Resolución 701/2017 Dumping – Ventiladores de mesa, de pared y turbo y ventilador de pie (NCM 8414.51.10, 8 414.51.90 y 8414.59.90), de CHINA – Cierre de examen – Fija derecho antidumping definitivo

Resolución 701/2017

ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre del examen que se llevara a cabo mediante el expediente citado en el Visto para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ventiladores de mesa, de pared y turbo, con motor eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica, con y sin timer, cualquiera sea el diámetro de sus aspas y cualquiera sea su potencia, y ventilador de pie, con motor eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica, cualquiera sea el diámetro de sus aspas, con y sin timer, cualquiera sea su potencia y con y sin pie extensible, y cualquier combinación que pueda existir entre ventiladores de pie, pared y de mesa, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8414.51.10, 8414.51.90 y 8414.59.90.

ARTÍCULO 2º.- Fíjase a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto indicado en el Artículo 1° de la presente medida, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación de CIENTO SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (164 %).

ARTÍCULO 3º.- Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el Artículo 1º de la presente resolución, el importador deberá abonar un derecho antidumping AD VALOREM calculado sobre el valor FOB declarado, establecido en el Artículo 2° de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, que las operaciones de importación que se despachen a plaza de las mercaderías descriptas en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al régimen de control de origen no preferencial en los términos de lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 2º de la Resolución Nº 763 de fecha 7 de junio de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 5°.- El requerimiento al que se hace referencia en el artículo anterior, se ajustará a las condiciones y modalidades dispuestas por las Resoluciones Nros. 763/96 y 381 de fecha 1 de noviembre de 1996, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus normas complementarias y disposiciones aduaneras que las reglamentan.

ARTÍCULO 6°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008.

ARTÍCULO 7°.- La presente resolución comenzará a regir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Francisco Adolfo Cabrera.

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Publicado 1 diciembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Resolución 509-E/2017 Prohíbase el tránsito de vehículos motorizados por cualquier camino, senda, sendero o huella no perteneciente a la red vial nacional o provincial, o por zonas silvestr es desprovistas de sendas, en todas las áreas administradas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Resolución 509-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/11/2017

VISTO la Resolución H.D. N° 29 de fecha 25 de marzo de 1996 por la cual se reglamentó la circulación de vehículos motorizados del tipo “todo terreno”, en jurisdicción de esta Administración, cuyas actuaciones han recaído en el Expediente Nº 965/1993, y

CONSIDERANDO:

Que a través del acto resolutivo citado en el Visto, se ha prohibido el tránsito de vehículos motorizados del tipo “todo terreno” por caminos secundarios no perteneciente a la red vial nacional o provincial, en sendas o senderos de cualquier clase y en zonas silvestres desprovistas de sendas, estableciendo la excepciones pertinentes.

Que asimismo, en el Artículo 6º de dicha Resolución, se establecieron los montos correspondientes a las multas, aplicables a los infractores de dicha normativa, en función a los siguientes criterios: i) Primera infracción PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-), ii) Primera reincidencia PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y iii) Segunda reincidencia PESOS UN MIL ($ 1.000.-).

Que tales valores fueron fijados en montos fijos en moneda de curso legal y no se actualizan desde el año 1996, cuestión que actualmente desvirtúa la finalidad disuasoria de las sanciones.

Que la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares ha solicitado mediante Nota Nº 318/2016 (a fs. 68) la revisión de dichos montos.

Que en este mismo sentido se ha expedido también la Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego, conforme surge de su misiva glosada a fs. 76/77.

Que a los fines de propiciar la actualización aquí tratada, se ha estimado conveniente remitirse a situaciones análogas o similares para resguardar un criterio lógico de aplicación.

Que por lo expuesto, resulta oportuno remitirse a la Ley N° 24.449 “Ley de Tránsito”, la cual en su Artículo 84 -Multas-, establece que el valor de las mismas deberá determinarse a través de Unidades Fijas (U.F.).

Que en ese sentido, se ha observado la conveniencia de establecer los montos de las sanciones en unidades, instaurando así un mecanismo de ajuste que permita su continua actualización, logrando así la celeridad, economía, sencillez y eficacia que debe perseguir la Administración Pública.

Que los derechos de acceso a las distintas áreas protegidas conforman una unidad asimilable a las requeridas por este tipo de mecanismo, conformando así una metodología de actualización de dichos montos, estableciendo para ello una cantidad determinada de Derechos de Acceso (DA), sobre la base del derecho de acceso general del Parque Nacional Los Glaciares.

