Varios Juridicos


Admitida la repetición por parte de la Aduana de lo pagado indebidamente por la actora en concepto de arancel externo común adicional transitorio, que fuera a abonado en pesos, convirtiendo el importe en dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, la devolución de dicha suma debe hacerse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago.

A fs. 86/88, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala V) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto había revocado la resolución 256/11 del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires -ASAT- de la Dirección General de Aduana – Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, la “Aduana”) y condenado al Estado Nacional a pagar a Cencosud S.A. la suma de mil seiscientos treinta y dos dólares estadounidenses con diecisiete centavos (U$S 1.632,17) convertidos a pesos al tipo de cambio vigente del día anterior a la fecha de su efectiva cancelación; ello en virtud de que dicho monto había sido indebidamente percibido por la Aduana en concepto de arancel externo común adicional transitorio.
En lo referido a la conversión a pesos de la suma adeudada, tuvo en cuenta que el art. 20 de la Ley 23905 prevé que los tributos que gravan las importaciones debían ser “determinados” en dólares estadounidenses, y que el pago podía ser efectuado en moneda nacional, al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha en que se realice.
Con base en tal norma, el a quo estimó razonable que el Fisco restituya al importador la cantidad de dólares estadounidenses que había percibido indebidamente en los mismos términos (conf. art. cit.) en los que se había exigido a la empresa importadora.
Asimismo, ratificó lo decidido por ese organismo jurisdiccional en lo atinente a los intereses, los que debian devengarse desde el día en que la actora presentó el pedido de repetición hasta la fecha de su desembolso, según las pautas previstas en el art. 811 del Código Aduanero.
-II –
Disconforme con lo resuelto, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 94/104, concedido a fs. 116/117.
Sostiene que, si bien las operaciones de comercio exterior se realizan sobre la base de la moneda norteamericana, la actora abonó en pesos los derechos de importación aquí reclamados y, por lo tanto, debe devolverse idéntica suma y moneda, con más los accesorios que correspondan. Pone énfasis en que la Cámara ha violado el principio de legalidad al aplicar -analógicamente- las normas previstas para el cobro de los tributos aduaneros (art. 20 de la Ley 23905) a un reclamo de repetición de importes indebidamente percibidos por la Aduana.
Por su parte, manifiesta que este último supuesto se encuentra expresamente regulado por los arts. 809 del Código Aduanero, 619 del Código Civil y cc.
– III –
Considero que el recurso extraordinario deducido es formalmente procedente, pues se ha cuestionado la interpretación otorgada por el superior tribunal de la causa a normas federales (resolución ASAT 256/11, ley 23.905 y Código Aduanero) y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente funda en ella (art. 14, inc. 3, Ley 48).
No es ocioso recordar que, en la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado y del recurrente, sino que le incumbe realizar “una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16 de la ley citada) según la interpretación que ella rectamente le otorga” (Fallos: 307:1457).
– IV –
Tengo para mí que, en esta instancia, se halla fuera de debate que: (i) la Aduana ha percibido los derechos de importación abonados por la actora en demasía, y, por lo tanto, es procedente su restitución (con los alcances dispuestos por el Tribunal Fiscal de la Nación en su pronunciamiento de fs. 30/36); y (ii) que a la suma a devolver corresponde añadirle intereses, de conformidad con lo previsto en el art. 811 del Código Aduanero. Sin embargo, lo que sí se discute es la forma de liquidación del monto aludido en el punto (i).
En particular, la recurrente esgrime que debe restituir únicamente los importes en pesos que ha percibido efectivamente de la actora (es decir, según la conversión efectuada al tipo de cambio vigente a la fecha en que se pagó el tributo); y no entregar la cantidad de moneda nacional equivalente a los derechos de importación oportunamente liquidados en dólares estadounidenses, aplicando ahora el tipo de cambio del día anterior a la fecha en que se efectúe la devolución, tal como sentenció el tribunal apelado.
Adelanto que asiste la razón a la recurrente en este aspecto, toda vez que, en mi opinión, no resulta aplicable a los supuestos de restitución de sumas indebidamente percibidas por parte de la Aduana lo establecido en el art. 20 de la Ley 23905.
Dicha disposición estableció que los derechos de importación y de exportación,, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, se “determinarán en dólares estadounidenses”. y agregó que el pago puede efectuarse -entre otras opciones allí contempladas- en dólares estadounidenses o en moneda nacional, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al dia anterior al del efectivo pago”.
Es ínconcusa pauta hermenéutica de esa Corte que la primera fuente de exégesis de las leyes es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso, puesto que lo contrario importaria prescindir de su texto (conf. doctrina de Fallos: 320:2145).
Con la certera guía que brinda dicha doctrina, entiendo que el precepto bajo estudio regula, por una parte, la moneda en que se “determinarán”” los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y, por la otra, los instrumentos que pueden emplearse para su “cancelación” (pesos, dólares estadounidenses o bonos de crédito).
Sin embargo, es evidente para mí que ella no se refiere a la forma en que se “determinarán” los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplear para su “cancelación”.
En conclusión, entiendo que extender la regulación prevista respecto del contribuyente en el art. 20 de la Ley 23905 a la situación en la que la Aduana debe restituir los importes ingresados en exceso, deviene en una ampliación del ámbito de aplicación de la norma más allá de la letra de la ley, lo cual implicaría sustituir al legislador en su tarea, aspecto vedado a los tribunales (Fallos: 273:418), quienes no pueden juzgar el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron (Fallos: 277:25; 300:700).
– V –
Por lo expuesto, opino que. debe revocarse la sentencia de fs. 86/88, en cuanto fue materia de recurso extraordinario.
LAURA M. MONTI.

