividad de vigilancia de dicho equipamiento”.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 282 de fecha 29 de diciembre de 2014 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º – Establécese que en el marco de los Regímenes de Certificación establecidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, conforme a los incisos b) y c) del Artículo 12 de la Ley Nº 22.802, las transferencias de titularidad de los certificados emitidos por los Organismos de Certificación reconocidos por la autoridad competente, podrán realizarse mediante instrumento público o privado con fecha cierta, para lo cual se tendrá por válida la fecha de certificación de firmas por un escribano público o por una entidad bancaria, y deberán ser presentados por el nuevo titular ante la Dirección de Lealtad Comercial de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada por Decreto Nº 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, al momento de tramitar el permiso de comercialización o constancia similar que habilita a la importación y comercialización de los productos certificados.

La transferencia de la titularidad del certificado efectuada conforme lo indicado en el párrafo anterior, deberá incluir la transferencia de las “extensiones” existentes del certificado transferido, indicando todos los datos que identifique/n el/los receptor/es de la/s misma/s y su alcance.

En su caso, y cuando se requiera exhibir el certificado de seguridad de producto, el cumplimiento de dicha obligación se acreditará con el certificado vigente otorgado a favor del transmitente y el instrumento referido en los párrafos anteriores, sin que resulte necesaria la emisión de un nuevo certificado en su reemplazo”.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el Artículo 2º de la Resolución Nº 282/14 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Establécese que, en el marco de los Regímenes de Certificación establecidos por la SECRETARÍA DE COMERCIO, conforme a los incisos b) y c) del Artículo 12 de la Ley Nº 22.802, las “extensiones” de derechos otorgadas por su titular a favor de otra/s persona/s física/s o jurídica/s de los certificados emitidos por los Organismos de Certificación reconocidos por la autoridad competente, deberán realizarse mediante instrumento público o privado con fecha cierta, para lo cual se tendrá por válida la fecha de certificación de firmas por un escribano público o por una entidad bancaria, el que deberá ser presentado por el receptor de la “extensión” ante la Dirección de Lealtad Comercial, por medio de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada por Decreto Nº 1.063/16 al momento de tramitar el permiso de comercialización o constancia similar que habilita a la importación y comercialización de los productos certificados.

En su caso, y cuando se requiera exhibir el certificado de seguridad de producto, el cumplimiento de dicha obligación se acreditará con copia del certificado vigente otorgado a favor del transmitente y el instrumento referido en el párrafo anterior, sin que resulte necesario la emisión de un nuevo certificado en su reemplazo”.

ARTÍCULO 5º.- La presente medida comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Miguel Braun

e. 08/06/2018 N° 40754/18 v. 08/06/2018

Fecha de publicación 08/06/2018

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Publicado 8 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución General 4261 Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención.

Resolución General 4261

Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención. Pluriempleo. Resolución General N° 4.003-E, sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria.

ARTÍCULO 1°.- Los beneficiarios de las ganancias comprendidas en el Artículo 1° de la Resolución General N° 4.003-E, sus modificatorias y complementarias, que hubieran percibido durante el período fiscal 2017 sueldos u otras remuneraciones de personas o entidades que no hayan sido designadas como agentes de retención, quedarán exceptuados -por única vez- de dar cumplimiento a las obligaciones de determinación anual e ingreso del impuesto a las ganancias en los plazos, formas y condiciones establecidos en la Resolución General Nº 975, sus modificatorias y complementarias, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de aquélla, en caso de haberse producido alguna de las siguientes situaciones:

a) El beneficiario no informó dichos sueldos o remuneraciones, así como las deducciones respectivas, a través del formulario de declaración jurada F. 572 Web conforme lo dispuesto por el punto 1. del inciso b) del Artículo 11 de la Resolución General N° 4.003-E, sus modificatorias y complementarias.

b) Habiendo informado las otras rentas y sus correspondientes deducciones, el importe determinado en la liquidación anual del referido período fiscal no fue retenido en su totalidad, en los términos establecidos por el último párrafo del inciso a) del Artículo 21 de la citada norma.

ARTÍCULO 2°.- El impuesto que debe pagar el beneficiario de las rentas como consecuencia de las situaciones aludidas en el artículo precedente, se ingresará hasta el 22 de junio de 2018 mediante la transferencia electrónica de fondos establecida por la Resolución General N° 1.778, su modificatoria y sus complementarias, a cuyo efecto se generará el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP) utilizando el código de Impuesto-Concepto-Subconcepto: 011-043-043.

A tales fines, los sujetos mencionados en el inciso a) del artículo anterior, podrán efectuar la liquidación del impuesto a las ganancias en papeles de trabajo incorporando a la liquidación anual recibida del agente de retención designado, las otras rentas y deducciones no informadas, a efectos de determinar la diferencia de impuesto resultante.

ARTÍCULO 3°.- La declaración jurada informativa del impuesto a las ganancias prevista en el inciso b) del Artículo 14 de la Resolución General N° 4.003-E, sus modificatorias y complementarias, correspondiente al período fiscal 2017, deberá ser presentada por los contribuyentes comprendidos en esta norma aún cuando el importe de sus rentas gravadas, exentas y/o no alcanzadas obtenidas en dicho año fiscal, resulte inferior a UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.-), reflejando la liquidación efectuada en papeles de trabajo conforme lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 2°.

ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro German Cuccioli

e. 08/06/2018 N° 41114/18 v. 08/06/2018

Fecha de publicación 08/06/2018

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Publicado 8 junio, 2018 por Faba Expres - Argentina - en Argentina