Que dichos Derechos de Acceso se encuentran actualmente establecidos por la Resolución H.D. N° 385/2016 y/o la normativa que lo actualice, modifique y/o reemplace.

Que la Dirección de Concesiones ha elaborado un análisis tendiente a establecer el recálculo de los valores oportunamente establecidos, mencionados en el Considerando que precede, a los fines de obtener el valor actualizado de los mismos a enero del corriente.

Que con basamento en dicho análisis se ha estimado conveniente actualizar los montos emanados del Artículo 6º de la Resolución H.D. Nº 29/1996, quedando fijados los mismos según la siguiente cantidad de Derechos de Acceso general del Parque Nacional Los Glaciares: i) Primera infracción DOS (2) derechos de acceso; ii) Primera reincidencia CINCO (5) Derechos de Acceso y iii) Segunda reincidencia NUEVE (9) Derechos de Acceso, manteniendo así la proporcionalidad entre las distintas categorías de las sanciones.

Que también resulta oportuno ampliar el alcance de la reglamentación a cualquier tipo de vehículo, no sólo los “todo terreno”, y a cualquier tipo de senda o traza no habilitada para el uso del público general.

Que por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución H.D. Nº 29/1996, y establecer un nuevo régimen sancionatorio.

Que la Unidad de Auditoría Interna, las Direcciones Nacionales de Operaciones, de Conservación y de Uso Público, las Direcciones de Concesiones y de Coordinación Operativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos f) y w), de la Ley Nº 22.351.

Por ello,

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución H.D. N° 29 de fecha 25 de marzo de 1996, conforme lo expuesto en los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Prohíbase el tránsito de vehículos motorizados por cualquier camino, senda, sendero o huella no perteneciente a la red vial nacional o provincial, o por zonas silvestres desprovistas de sendas, en todas las áreas administradas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 3º.- Exceptúase de la prohibición impuesta por el Artículo 2° de la presente a todos aquellos vehículos oficiales en ejercicio de sus funciones específicas y a todo vehículo expresamente autorizado por esta Administración, ya sea por Disposición de la Intendencia, Resolución del Presidente o del Honorable Directorio del Organismo.

ARTÍCULO 4º.- Establécese que los Infractores, conforme lo establecido en el Artículo 2° de la presente, serán sancionados de acuerdo a la siguiente tipificación: Primera infracción, multa equivalente al valor de DOS (2) Derechos de Acceso (DA) general del Parque Nacional Los Glaciares; Primera reincidencia, Secuestro preventivo y multa equivalente al valor de CINCO (5) Derechos de Acceso (DA) general del Parque Nacional Los Glaciares; Segunda reincidencia, Secuestro preventivo y multa equivalente al valor de NUEVE (9) Derechos de Acceso (DA) general del Parque Nacional Los Glaciares; Tercera reincidencia y posteriores, Secuestro preventivo, multa máxima prevista y sanción a resolver por el Presidente del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, según la gravedad de la infracción cometida, en razón de las facultades conferidas por los Artículos 28 y 29 de Ley Nº 22.351.

ARTÍCULO 5º.- Tomen conocimiento la Unidad de Auditoría Interna, las Direcciones Nacionales de Operaciones, de Uso Público y de Conservación, las Direcciones Generales de Administración y de Asuntos Jurídicos y las Direcciones de Coordinación Operativa y de Concesiones. Comuníquese a todas las dependencias del Organismo. Por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones dése la presente Resolución a publicación por UN (1) día a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese a todas las Intendencias, Direcciones y/o Coordinaciones Regionales. Cumplido, y con las debidas constancias, gírense las actuaciones a la Dirección de Concesiones.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Pablo Federico Galli Villafañe, Vocal. — Roberto María Brea, Vocal. — Gerardo Sergio Bianchi, Vocal. — Emiliano Ezcurra Estrada, Vicepresidente. — Eugenio Indalecio Breard, Presidente.

e. 30/11/2017 N° 93097/17 v. 30/11/2017

Fecha de publicación 30/11/2017

Publicado 1 diciembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

RESPONSABILIDAD PENAL Ley 27401 Objeto y alcance.#argentina

RESPONSABILIDAD PENAL

Ley 27401

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto y alcance. La presente ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes delitos:

a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;

b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal;

c) Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal;

d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;

e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

ARTÍCULO 2°.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.