Vistos los autos: “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA”.
Considerando:
1) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal d~ la Nación que, al revocar la resolución 256/11 del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires (AD ASAT) de la Dirección General de Aduanas, admitió la repetición de lo abonado indebidamente por la actora en concepto de arancel externo común adicional transitorio, establecido en la decisión 6/01 del Consejo del Mercado Común y en el Decreto 690/02 y condenó al Estado Nacional que abonara a la actora la suma de U$S 1.632,17, convertida en moneda nacional al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de su efectiva cancelación, con los intereses previstos en el art. 811 del Código Aduanero (conf. fs. 30/36 y 86/88 vta.).
2) Que para pronunciarse en el sentido indicado, el a quo desestimó los agravios del organismo aduanero relativos al modo en que el Tribunal Fiscal dispuso que se determinaría el monto de la repetición. Al respecto, la sala tuvo en cuenta que el art. 20 de la Ley 23905 establece que los tributos que gravan las importaciones deben ser determinados en dólares estadounidenses y que el pago podía ser efectuado en moneda nacional al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha en que se realice. Sobre el particular señaló que en el caso de autos, los tributos habían sido “determinados en dólares pero pagados en pesos” (conf. fs. 87 vta.). Sobre esa base, juzgó “razonable que el Fisco restituya la cantidad indebidamente percibida en los mismos términos en los que le fueron exigidos al deudor de los tributos pagados en exceso” (conf. fs. 88).
3) Que contra esa sentencia, la Dirección General de Aduanas interpuso recurso extraordinario que fue concedido a fs. 117. El recurrente sostiene, en síntesis, que la devolución debe concretarse en la misma moneda en que se canceló la obligación tributaria y que, la actora abonó los tributos en pesos, por lo que resulta improcedente la devolución en los términos dispuestos por el a quo. Aduce que no resulta aplicable el art. 20 de la Ley 23905 para el cálculo del monto de la repetición toda vez que dicha norma solo regula el modo en el que se determinan los valores que conforman la base imponible de los derechos y demás tributos, respecto de los cuales se explica la referencia a la moneda norteamericana pues es la utilizada en las operaciones de comercio exterior.
4) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente en razón de encontrarse en discusión la inteligencia de normas de carácter federal, como lo son las del Código Aduanero y la Ley 23905 (art. 14, inc. 3, de la Ley 48).
5) Que el art. 20 de la Ley 23905 estableció que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, se determinarían en dólares estadounidenses. Y agregó que el pago podía efectuarse -entre otras opciones allí contempladas- en dólares estadounidenses o en moneda nacional. En este último supuesto, según lo disponía la norma citada, la equivalencia se determinaría “conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”.
6) Que la mencionada disposición no tiene el alcance que le asignó el a quo. En efecto, surge claramente de su texto que ella regula, por una parte, la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y, por la otra, los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación. Sin embargo, como adecuadamente lo señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación.
7) Que, sentado lo que antecede, cabe poner de relieve que en el caso de autos (confr. fs. 93/112 del expediente administrativo 13289-17409-2008 y lo señalado por la cámara a fs. 87 vta.), los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 23905. En consecuencia, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. “Editorial Perfil S.A.”, sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del Decreto 214/02.
8) Que, a mayor abundamiento, el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente- establece expresamente que la Aduana “devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Con costas. Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto en la presente.
ENRIQUE S. PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

publicado 13 junio, 2014 por Faba Expres - Argentina -