También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita.

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella.

ARTÍCULO 3°.- Responsabilidad sucesiva. En los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.

Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

ARTÍCULO 4°.- Extinción de la acción. La acción penal contra la persona jurídica sólo se extinguirá por las causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del artículo 59 del Código Penal.

La extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia de la acción penal contra la persona jurídica.

ARTÍCULO 5°.- Prescripción de la acción. La acción penal respecto de las personas jurídicas prescribe a los seis (6) años de la comisión del delito.

A tal fin serán aplicables las reglas de suspensión e interrupción de la acción penal que prevé el Código Penal.

ARTÍCULO 6°.- Independencia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condenada aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica.

ARTÍCULO 7°.- Penas. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán las siguientes:

1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;

2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;

3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;

4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;

5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere;

6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

ARTÍCULO 8°.- Graduación de la pena. Para graduar las penas previstas en el artículo 7° de la presente ley, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito; la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes; la extensión del daño causado; el monto de dinero involucrado en la comisión del delito; el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna; el comportamiento posterior; la disposición para mitigar o reparar el daño y la reincidencia.

Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona jurídica sea sancionada por un delito cometido dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria anterior.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por los incisos 2) y 4) del artículo 7° de la presente ley.

El juez podrá disponer el pago de la multa en forma fraccionada durante un período de hasta cinco (5) años cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago pusiere en peligro la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de trabajo.

No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal.

ARTÍCULO 9°.- Exención de pena. Quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna;

b) Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito;

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.

ARTÍCULO 10.- Decomiso. En todos los casos previstos en esta ley serán de aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en el Código Penal.

ARTÍCULO 11.- Situación procesal de la persona jurídica. La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento, en cuanto le sean aplicables.

ARTÍCULO 12.- Notificaciones. Cuando la persona jurídica no se hubiera presentado al proceso, las notificaciones se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio que se conozca.

ARTÍCULO 13.- Representación. La persona jurídica será representada por su representante legal o por cualquier persona con poder especial para el caso, otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que se trate, debiendo designar en cualquier caso abogado defensor. En caso de no hacerlo se le designará el defensor público que por turno corresponda.

El representante deberá informar el domicilio de la entidad y constituir domicilio procesal en la primera presentación. A partir de entonces, las notificaciones a la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.

En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante. Si la sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada, y podrá interrumpir el proceso dentro del límite de los plazos procesales correspondientes.

La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos cumplidos por su anterior representante.

Las facultades, número e intervención de los defensores que la asistan se regirán por las disposiciones procesales correspondientes.

ARTÍCULO 14.- Rebeldía. En caso de incomparecencia a la citación, la persona jurídica será declarada rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal.

El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de Justicia o autoridad equivalente en las jurisdicciones locales, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Registro Nacional de Reincidencia, a sus efectos.

Además, deberá disponer de inmediato todas las medidas cautelares necesarias para asegurar la oportuna continuación y finalidad del proceso, de conformidad con el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.

ARTÍCULO 15.- Conflicto de intereses. Abandono de la representación. Si se detectare la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona designada como representante, se intimará a aquella para que lo sustituya.

ARTÍCULO 16.- Acuerdo de Colaboración Eficaz. La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se obligue a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.

El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.

ARTÍCULO 17.- Confidencialidad de la negociación. La negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial, siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el Capítulo III, del Título V, del Libro Segundo del Código Penal.

ARTÍCULO 18.- Contenido del acuerdo. En el acuerdo se identificará el tipo de información, o datos a brindar o pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio Público Fiscal, bajo las siguientes condiciones:

a) Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo establecido en el artículo 7° inciso 1) de la presente ley;

b) Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito; y

c) Abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena; Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran acordarse según las circunstancias del caso:

d) Realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado;

e) Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad;

f) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo;

g) Implementar un programa de integridad en los términos de los artículos 22 y 23 de la presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente.

ARTÍCULO 19.- Forma y control judicial del acuerdo de colaboración. El acuerdo se realizará por escrito. Llevará la firma del representante legal de la persona jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal, y será presentado ante el juez, quien evaluará la legalidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación, observación o rechazo.

ARTÍCULO 20.- Rechazo del acuerdo de colaboración. Si el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase o fuese rechazado por el juez, la información y las pruebas aportadas por la persona jurídica durante la negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán ser empleadas judicialmente, excepto cuando el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido conocimiento de ellas de forma independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz de un curso de investigación existente en la causa con anterioridad al acuerdo.

ARTÍCULO 21.- Control del cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz. Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el Ministerio Público Fiscal o el juez corroborarán la verosimilitud y utilidad de la información que hubiera proporcionado la persona jurídica en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.

Si se corroborare la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada, la sentencia deberá respetar las condiciones establecidas en el acuerdo, no pudiendo imponerse otras penas.

En caso contrario, el juez dejará sin efecto el acuerdo y el proceso continuará de acuerdo a las reglas generales.

ARTÍCULO 22.- Programa de Integridad. Las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.

El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 23.- Contenido del Programa de Integridad. El Programa de Integridad deberá contener, conforme a las pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo precedente, al menos los siguientes elementos:

a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;

b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;

c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.

Asimismo también podrá contener los siguientes elementos:

I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;

II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia;

III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;

IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias;

V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta;

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial;

VII. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas;

VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;

IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad;

X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica.

ARTÍCULO 24.- Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que:

a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a Ministro; y

b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto delegado N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos.

ARTÍCULO 25.- Registro Nacional de Reincidencia. El Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación registrará las condenas que recayeran por los delitos previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 26.- Competencia. El juez competente para entender en la aplicación de penas a las personas jurídicas será el competente para entender en el delito por cuya comisión sea imputable la persona humana.

ARTÍCULO 27.- Aplicación complementaria. La presente ley es complementaria del Código Penal.

ARTÍCULO 28.- Aplicación supletoria. En los casos de competencia nacional y federal alcanzados por la presente ley, será de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.

Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los lineamientos de la presente ley.

ARTÍCULO 29.- Sustitúyese el artículo 1° del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 1°: Este Código se aplicará:

1) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

2) Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo.

3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero, por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquel fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea en el territorio argentino.

ARTÍCULO 30.- Sustitúyese el artículo 258 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión de un (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta.

ARTÍCULO 31.- Incorpórase como artículo 259 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 259 bis: Respecto de los delitos previstos en este Capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.

ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el artículo 265 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

ARTÍCULO 33.- Sustitúyese el artículo 266 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 266: Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 268 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 268: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

ARTÍCULO 35.- Incorpórase como segundo párrafo al artículo 268 (1) del Código Penal el siguiente texto:

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del lucro obtenido.

ARTÍCULO 36.- Modifícase el primer párrafo del artículo 268 (2) del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño.

ARTÍCULO 37.- Incorpórase como artículo 300 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 300 bis: Cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2) del artículo 300 hubieren sido realizados con el fin de ocultar la comisión de los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis, se impondrá pena de prisión de un (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor falseado en los documentos y actos a los que se refiere el inciso mencionado.

ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el siguiente:

Artículo 33: El juez federal conocerá:

1) En la instrucción de los siguientes delitos:

a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o extranjeros;

b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;

c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados por el Congreso;

d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la Capital;

e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 del Código Penal.

2) En el juzgamiento en instancia única de aquellos delitos señalados en el párrafo anterior que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años.

ARTÍCULO 39.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27401 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

e. 01/12/2017 N° 93803/17 v. 01/12/2017

Fecha de publicación 01/12/2017

Publicado 1 diciembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

ANMAT INFORME Y EVALUACION SANITARIA : CANNABINOIDES Y DOLOR

ETS_cannabis_y_dolor.pdf

Publicado 30 noviembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 1275-E/2017 Asegurar la Preservación, Traslado y Custodia de los Estupefacientes y Precursores Q uímicos secuestrados hasta su efectiva destrucción.

ARTÍCULO 1°.- Déjese sin efecto, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, lo dispuesto por la Resolución Nº 858/2011 del MINISTERIO DE SEGURIDAD, que Aprueba el Protocolo Único para Asegurar la Preservación, Traslado y Custodia de los Estupefacientes y Precursores Químicos secuestrados hasta su efectiva destrucción.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD Y DESTRUCCIÓN DE LOS ESTUPEFACIENTES INCAUTADOS, que como ANEXO I IF-2017-26412634-APN-JGA#MSG forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Apruébese el PROTOCOLO ÚNICO DE ANÁLISIS DE DROGAS, que como ANEXO II IF-2017-26412572-APN-JGA#MSG forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Patricia Bullrich.

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Publicado 30 noviembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Decreto 985/2017 Unidad Especial G20 – Presidencia Argentina 2018. Creación.

CONSIDERANDO:

Que a partir del día 1º de diciembre de 2017 la REPÚBLICA ARGENTINA ejercerá la Presidencia del Grupo de los 20 (G20).

Que la Presidencia del G20 constituye una oportunidad única que permitirá a la REPÚBLICA ARGENTINA establecer las prioridades, y de esta forma proyectar los intereses de la Nación en la agenda internacional de discusión de políticas y acuerdos de nuevas iniciativas.

Que, como resulta de la práctica en el G20, las negociaciones son llevadas a cabo por un representante del Jefe de Gobierno o Sherpa, quien a su vez realiza la coordinación interministerial de la participación de distintos organismos del Estado en los foros y grupos de trabajo que componen la agenda temática del G20.

Que se entiende procedente la creación de la UNIDAD ESPECIAL G20 – PRESIDENCIA ARGENTINA 2018 en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con carácter transitorio y al sólo efecto del mencionado foro.

Que la UNIDAD ESPECIAL G20 – PRESIDENCIA ARGENTINA 2018 quedará disuelta una vez que se cumplimente el cometido de su objeto, no pudiendo exceder el plazo máximo que determine la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han tomado la intervención que les compete.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la UNIDAD ESPECIAL G20 – PRESIDENCIA ARGENTINA 2018, con el objeto de llevar adelante las acciones referidas a la coordinación temática, negociación y estrategia de la Presidencia del G20.

ARTÍCULO 2º.- Serán funciones de la UNIDAD ESPECIAL G20 – PRESIDENCIA ARGENTINA 2018:

1. Coordinar la participación de la REPÚBLICA ARGENTINA en su rol de Presidente del Foro G20 desde el 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, en todos los aspectos relativos al desarrollo de contenidos, definición de prioridades y articulación de la agenda por ejes temáticos.

2. Coordinar y articular la participación de la REPÚBLICA ARGENTINA en los distintos foros y grupos de trabajo que constituyen el Canal de Sherpas del G20, para el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

3. Realizar el seguimiento de las tareas encomendadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en los foros, comités y grupos de trabajo del Canal de Sherpas del G20, para el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros y al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a asignar las funciones inherentes a la unidad creada en el artículo 1º de la presente medida a los funcionarios que estime corresponder.

ARTÍCULO 4º.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a determinar el término de duración de la Unidad Especial que se crea por el artículo 1º del presente decreto.

ARTÍCULO 5º.- La UNIDAD ESPECIAL G20 – PRESIDENCIA ARGENTINA 2018 quedará disuelta una vez cumplidos los objetivos para los que fue creada, no pudiendo exceder el plazo máximo que determine el señor Jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 4º.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Jorge Marcelo Faurie.

Publicado 30 noviembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina

Resolución 898-E/2017 SIMI – Licencias No Automáticas – Modificaciones

Resolución 898-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2017

VISTO el Expediente EX-2017-28445364- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.425 aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).

Que entre los Acuerdos que contiene el Anexo 1 A del Acuerdo de Marrakech se encuentra el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de las Licencias de Importación.

Que, en tal sentido, en los casos que se consideren debidamente justificados, la gestión de las solicitudes de destinación de importación definitiva para consumo puede quedar sometida a la tramitación anticipada de Licencias Previas de Importación de carácter Automático y/o No Automático.

Que mediante la Resolución Nº 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se estableció, para las mercaderías comprendidas en la totalidad de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con destinación de importación definitiva para consumo, la obligación de tramitar Licencias Automáticas de Importación, salvo aquellas posiciones arancelarias de dicha Nomenclatura determinadas en la citada norma, que deberán tramitar Licencias No Automáticas de Importación.

Que, deviene necesario, actualizar el universo de bienes sometidos a la tramitación de Licencias No Automáticas de Importación, con la finalidad de dar mayor precisión al análisis estadístico de los flujos comerciales.

Que, en tal sentido, resulta conveniente eliminar en el Punto 1) de determinados Anexos de la Resolución N° 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, un conjunto determinado de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), que quedará sometido a la tramitación de Licencias Automáticas de Importación.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en función de lo dispuesto por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y por el Artículo 14 de la Resolución N° 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Elimínanse del Punto 1) de los Anexos III, XI y XIV de la Resolución Nº 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se detallan en el Anexo, que como IF-2017-28569446-APN-DNFCE#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Miguel Braun.

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Publicado 30 noviembre, 2017 por Faba Expres - Argentina - en Argentina